Según la Procuraduría, en el primer semestre de 2020 fueron asesinados 47 defensores de los recursos naturales. El último caso fue el de Jaime Monge en la zona rural de Cali.

Hace unas semanas, para finales de julio, salió el informe de 2019 que prepara la organización Global Witness cada año sobre la violencia y las amenazas contra los defensores del medioambiente en el mundo. Según ese documento, Colombia es el país más mortífero para defensores de recursos naturales, pues de los 212 asesinatos de defensores ambientales registrados el año pasado, 69 ocurrieron en nuestro país. Es decir, cerca de un tercio del total de estos crímenes.

Por acá les dejamos la nota que hicimos sobre el informe de Global Witness:

Colombia, el país más mortífero para los líderes ambientales en 2019

Pero el panorama actual de los líderes y defensores del medioambiente en Colombia no parece distinto al del año pasado. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 fueron asesinados 47 de estos defensores. