El pasado lunes 15 de febrero, alrededor de 600 maestros, de 10 departamentos donde hay municipios PDET, llegaron a Bogotá. Pedían garantías al Gobierno Nacional para los más de 4.000 docentes que perdieron su trabajo a raíz del concurso especial docente de 2020. PACIFISTA! conversó con una representante de los profesores y con organizaciones de la sociedad civil.
Sorlinda Bocanegra nació en 1976, en el seno de una familia pobre en Ibagué, Tolima. Cuando tenía dos años mataron a su padre, un cochero, por robarle un lote en el sector El Papayo; le pegaron un tiro “que entró por la boca y salió por el cráneo”, contó Sorlinda. Desde entonces, su mamá se hizo cargo de ella y de sus siete hermanos. Se levantaba muy temprano a lavar ropa de otras familias y, a las cuatro de la mañana, ya estaba de regreso en su cocina, haciendo chocolate o agua de panela para el desayuno.
Las carencias en su niñez fueron su propulsor en su juventud. Para pagar su carrera de docencia, como miles de colombianos, tuvo que trabajar a la par como camarera, mesera, vendedora en una plaza, limpiando apartamentos y más. Finalmente, en 2003 se graduó como licenciada en educación infantil y preescolar. Un año más tarde, a los 27, llegó a Planadas, Tolima, a ejercer su profesión. Y en 2005 conoció a su esposo, un fielato en la Cooperativa del sur del departamento, con quien lleva casada 15 años y tiene una hija de 11.
Entre 2004 y 2015, Sorlinda trabajó en la escuela San Joaquín Bajo. Recién llegó, se dio cuenta de que a muchos niños y niñas les faltaba alguna o varias prendas de su uniforme, por lo que pidió que cada familia le regalara un racimo de plátanos para venderlos, y con ese dinero, comprar uniformes a cada estudiante. En 2006, gracias a actividades comunitarias encabezadas por ella y la Junta de Acción Comunal, con apoyo de la Alcaldía Municipal, se construyó el polideportivo de la escuela San Joaquín. Ahí también lideró un proyecto de alfabetización dirigido a padres para que terminaran de estudiar la primaria y bachillerato. Hoy, algunas trabajan como enfermeras y estilistas, y uno es docente universitario.
Luego fue reubicada en Antonio Nariño sede 04 La Unión, en el corregimiento Gaitania, en Planadas, donde además de ser maestra es gestora de proyectos. En 2019 representó a Colombia en Buenos Aires, Argentina, en un proyecto de aprendizaje y servicio solidario. En 2020, ante la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación, propuso ‘Surge’, una iniciativa que buscaba gestionar el refuerzo escolar con líderes comunitarios del territorio para hacerle frente al Covid-19. Desde el año pasado es representante de las docentes en el Consejo Comunitario, en el que apoyan a las mujeres para que se empoderen de sus procesos, continúen su educación y mejoren su calidad de vida. “Estos logros son gratificantes, porque el trabajo no ha sido en vano”, le dijo la docente a PACIFISTA!.
Los héroes no reconocidos
Sorlinda Bocanegra no lleva capa ni puede volar, pero es una heroína. También lo son los más de 4.000 docentes que por años han estado en primera línea haciendo lo que el Estado no logra: cuidar a cientos de niños, niñas y jóvenes de los grupos armados y las bandas criminales, evitando que los recluten o los violenten. Estos verdaderos héroes, a quienes no se les reconoció como docentes de planta a pesar de todo el trabajo que han hecho, hoy viven con incertidumbre, sin saber dónde van a trabajar, dónde van a vivir, ni cómo o qué van a comer mañana. Todo, porque el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) –ente que regula los concursos docentes–, tuvieron una mala lectura y una pésima aplicación del Decreto 882 de 2017.
El objetivo del decreto es asegurar la implementación del punto uno del Acuerdo Final, el de la Reforma Rural Integral; específicamente, busca garantizar el cumplimiento del punto 1.3.2.2., sobre educación rural, y así, a través del Plan Especial de Educación Rural (PEER) –que ni siquiera se ha expedido–, cerrar brechas en educación entre el campo y la ciudad.
En el documento se establece el concurso especial docente, aplicado entre 2019 y 2020. Según Solman Díaz, coordinadora técnica del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) desde el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), diferentes organizaciones de la sociedad civil propusieron, en el PEER de 2018, que se rediseñara el concurso para tener en cuenta el enfoque territorial y las situaciones particulares de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero ese nuevo diseño nunca se hizo.
El concurso especial fue una gran prueba que la CNSC debía aplicar a todos los maestros rurales para ocupar las 6.488 plazas ofertadas en 125 de los 170 municipios PDET. A la hora de calificar debía primar la experiencia y el arraigo de esos docentes que desde hace años han estado en estos territorios.
