Durante las movilizaciones, cinco estudiantes resultaron heridos por la explosión de un artefacto desconocido dentro de la Universidad Pedagógica
—No hay ninguna relación entre una protesta y otra, simplemente hay algunos que ven en esto oportunidad para generar desorden en estas épocas electorales —dijo en horas de la tarde del miércoles el Alcalde Peñalosa (al mismo que estudiantes de la Universidad Pedagógica se enfrentaban con agentes del Esmad).
¿Qué ha pasado en los últimos días?
El martes, estudiantes de la Universidad Distrital se movilizaron exigiendo la renuncia de su rector, Ricardo García, quien fue acusado de ser parte de un entramado de corrupción al interior de la Universidad. García fue denunciado por Wilman Muñoz, quien está siendo investigado por usar recursos de la Universidad en gastos personales.
Ese mismo martes, los estudiantes de la Javeriana decidieron apoyar a sus compañeros de la Distrital y salir a protestar sobre la carrera Séptima en señal de apoyo.
La respuesta de la Esmad fue la represión violenta de los estudiantes de la Distrital. Además, el Esmad entró al campus de la Javeriana y disparó aturdidoras dentro del campus universitario y gases asfixiantes frente al Hospital San Ignacio.
El miércoles, la historia se repitió. Los estudiantes de la Javeriana convocaron una protesta pacífica y silenciosa para reprochar el actuar violento de las fuerzas policiales. El Esmad volvió y volvió a lanzar aturdidoras y gases nuevamente al interior de la Javeriana y de la Distrital.
Al mismo tiempo, más al norte de la ciudad, los estudiantes de la Universidad Pedagógica decidieron sumarse a las movilizaciones y todo terminó en una batalla campal entre encapuchados y el Esmad.
Más allá de los hechos recientes, hay una serie de factores —históricos, legales, culturales, institucionales— que hay que tener en cuenta a la hora de enfocarse en estos hechos. Veamos:
Protesta estigmatizada
El discurso oficial alrededor de la protesta social ha estado envuelto en una serie de discursos y actos, que desde los gobiernos locales hasta el gobierno central, ha intentado criminalizar y deslegitimar el derecho constitucional a movilizarse y a protestar con actos simbólicos que incluyen tomarse vías y hacer paros de actividades. Así ocurrió, por ejemplo, ayer cuando el alcalde aseguró que no había “ninguna justificación” a protestar por un caso de corrupción.
Los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior (IES), quienes han consolidado un movimiento estudiantil constante, y articulado a las luchas de los profesores y de las bases obreras de la ciudad, han sido objeto de discriminación y estigmatización por parte de los gobiernos, de los medios de comunicación, e incluso de algunos sectores de la sociedad civil.
La FM, por ejemplo, en una nota sobre las protestas del miércoles escribió una nota que decía que el Esmad intentó disuadir las movilizaciones de forma pacífica. Esto es falso. Fueron los agentes del Esmad quienes provocaron a los manifestantes y entraron ellos con violencia, con gases y aturdidoras al campus de la Javeriana.
Según los resultados de una encuesta hecha por el Barómetro de las Américas en el 2014, la más reciente existente, que buscaba medir el nivel de aprobación de la protesta social en general, sólo el 18% de los encuestados en Colombia aprobaba la protesta, y el 7% la desaprobaba. En Estado Unidos, esta misma encuesta resultó con un 48% de aprobación de los encuestados y 1% en desacuerdo. Entonces ¿a los colombianos no nos gusta tanto la democracia?
¿Por qué la sociedad colombiana rechaza su derecho a la protesta como mecanismo democrático para la exigencia de derechos y garantías?
Protesta y democracia
El movimiento estudiantil tiene un historial muy largo de victimización, que desde décadas atrás, incluso anteriores al gran movimiento estudiantil de 1971, ha tenido que sufrir y resistir ante detenciones ilegales, desaparición forzada, abuso policial e incluso homicidio. Esas dinámicas represivas, muy vinculadas a nuestro conflicto armado y la forma como el Estado ha tratado los movimientos sociales en la ciudad y el campo, ha conllevado a una radicalización de parte de los sectores sociales que han vivido la represión y el abuso. Hechos que figuran en miles de demandas contra el Estado, reportes de prensa sobre estos actos, y que se han vuelto una constante.
Según Sebastián Lalinde, investigador de Dejusticia y experto en el tema, luego de la constitución del 91, la protesta social tuvo una apertura muy grande debido a las luchas que los nuevos recursos legales, como la tutela, trajeron a la democracia colombiana. Por ejemplo, desde 1995 hasta 1999, la cantidad de protestas sociales en el país aumentó de 250 movilizaciones aproximadamente a más de 600. Y, desde ese momento, se llegó a registrar 1000 movilizaciones en el 2007 y 2013.
Como asegura el investigador “el derecho a la protesta es central en una democracia robusta y respetuosa del pluralismo, pues por medio de su ejercicio se expresan el disenso y la crítica al poder, se exigen derechos, se hacen reclamos, se manifiestan inconformidades y simpatías y se defienden diferentes posiciones políticas, filosóficas e ideológicas”.
