Tendrán representación durante la discusión de las reformas del posconflicto; y curules para Senado y Cámara en 2018 y 2022.
- Los guerrilleros tienen curules aseguradas para las próximas dos elecciones legislativas. Foto: Captura de video
Arrancó la cuenta regresiva para que las Farc dejen de ser una organización en armas y se conviertan en partido político. Es una de las consecuencias naturales de la negociación que se cerró este 24 de agosto y que dejó sentadas las condiciones para que la guerrilla, una vez desarmada, entre a participar en la contienda electoral.
En lo que resta de este periodo legislativo, las Farc tendrán curules en el Congreso, con voz, pero sin voto. Sus opiniones serán tenidas en cuenta, solamente, durante el trámite de las reformas y las nuevas leyes que se requieren para dar cumplimiento a lo que se pactó en La Habana. Las personas que ocupen esos lugares no podrán tener condenas encima o sanciones disciplinarias, ni encontrarse en armas.
El nuevo partido que surja de la guerrilla se conformará una vez termine el proceso de dejación de armas y deberá cumplir los requisitos de ley, tales como definición de estatutos y plataforma política. Sin embargo, a diferencia de otros movimientos, no tendrá que haber superado el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes para garantizar su existencia. Es decir, no deberá pasar el umbral.
En 2018 y 2022, cuando se realizarán las próximas elecciones al Congreso, entrarán a regir las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, que se acordaron como medidas de “reparación y construcción de paz”. Las Circunscripciones operarán en zonas afectadas por la guerra y la débil presencia institucional, en las que se elegirán un número determinado de representantes a la Cámara.
Los candidatos que participen en las Circunscripciones podrán inscribirse con el respaldo de grupos de ciudadanos o de organizaciones campesinas, de víctimas y de mujeres, pero no a nombre de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. El nuevo partido que crearán las Farc competirá en esos escenarios, aunque desde ya tiene asegurados, como mínimo, cinco cupos en cada cámara (Senado y Cámara de Representantes).
En esos territorios, las campañas tendrán financiación especial y acceso a medios regionales, y estarán condicionadas a que los candidatos vivan en los departamentos que pretendan representar o hayan sido desplazados y estén en proceso de retorno.
Garantizar la participación de las Farc en el juego político no será fácil. Con el fin de remover la mayor cantidad posible de obstáculos, la guerrilla y el Gobierno acordaron una serie de mecanismos para que los futuros excombatientes puedan competir en condiciones seguras y equitativas.
El nuevo escenario
Buscando garantizar la vida de los excombatientes y otros actores, el Gobierno y las Farc pactaron crear el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que deberá proteger a la oposición. El Gobierno se comprometió a desarticular cualquier fuente de violencia contra quienes ejercen la política; castigar a quienes atenten contra opositores, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, y tomar “todas las medidas necesarias” para que no resurjan grupos paramilitares.
Las Farc también tendrán acceso a un nuevo canal de televisión cerrada, que se destinará para que los partidos y movimientos divulguen sus plataformas. Además, habrá límites al uso de recursos públicos para pagar pauta oficial, bajo la idea de que la publicidad del gobierno no puede ser utilizada “con fines electorales, partidistas, de promoción personal o de proyectos políticos”.
Las partes también decidieron crear tribunales para contrarrestar los riesgos de fraude electoral, además de fortalecer la capacidad de investigación y de sanción de delitos electorales e impedir la infiltración de criminales en la política.
Para incentivar la participación electoral, habrá una campaña nacional de cedulación en barrios pobres de las ciudades y en el campo. Los campesinos, los desplazados y las víctimas serán objeto de diagnósticos que permitan superar los obstáculos que enfrentan para votar.
Según el acuerdo, los nuevos actores de la política actuarán en un escenario de promoción de la reconciliación. Para ello se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, cuyas labores serán promover la tolerancia, el respeto por la diferencia y la creación de la cátedra para la paz. Esta medida busca frenar la estigmatización contra los defensores de derechos humanos y las organizaciones sociales y políticas.
Finalmente, para que funcionarios corruptos no dilapiden la plata de la implementación, se acordó crear y promover veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia para que hagan control y atiendan las denuncias al respecto.
Después de realizado el plebiscito, el Gobierno y las Farc convocarán a los partidos y movimientos políticos para diseñar un acuerdo político nacional que permita definir las reformas institucionales para la implementación de los acuerdos y nuevas reglas de convivencia política.
