Más de diez mil indígenas construyen una política pública departamental para exigir sus derechos y mejorar su calidad de vida.
Después de más de 30 años de guerra, la calidad de vida y la situación de derechos humanos de los indígenas del Caquetá sigue siendo preocupante. El desplazamiento forzado, el precario servicio de salud, el poco respeto por las tradiciones y los límites al desarrollo de una educación propia han hecho que la Corte Constitucional declare a los pueblos indígenas del departamento en peligro de extinción física y cultural.
Más de 10 mil Coreguajes, Uitotos, Embera-Katíos, Andokes, Ingas, Nasas y Carijonas apenas alcanzan a ser el 1% del total de habitantes del Caquetá. En cambio, la población colona, proveniente de Tolima, Huila, Nariño, el Viejo Caldas y Los Llanos Orientales, representa el 80% de los caqueteños.
Esta diferencia ha afectado el control que los indígenas ejercen sobre sus territorios y sus tradiciones. La explotación cauchera, en la mitad del siglo XIX, acabó con varias etnias y abrió el comienzo de la colonización de una selva espesa olvidada por el Gobierno durante años. Desde la década de los 80, la presencia de la guerrilla y el narcotráfico convirtió a la población indígena en víctima de la violencia.
“Las comunidades hacemos lo posible por mantener nuestra cultura en medio de las ciudades, pero no se puede negar que estas formas de vivir afectan la organización administrativa de la población y la preservación de las tradiciones. Muchos se avergüenzan de lo que son y olvidan que debemos construir una voz para mantenernos como pueblo”, asegura Dixón Andoque, indígena uitoto perteneciente a la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Cerca de 4 mil indígenas viven en áreas urbanas del Caquetá sin la garantía del derecho al territorio, que sí beneficia a los habitantes de los resguardos; sin embargo, estos son escasos y muy pequeños. El problema ha ocasionado el desplazamiento de más del 30% de la población, que busca refugio en las ciudades o se desplaza al interior del país.
Casas con techos de lata y calles empedradas y llenas de basuras han reemplazado sus malocas, centros de crecimiento espiritual y de protección de las tradiciones. “La situación es preocupante, porque se nos ha ignorado cuando reclamamos un espacio para abogar por nuestros derechos. No se nos ha tenido en cuenta ni jurídicamente ni administrativamente”, cuenta Luis Carlos Ulcué, indígena nasa y actual coordinador del Concejo Departamental Indígena del Caquetá (CODIC).
¿Qué hacer?
Desde 2012, la Gobernación del Caquetá ha desarrollado diferentes estrategias para integrar a la población indígena en la toma de decisiones, en aras de mejorar su calidad de vida. Según cuenta el actual secretario de Gobierno, Hugo Alejandro Rincón, el principal reto ha sido agrupar a todas las comunidades para establecer un diálogo.
“Cuando los indígenas tuvieron una voz frente al Estado, decidieron fortalecer la unidad organizativa de todas las poblaciones en el departamento. De esta manera, buscaron visibilizar su situación para atraer soluciones más efectivas”, explica Rincón. Estas reuniones también han permitido que los indígenas aporten a la construcción del plan de desarrollo departamental.
Junto a Amazon Conservation Team Colombia (ACT), los líderes indígenas del departamento y la Gobernación iniciaron en 2013 un proyecto para fortalecer y articular las comunidades. Uno de los espacios que se creó fue el Concejo Departamental Indígena del Caquetá (CODIC), que permitió que siete indígenas, en representación de cada comunidad, discutieran y propusieran soluciones desde sus propias experiencias.
“Esta iniciativa buscaba que nosotros mismos nos capacitáramos en agricultura, en materia de salud, procesos administrativos, entre otras cosas, y ejerciéramos liderazgo a nivel departamental para unirnos como un solo pueblo”, afirma Manuel Jesús Tombé, gobernador indígena de El Danubio, caserío cercano a Florencia, y representante en el CODIC.
Voz y voto para los indígenas
Después de dos años de trabajo, los pueblos indígenas caqueteños le dieron vida a un espacio para que los derechos de las comunidades se hicieran efectivos a través de la aprobación de una Política Pública Indígena; un escenario novedoso para discutir qué necesitan y qué trabajo llevarán a cabo para suplir esas necesidades.
La Política se firmó a finales de noviembre pasado, con el apoyo técnico de ACT, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. Según cuenta Carolina Gil, directora de ACT, el proyecto consta de tres enfoques: autodiagnósticos de las comunidades, escuelas de liderazgo y profundización sobre la experiencia de cada población.
Desde 2012, el Centro de Investigaciones Amazónicas de la Universidad de la Amazonía, junto ACT, les ofreció a 14 de los indígenas que participaron en los autodiagnósticos un diplomado sobre producción agropecuaria y socialización de prácticas culturales.
El curso finalizó el pasado 27 de noviembre. “Con este título, estaremos capacitados para enseñarles a las nuevas generaciones cómo cuidar la naturaleza y respetar nuestra cultura”, dijo Arnold Medina, indígena coreguaje del municipio de Solano, graduado del diplomado.
Por otro lado, las escuelas de liderazgo y las profundizaciones buscan crear los lineamientos para definir la política; es decir, ponerse de acuerdo sobre qué van a dialogar y cuáles son sus prioridades, según explica Ninfa Herrera, perteneciente a la comunidad Uitoto.
Derechos humanos, territorio y medio ambiente, salud y medicina tradicional, educación y soberanía alimentaria, serán los puntos clave de la Política.
Un camino hacia la paz
“La Política Integral Indígena nos va a unir más porque es un derecho que nosotros los pueblos nos hemos ganado, y le va a permitir al Gobierno entender cómo nos debe acompañar, a partir de nuestras particularidades y diferencias”, asegura Flora Macas, perteneciente al pueblo Inga y al resguardo indígena Yurayaco, quien hace parte de la coordinación de educación de los pueblos indígenas del Caquetá.
La próxima administración departamental también se ha comprometido a hacer efectivo este espacio de discusión y solución.
“La implementación de ésta Política beneficiará a más de 10 mil indígenas residentes en 49 resguardos y más de 90 asentamientos. Cuenta con más de 140 lineamientos y 18 artículos con argumentos sólidos para hacerla realidad”, cuenta Gil, que ha asesorado a los pueblos indígenas.
Ante los retos que deja esta iniciativa en el Caquetá, que le aporta a la paz y la reconciliación, surgen muchas preguntas sobre cómo las demás comunidades indígenas del país podrían presionar la construcción de políticas públicas departamentales.
Según Ulcué, coordinador del CODIC, “para nosotros es un reto muy grande, porque comenzamos desde lo local hasta lo nacional. En la medida en que podamos, iremos avanzando y cumpliendo cada tarea que nos propongamos. La Política Pública es esa oportunidad que necesitábamos para hacernos sentir y decir que también queremos poner nuestro granito en la construcción de un mejor país”.