El derecho a la protesta está consagrado claramente en el artículo 37 de la Constitución. Y está amparado por otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho a participar en el control del poder político. Lo anterior, son argumentos conocidos. Sin embargo, algunos no tan amigos de la protesta (pero supuestamente sí de la democracia) argumentan que existen otros mecanismos de expresión y participación que debieran usarse antes de protestar. Lo que pasa, es que olvidan, como dice el constitucionalista Rodrigo Uprimny, que la protesta es una forma de democratizar la opinión, y visibilizar las voces de los sectores a quienes se les han vulnerado precisamente sus derechos a acceder a esos mecanismos legales. Un ejemplo, las protestas por el mal servicio de salud…
Es evidente que la protesta es un mecanismo legítimo dentro de un Estado que se dice democrático. Entonces, ¿por qué la fuerza pública arremete contra la protesta y además irrumpe dentro de un campus universitario?
Entre la protesta y el delito
El código de policía y el código penal, contemplan una serie de regulaciones contra la protesta social, que ponen en riesgo el desarrollo de lo que es un derecho constitucional. Según el código penal, se consideran delito, específicamente tres hechos que suelen estar muy ligados al acto de protesta: La asonada (quienes violentamente exijan a la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones (16-36 meses de prisión); perturbación de transporte público u oficial (4-8 años de prisión); y obstrucción de vías públicas (24-48 meses de prisión).
Lo cierto es que en el 2011 dos de estos delitos fueron demandados ante la Corte Constitucional por atentar contra el derecho a la protesta. Por ejemplo, en el caso de la asonada, decía la Corte, había un riesgo de interpretación ambigua, pues la autoridad podría interpretar la gritería y el desorden como un acto violento.
En el caso del bloqueo al transporte público, según Uprimmy, este delito no cumple los requisitos del derecho penal liberal, pues puede dar lugar a la criminalización de actos que son propios de la protesta social. La protesta es incómoda por naturaleza y eso es lo que pretende: visibilizar unas problemáticas sociales y plantear exigencias específicas. Una protesta que no irrumpa en la cotidianidad, y la altere, pierde el sentido como protesta.
La Corte Constitucional hizo también algunas salvedades. Aunque dijo que los manifestantes deberían dar a viso a la sociedad de que van a protestar o a bloquear vías, ese aviso no debía entenderse como un “permiso” que los protestantes tuvieran que pedir a las autoridades competentes, sea gobierno o distrito. También, en el caso de bloquear el transporte público, la Corte cree que para que sea considerado delito, los manifestantes tendrían que bloquear por completo la circulación del transporte en la ciudad e imposibilitar completamente la movilidad de los ciudadanos.
Pero entonces, conociendo estos parámetros legales, ¿por qué el Esmad ingresó a la Javeriana y violentó a los estudiantes, obligándolos a retirarse de la vía pública, cuando estaban ejerciendo su derecho de una forma pacífica? ¿Por qué el Esmad irrumpe en espacios pacíficos y democráticos con armas que lastiman gravemente y generan pánico?
El Esmad ¿para qué?
El Escuadron Móvil Antidisturbios (Esmad) nace en 1999 en el marco de los procesos de modernización de la fuerza pública posibilitados por el Plan Colombia. Su estructura está integrada en la actualidad por más de 3.000 efectivos, sustentados en el presupuesto vigente de la Policía Nacional.
En octubre de 2015, el Representante a la Cámara Alirio Uribe desarrolló un debate sobre el desmonte del Esmad, apoyado en unas cifras según las cuales entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual.
Según un informe de la misma Policía del momento en que se desarrolló el debate, la Policía fue responsable del 88,15 por ciento de los hechos de violencia denunciados por la ciudadanía (52% el Esmad, 1,22% la Seccional de Policía Judicial e Investigación, 35,48% la Fuerza Disponible); el Ejército, por su parte, fue responsable de un 1,55% de los casos, mientras en un 8,54% no pudo establecerse la responsabilidad.
Varios investigadores, entre ellos Sebastian Lalinde, han planteado una desconfianza que existe entre manifestante y miembros de la fuerza pública, que cualquier encuentro entre las partes desemboca en un río sin límites de violencia. Mientras de por medio quedan, la mayoría de las veces, personas que no tienen relación con los actos violentos. Ponerle límites a la protesta social abre la brecha para que haya un abuso de autoridad de parte de la fuerza pública.
Ambos, policías y manifestantes, creen que se abusa de ellos y enfurecen sus motivos con violencia desmedida. Funciona como un juego de espejos en algunas ocasiones, con la lamentable consecuencia de que, quienes controlan el monopolio de la fuerza (el Estado) resultan sobrepasando y victimizando generalmente a todos los manifestantes. Como ha ocurrido parcialmente en las movilizaciones del miércoles en la Pedagógica, en las cuales los heridos resultan ser personas que quedan en medio de los enfrentamientos. También, los manifestantes que en esa disputa violenta, resultan más afectados al no tener formas de confrontación equitativa con las fuerzas del Estado.
