“La justicia transicional la impusieron las Farc”: Acore

El general retirado Jaime Ruiz dice que la Jurisdicción Especial para la Paz se negoció de forma irregular en La Habana y que el Congreso la está arreglando.

La semana pasada, 28 generales de la República le mandaron una durísima carta al presidente Santos en la que le manifestaron, entre otras cosas, su preocupación por las zonas veredales en las que se concentran las Farc, el “excesivo poder” que pueda tener la guerrilla cuando algunos de sus miembros ingresen a la Unidad Nacional de Protección y el trato diferencial de los miembros de la fuerza pública en la Jurisdicción Especial para la Paz. El malestar es evidente.

Uno de los mayores detractores del proceso de paz ha sido, precisamente, el general retirado Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore). Su malestar, como el de los generales que firmaron la carta, es evidente. Dice que el tema de la justicia se negoció “de manera irregular”, que los negociadores le deben una explicación al país y que sus críticas a la implementación de los acuerdos son el mejor aporte que le pueden hacer a la paz.

Hablamos con uno de los hombres que tiene mayor poder y autoridad dentro de las fuerzas militares.

¿Qué opina de los cambios que ha hecho el Congreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

En el Congreso se dieron cuenta de que se estaba cometiendo una injusticia contra miembros de la Fuerza Pública, de manera que esto que se modificó ya nos da cierta tranquilidad en materia de seguridad jurídica, pero quedaron algunos vacíos sobre los cuales vamos a insistir, porque la tesis planeada desde la reserva —que coincide con la tesis planteada por el mando— es que a nosotros los militares nos deben juzgar con base en el derecho interno.

Ya se corrige en parte, pero quedaría una puerta abierta cuando no se reafirma en todo el contenido de la reforma constitucional que lo que prevalece es el código penal colombiano y la legislación interna. El país está cumpliendo con los estándares internacionales, lo que significa que no va a haber impunidad, y esa era una de nuestras exigencias.

¿El Congreso arregló el acuerdo de La Habana?

Fue la conciencia política de unos senadores que se dieron cuenta que la mala intención era abrir la puerta al derecho penal internacional buscando que a nosotros nos juzgaran los tribunales internacionales, a su medida, con el mayor rigor. Ojalá este asunto, que ya esta en trámite final, resulte favorable para la fuerza pública.

“Sería un desastre ver miembros de las Farc en el Ejército”

¿La Jurisdicción Especial para la Paz, con las condiciones para juzgar delitos por cadena de mando, lo deja tranquilo?

Es apenas lógico y justo. La concepción de las responsabilidad por cadena de mando que hay en el artículo 28 del Estatuto de Roma genera unos vacíos y una falta de sustentación probatoria perjudicial para quien resulte inculpado. Ese estatuto dice, en poco términos, “usted como comandante tiene la obligación de saber la conducta de sus subalternos”. Pero si uno no supo, por cualquier circunstancia, ha debido saber, y con esa frase ya es responsable penalmente, así no existan pruebas.

Lo único que tiene que decir el juez es, “si usted era el comandante, miremos qué disposición legal lo puso en condición de comandante, y esa persona que cometió el delito estaba bajo su mando o control”, y ya con eso queda uno condenado.

Este acto legislativo establece el procedimiento para que exista prueba, que se diga taxativamente cuándo se es y cuándo no se es responsable. El Código Penal colombiano es mucho más fuerte que el Estatuto de Roma, ese Código define las formas de imputación por delitos cometidos en relación con el mando.

¿Estas condiciones de tratamiento diferenciado con la Fuerza Pública en la JEP no se negociaron en La Habana porque no estaban en la mesa los generales Mora y Naranjo?

En la renegociación de los acuerdos, tras la victoria del No en el plebiscito, esto se pactó irregularmente. Si hubieran estado los generales Mora y Naranjo se habrían opuesto tajantemente. Ese tema rompió una línea roja en las negociaciones, que decía que el tema militar no se iba a hablar en esa mesa.

