Ralito vs. La Habana

Este miércoles el congresista y copresidente de la Comisión de Paz, Hernán Penagos, propuso aplicar la ley de Justicia y Paz a los guerrilleros de las Farc. La propuesta es atractiva pero, a la hora de hacer un balance preliminar, Ralito tiene mucho que envidiarle a La Habana.

Columnista de opinión: Ana Cristancho

Ralito tiene mucho que envidiarle a La Habana porque durante las negociaciones con los paramilitares corrieron más ríos de sangre que de indignación. No obstante, el Estado aprendió muchas lecciones, que no está repitiendo. Precisamente porque este proceso de paz que vivimos –a veces sufrimos- tiene un mejor diseño, tenemos la posibilidad de criticarlo y, si queremos, gritar que lo acaben. Incluso, la indignación que causa la muerte de 11 soldados es producto del mismo diseño, porque del horrendo episodio del Cauca solo es nuevo el dolor que produce. Me explico.

Primero, en La Habana hay una negociación que todos podemos seguir desde nuestra casa a través de los diferentes medios de comunicación, que replican los distintos comunicados de las partes. Sabemos quiénes van, quiénes salen; quiénes son los negociadores; sabemos a qué van los expertos; militares; miembros de otros grupos armados; que aterrizan víctimas a reivindicar y a reclamar; podemos, incluso, sugerir o solicitar, si así lo queremos, en las diferentes mesas dispuestas para incluir a todo el esté interesado en aportar. Esta mesa, a veces a su pesar, está abierta a todos.

Hace más de una década solo sabíamos que había una comisión episcopal. No sabíamos, por ejemplo, que asistían grupos de políticos, que terminarían masivamente en la cárcel o que no habría ningún lugar para las víctimas. En ese tiempo solo existían desplazados que eran definidos por miembros del Gobierno (hoy senadores) como migrantes “internos” que, en sus fantasías, paseaban por el país para ahogarse en los cordones de miseria que engordaban las ciudades. Para entonces, en este país ni siquiera había un “conflicto armado”.

Segundo, entre 2003 y 2005, los paramilitares decretaron un cese unilateral que no conocimos porque mientras estaban sentados en la mesa de negociación perpetraron 133 masacres y 2807 asesinatos selectivos de civiles, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. En el mismo periodo murieron en promedio 800 soldados anuales, según el Ministerio de Defensa. En cambio, durante el proceso de paz de La Habana, no ha habido un cese unilateral sino tres decretados por periodos. Pese a ello, las cifras de violencia contra los civiles y los soldados muertos es mucho más baja que las de la negociación anterior. Entre 2012 y 2015 han sido asesinados 149 civiles, no ha habido masacres y han muerto menos de 400 soldados en promedio al año, como también registró el Ministerio de Defensa.

Tercero, a diferencia de las negociaciones con los paramilitares en Ralito, hoy sí hay una agenda. Queriéndolo o no, todos nos hemos topado con sus puntos en un café, en un taxi o el domingo después del almuerzo. Que si cárcel o no; si reforma agraria, reservas campesinas o restitución; participación política o veto; que qué hacemos con las víctimas para que no se repita el dolor. Esas discusiones y los desacuerdos las tenemos precisamente porque sabemos qué hay sobre la mesa en La Habana. Todo lo que han acordado ha sido público.

Mientras se negociaba en Ralito, en cambio, no sabíamos –o ignorábamos- que toda la negociación con los paramilitares giraba en torno a ellos. Es decir, si iban a tener cárcel, entregarían sus fortunas y sus tierras y cuál iba a ser el destino del los excombatientes.

Cuarto, el acuerdo de La Habana está en manos de todos los colombianos pues nos propusieron refrendarlo en las urnas. El proceso se realiza de cara al país porque la decisión de los colombianos requiere de herramientas, información y criterios para elegir si aceptamos o no el acuerdo.

En cambio, durante la negociación de Ralito, nadie nos dio esa posibilidad. El acuerdo con los paramilitares se hizo a través de una ley en el Congreso. Ley que hicieron muchos de los elegidos por los paramilitares en sus regiones a través de la coacción de los votantes. Sí, muchos de los “autores” de la ley de Justicia y Paz llegaron a sus curules con capitales ilegítimos que costaron vidas y miedo.

La indignación sobre el proceso así como el diseño del mismo merece un aplauso precisamente porque permite que la gente participe de lo que está en juego. Si bien no podemos pedirle paz a la guerra, sí podemos exigir absoluta transparencia a la negociación. Eso nos lo han dado. La conexión furiosa de los colombianos con el proceso de paz radica en que lo estamos viviendo de cerca así esté pasando en una isla del Caribe.