Pero pasó todo lo contrario: el concurso fue abierto a toda Colombia y la mayoría de las plazas las ganaron desde bachilleres hasta profesionales de otras carreras. En pocas palabras, según Óscar Sánchez, director de Educapaz, en vez de fortalecer las escuelas rurales contratando a más docentes, lo que hizo el Gobierno Nacional y la CNSC fue, ahorrándole el presupuesto al Ministerio de Hacienda, sacar a unos maestros y los reemplazó por otros con poca o ninguna experiencia y sin arraigo en las zonas afectadas.
Por ejemplo, según Sorlinda, en Planadas había 156 plazas ofertadas –entre directivos docentes, áreas especiales y primaria –, a las que se presentaron más de 1.550 personas; de esas pasaron 209, y de esas, solo el 20% corresponde a maestros de territorios PDET.
Los profesores no entienden la forma de calificar en ese concurso y consideran que tampoco se tuvo en cuenta ni la experiencia ni el arraigo. Además, tanto maestros como organizaciones han denunciado un supuesto fraude en el concurso –al parecer, demostrado en Norte de Santander–, lo que generó la caída de todo el proceso de primaria a nivel nacional. Frente a ello, el director de Educapaz explicó que “el 80% de las sedes son de primaria (…) entonces, al caerse primaria se cayó prácticamente todo el concurso y se tuvo que repetir”.
Para Sánchez, la mala lectura del Decreto 882 no produjo un mal menor, sino una problemática a gran escala que ya no tiene reversa. Porque, primero, hay cientos de maestros que hoy ya están saliendo de los territorios, “que llevaban 5, 10, 15, o hasta más años como provisionales, que tuvieron sus hijos, compraron su tierra, criaron sus vacas, cultivaron su café, generaron un lugar en el mundo, y son, por supuesto, parte de la comunidad”. Segundo, los que mueven la economía de esas zonas postconflicto son los de la clase media, es decir, los maestros que tienen cuentas bancarias, ingresos legales y son dueños de tierras; si ellos se van, la economía sufre, por lo menos, mientras los nuevos se instalan. Tercero, “¿quién le va a comprar las fincas a los que se están yendo?”. Cuarto, y más importante para Educapaz, hay un retroceso en la paz para las familias de las zonas y una afectación del derecho a la educación de los niños y las niñas.
En el sur del Tolima, en noviembre del año pasado, Sorlinda y gran parte de la comunidad educativa interpusieron una acción popular contra el Ministerio de Educación y la CNSC. En ésta, como dijo Alejandra Ramírez, investigadora y asesora técnica de incidencia en el Cinep, denunciaron los impactos del concurso especial docente del Decreto 882, y pidieron detener el concurso mientras se realizaba todo el proceso judicial. Hasta el momento no han recibido respuesta.
Aunque Sorlinda no superó esa prueba, día a día sortea y supera, con creces, las pruebas de la ruralidad colombiana, tan olvidada por el Estado y en riesgo constante por el conflicto armado. “Son muchas las situaciones que pasan, pero me pongo las botas y salgo con la mejor actitud”, dijo Bocanegra.
Una de esas situaciones por la que vive agradecida con la comunidad de Planadas, y en especial con muchos padres de la escuela San Joaquín Bajo, sucedió en 2009 cuando estaba embarazada. Le llegó un panfleto de un grupo armado amenazándola y obligándola a salir del territorio. Ante eso, la acompañaron a una cita con, al parecer, un mando importante del grupo, a quien le exigieron llegar a un acuerdo y levantar la amenaza.
Otro de los hechos que más recuerda, y que más le ha dolido a Sorlinda, es el reclutamiento de su alumna Leidy, “una niña hermosa de 12 años”, dice, a quien quiso apoyar para que cursara el grado sexto en el colegio porque sus padres eran tan pobres que no podían hacerlo. Leidy entró a las filas de las FARC por amor a un guerrillero. La última vez que la vio, ya como combatiente, le dijo: “profe, ore por mí”; ella, con un beso en la frente, le dijo que sí. Meses después fue asesinada en el bombardeo de Alfonso Cano. “La recuerdo con cariño y con tristeza, porque era una excelente estudiante (…) La recuerdo con nostalgia y con alegría, porque ella también me enseñó muchas cosas”, dijo la maestra.