Además, el tema ya estaba resuelto en la primera negociación. ¿Por qué había interés por parte de estos funcionarios del gobierno en crear esta situación e introducir de manera irregular el artículo 28 del Estatuto de Roma? ¿A qué obedecía esa mala intención? ¿Qué presiones tenían? ¿Por qué se incluyó ese artículo a espaldas del ministro de Defensa y de las Fuerza Militares? ¿Quiénes se confabularon?

Esto se hizo, seguramente, a espaldas del presidente. Él nos citó varias veces y nos dijo que el objetivo de la JEP era garantizar la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares y blindar internacionalmente el acuerdo. Ahí hubo un procedimiento raro y ni el doctor De La Calle, ni Sergio Jaramillo, ni Roy Barreras han dado ninguna explicación.

¿La JEP de hoy es un sistema de impunidad o es un instrumento de paz?

Eso puede tener muchas lecturas. Para el caso nuestro, no hay el más mínimo indicio de que lo que se esté buscando sea generar impunidad y eludir responsabilidades penales frente a cualquier tipo de conducta. Cuando se habla de que los máximos responsables asumen responsabilidad penal por la conducta de sus subalternos, sí, se acepta. Pero dentro de un protocolo que brinde garantías al inculpado, que le permita defenderse, probar su inocencia. Eso es una ventaja.

¿Y eso está ahora?

Sí, por ahora está. Falta el último paso, que es la plenaria del Senado. Y por lo que hemos visto al interior del Congreso, hasta sectores de la izquierda apoyan nuestra causa. Nosotros en ningún momento hemos pedido o exigido impunidad, queremos garantías procesales.

“No estamos buscando impunidad”.

¿Para los militares es mejor esta Jurisdicción que la justicia ordinaria?

Es difícil contestar porque según el caso el inculpado puede escoger la alternativa que más le convenga. Muchos que están siendo juzgados por la justicia ordinaria quieren seguir ahí, porque en sus casos no hubo pruebas y están listos para salir. La otra opción es el fuero penal militar, que para este caso no actúa, porque no tenemos ni fuero ni justicia penal militar.

Otra opción que surgió y no se dio fue la creación de unas salas especiales al interior de la Corte Suprema de Justicia. Y la otra opción era recurrir a los tribunales internacionales cuando uno ha sido víctima de procedimientos irregulares.

Muchos de los militares recluidos con los que hemos hablado ven con muy buenos ojos esta opción de la justicia transicional.

Como llegó de La Habana, ¿la Jurisdicción Especial para la Paz quería igual a guerrilleros y militares?

Desde un principio, fuimos muy claros en advertir que si nos sometíamos a esta justicia transicional tenía que ser de manera diferenciada. Si en el uso legítimo de las armas cometemos un error, o infringimos la ley, tenemos que responder penalmente por esa conducta. Pero no el Estado porque no es una organización criminal.

A través de todo lo que conocimos del proceso, la fórmula de la justicia transicional prácticamente la impusieron las Farc a través de sus abogados. Los asesores de la guerrilla impusieron esa figura de la justicia restaurativa, de los tribunales especiales, de la aplicación de la justicia transicional.

Cuando empezamos a exigir tratamiento diferenciado para las fuerzas militares, empezó a coger fuerza y terminó en un acuerdo entre los ministerios de Defensa y Justicia. Ahí la situación se tornó diferente y la hemos aceptado.

¿Usted cree que el elemento más importante para construir la paz es la justicia?

Lo fundamental son las víctimas. Todos estos procesos de negociación deben tenerlas a ellas como centro desde la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Si se dan estos cuatro elementos puede haber transformación.

En el caso nuestro, la paz se está manejando parcialmente. Con un solo actor generador de violencia y criminalidad. Falta el ELN, faltan las Bacrim, hay organizaciones de delincuencia común y de crimen organizado. Todo eso es una sumatoria de factores de perturbación que hay que corregir para poder llegar a una paz efectiva.

Si la JEP sale como ustedes esperan, ¿Acore se monta en el bus de la implementación de los acuerdos de paz?

