Le hicimos esa pregunta a la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, quien conoció pormenores de la discusión con las Farc sobre este punto. Esto nos respondió.
Columnista: Paula Gaviria*
Durante años las víctimas permanecieron invisibles ante una sociedad que ha venido despertando a la necesidad impostergable de repararlas. La Ley de Víctimas, aprobada en 2011, proporcionó ese reconocimiento y un marco de acción nunca visto en el país, para convertirse en uno de los pilares de la protección y satisfacción de los derechos de las víctimas. Ahora, estoy convencida, esa ley se verá fortalecida con la culminación, en unos meses, de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP.
¿Qué gana el país con la firma del acuerdo de víctimas dado a conocer este 15 de diciembre, respecto de lo conquistado con la Ley de Víctimas?
En primer lugar, el país ahora cuenta con el compromiso de reparación no sólo del Estado, sino también de las FARC-EP, así como de aquellos que intervinieron de forma directa o indirecta en el conflicto armado. Esta contribución se basará en el reconocimiento de responsabilidades sobre los hechos y los daños causados, y se traducirá en acciones específicas de reparación simbólica y material. Qué pertinente que los que alguna vez victimizaron a las comunidades ahora contribuyan a su reparación y que podamos al fin aunar esfuerzos para brindar una mejor y más pronta respuesta en la satisfacción de los derechos de las víctimas.
En segundo lugar, ganamos el gesto del reconocimiento de responsabilidad, no como una imposición judicial, sino como una declaración voluntaria y unilateral de los responsables. Esta es una medida simbólica que contribuye a enaltecer la memoria de las víctimas y a esclarecer la violencia ocurrida, contribuyendo a la verdad y quitando el velo de estigmatización que a menudo el actor armado y la sociedad en general impusieron sobre las víctimas. Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP han acordado que se realizarán encuentros para el reconocimiento de responsabilidad, sin que para ello sea necesario una orden judicial, en diferentes lugares del país, con la participación activa de las comunidades, de manera similar a como ocurrió en Bojayá días atrás. Dichos reconocimientos, además, serán fundamentales a la hora de determinar las sanciones que se impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz.
En tercer lugar, se fortalece la reparación colectiva implementada en el marco de la Ley de Víctimas, con enfoque territorial y articulándola con los acuerdos de reforma rural integral y, particularmente, con los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET). Desde la Unidad para las Víctimas trabajamos con 303 grupos, organizaciones y comunidades. De ellos, el 40% de los sujetos de reparación colectiva son comunidades campesinas y el 50% corresponden a diferentes comunidades étnicas. La inmensa mayoría de sujetos han sido colectivos históricamente discriminados y marginados.
La reconfiguración del campo, con procesos de reparación colectiva, con el retorno o reubicación de quienes lo deseen, se verá fortalecido a través de las estrategias psicosociales de rehabilitación comunitaria que permitan reconstruir el tejido social, como se ha venido haciendo a través del programa ‘Entrelazando’, que funciona en más de 100 comunidades afectadas por la guerra y que se ha convertido en un elemento indispensable para sanar las heridas de la guerra.
En cuarto lugar, a través del mapa de victimización, se podrá ampliar el reconocimiento a víctimas que no están incluidas inicialmente en la definición que hace la misma ley, como es el caso de las personas que han sido combatientes pero que también han sufrido afectaciones injustificables como violencia sexual, desaparición forzada, tortura, homicidio fuera de combate, entre otros graves hechos.
En quinto lugar, el acuerdo afianza el compromiso de atender, reparar y promover el retorno de miles de víctimas que se encuentran en el exterior. El país les abre las puertas para que se vuelvan a sentir ciudadanos y ciudadanas de Colombia. No obstante, somos conscientes de las altas expectativas que deberemos gestionar en este aspecto una vez Colombia inicie su tránsito hacia la paz.
Otro campo que se fortalece es el de la participación de las víctimas. En cumplimiento de la Ley de Víctimas, éstas han hecho un enorme esfuerzo por fortalecer su incidencia en la política pública a través de la conformación de 1.080 mesas de participación los municipios del país, así como lo han hecho las víctimas miembros de los comités de impulso de los procesos de reparación colectiva. Estas mesas y sus liderazgos deben verse fortalecidos y reconocidos en su esfuerzo, sin perjuicio de que se puedan ampliar con otras voces que quieran sumarse a estos espacios de interlocución política.
Un reto grande que tendremos será el de la adecuada articulación con los mecanismos de carácter judicial y extrajudicial incluidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo que nos lleva a reflexionar sobre las transformaciones que se darán en los territorios que se han visto golpeados por la violencia. Este acuerdo nos brinda una gran oportunidad para reconocer una vez más los impactos del conflicto, seguir reparándolos en la medida de lo posible, cicatrizar heridas y contribuir a que nunca más se repitan hechos tan terribles.
Colombia ha vivido uno de los peores conflictos recientes del continente, pero es a la vez el país del mundo que más víctimas ha reparado, superando ya las 580.000. Esto se ha logrado con la voluntad del Estado y a ese propósito se están sumando más actores. Invito a toda la sociedad, independientemente de su rol, a imaginarse cuál será su papel en el tránsito hacia esa anhelada paz. Les invito a que, entre todos, generemos las condiciones necesarias para que este conflicto no deje una sola víctima más.
*Paula Gaviria Betancur es directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