Otras amenazas
Frente al peligro que corren los niños, niñas y adolescentes cuando la educación rural carece de calidad y alcance, Óscar Sánchez dijo: “Un municipio X, que yo tengo en la cabeza, tiene 1.500 estudiantes en quinto de primaria, tiene 850 en grado noveno, y 500 en grado once; o sea, entre los 12 y los 18 años, perdemos a dos de cada tres estudiantes. ¿A dónde van? Al embarazo adolescente, al trabajo a destajo de bajísima remuneración en la economía rural. Muchísimos van a la tala de bosques primarios, a la minería ilegal, al narcotráfico, al contrabando de gasolina o a coger el fusil. Entonces, esa realidad de la educación rural es esencial para la paz (…). La única solución de fondo es lo que yo llamo ‘cerrar la fábrica de los guerreros’, es quitarle el combustible de seres humanos, sobre todo niños, a ese conflicto”.
A ese panorama de la escuela rural vs. el conflicto armado, Solman Díaz le sumó: “nosotros trabajamos también con Chocó, en el Atrato y Quibdó, y lo que se demostró es que la escuela sí es un escudo protector, porque a muchos de nuestros jóvenes los han venido cooptando los grupos al margen de la ley para economías ilegales y grupos armados. En Quibdó, por ejemplo, más de 150 jóvenes han sido asesinados desde el año pasado a este”.
Además, y para acabar de rematar, de acuerdo con el director de Educapaz, al menos en tres territorios –Catatumbo, sur de Córdoba y Bajo Cauca– las disidencias de las Farc han decidido declarar “objetivo militar”, dice en el comunicado, a los maestros y personas que ganaron el concurso, que ya han llegado o deberían estar llegando a ocupar sus plazas. Es algo que no debería suceder porque ellos se ganaron este derecho en un concurso legal y también, porque lo que generan ese tipo de apoyos es la estigmatización de los docentes salientes, al desconocer que “los maestros que están en esas zonas también han sido víctimas del conflicto”, como dijo Díaz.
Este es uno de los comunicados que ha circulado:
El Estado indiferente
“Estamos en la ciudad de Bogotá reclamando los derechos para nosotros, que por mucho tiempo hemos sufrido el rigor de la guerra”, dijo la maestra Bocanegra, el pasado sábado 20 de febrero, a PACIFISTA!. Pero hoy, la mayoría de los docentes que estuvieron en la capital las últimas dos semanas de febrero –excepto una mesa delegada–, ya están de regreso en sus territorios.
Además del clima, que no les favoreció, Sorlinda dijo que su estancia en la ciudad no fue muy buena, porque “la administración de Bogotá, en cabeza de la señora alcaldesa, siempre nos sacó como perros del Palacio de los Deportes (…). Uno dice, ¿no es que Bogotá es la capital de todos?, ¿no es que Bogotá es una ciudad incluyente?”. En medio de esas circunstancias, lograron pasar algunas malas noches durmiendo en el piso, sin colchonetas ni cobijas.
Aunque tocaron puertas y como pudieron buscaron ayuda para avanzar en soluciones, el Gobierno Nacional y la CNSC poco aportaron al diálogo. Y según dicen profesores y organizaciones civiles, en este gobierno de Duque y en la Comisión “no hay voluntad”, porque para ellos no hay nada que arreglar. Entre lo poco, el gobierno ofreció la reubicación de los docentes, sin tener en cuenta que, más o menos, 4.000 profesores ya fueron despedidos. “Entonces, ¿a quién van a reubicar si ya no están?”, se preguntan los maestros.
“Hay comunidades que todavía no cuentan con energía, con internet, con aulas terminadas. Ni siquiera servicios básicos tienen las escuelas rurales. El gobierno, desde la gerencia de los escritorios, todo lo ve fácil, pero uno que está acá, día a día, en estas zonas, es donde realmente siente que hace falta mucha más presencia del Estado. No es solamente nombrar un docente, es también hacer inversión en cantidad y calidad. Que los recursos no se queden en el camino. Los niños y niñas necesitan de la información y de condiciones aptas para desarrollar el ejercicio de aprendizaje”, le dijo Sorlinda a este medio.
Desde mediados de febrero, PACIFISTA! se ha comunicado con diferentes entidades estatales que deberían tener respuestas al respecto –como el Ministerio de Educación, la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y la Dirección de Fortalecimiento Territorial–, pero, hasta el momento, no han respondido.
Para Solman Díaz, “estos maestros que están protestando se sacrificaron para colocar sobre la mesa la discusión necesaria sobre el diseño de los concursos y la reforma estructural que hay que hacerle a la educación en Colombia”. Y para Sánchez, con un poco de resignación y, al mismo tiempo, un poco de esperanza, quizá dentro de un año, cuando se logre recuperar el tejido social, la cosa empiece a mejorar.
Los profesores no lo dan por perdido. Sí, volvieron a los territorios, pero desde allá se siguen uniendo y fortaleciendo para, en los próximos días, volver a la capital.
A María Camila la pueden leer acá.