Ahí está el gran problema, no tanto el qué de la implementación sino el cómo, y los efectos que pueda tener para el futuro. Ese exceso de concesiones otorgadas a las Farc en ciertos campos puede generar gravísimas complicaciones.

Las zonas de reserva campesina, por ejemplo, o las zonas veredales de normalización o los asentamientos que se dan en el proceso de entrega de armas, eso que dicen ellos que no se van a desmovilizar, que se van a mantener como organización en los territorios donde tienen influencia, con el tiempo puede convertirse en un factor de perturbación porque van a querer autonomía y desconocer la legitimidad del Estado.

Vemos con preocupación que muchas cosas que vengan con la implementación fortalezcan a las Farc. Nos preocupa también el tema de la organización que se creó al interior de la Unidad de Protección, donde se van a incorporar miembros de las Farc como escoltas y funcionarios administrativos, eso les da un poder muy significativo. Se habla de 1200 hombres armados, legalmente aceptados, que van a estar en cualquier lugar del territorio protegiendo a los líderes de la organización.

Hay que ser muy cuidadosos con la manera en la que se va a implementar el acuerdo. Hay que determinar unas medidas muy precisas que otorguen facultades muy claras a la Fuerza Pública para que puedan actuar, y que estas personas se sometan y entiendan que debe ser así.

Están próximos a desmovilizarse casi 7000 hombres y mujeres que en su mayoría están criados y formados para la guerra, ¿cómo cree usted que deben integrarse estas personas a la sociedad luego de la dejación de armas?

No hay que inventarse lo que ya está inventado. Aquí hay una unidad de reinserción que ha sido muy exitosa, se habla de casi 50.000 personas de distintos grupos armados ilegales que se han sometido a un procedimiento para prepararse laboralmente, para capacitarse y cambiar esa mentalidad. Quien ha nacido dentro del crimen, de la noche a la mañana no va a cambiar.

¿Cómo vería que, en unos años, personas que pertenecieron a las Farc pasaran a integrar la fuerza pública?

Un desastre. Eso ha ocurrido en otros países donde se hicieron negociaciones como en Guatemala o en El Salvador y eso generó un caos. Por eso, desde un principio, hicimos esa advertencia y se entendió, que no era una medida apropiada y podía ser un riesgo para el país.

“Lo fundamental son las víctimas”.

¿Está de acuerdo con que la salida a la guerra con las Farc hubiera sido negociada?

En una situación de conflicto, como el que hemos enfrentado en las últimas décadas, la paz se logra o bien con victoria militar o bien de manera negociada. Este gobierno decidió negociar políticamente para llegar a esa paz.

Desde un principio acompañamos la decisión gubernamental, y en eso hemos estado. Frente a ese proceso, que ha sido muy cuestionado por distintos sectores, hemos tomado parte formulando juiciosas y constructivas recomendaciones.

¿Usted hubiera preferido una victoria militar?

Cuando uno está en un conflicto, y se enfrenta a la contraparte, no va a la victoria. De eso sí no hay duda. En esta ocasión, las Farc se vieron obligadas a sentarse en la mesa de negociación por la situación en la que se encontraban.

Tal vez con un tiempito más, manejando la misma presión, en desarrollo de las operaciones que se venían realizando, seguramente se habría logrado agilizar ese proceso y sobretodo negociar en forma tal en que fuera el Estado quien impusiera las condiciones y no, como en este caso, que habilidosamente las Farc han logrado imponer las suyas aprovechando la gran debilidad que mostró el Estado desde el principio con su excesiva generosidad en el momento de esa negociación.

Entregar mucho es una nuestra de debilidad, y las Farc la aprovecharon.

¿Cómo puede contribuir Acore a que la construcción de paz en el posconflicto sea mejor?

Formulando juiciosas y apropiadas recomendaciones, con base en la experiencia de las personas que forman parte de esta organización. Acore agrupa oficiales de todas las fuerzas que llevan muchos años sirviéndole al país, que han vivido el conflicto, que han sido testigos de distintos procesos de negociación fracasados. Ese cúmulo de experiencias sirve para plantear esas recomendaciones a las instancias del Estado que tienen que tomar decisiones.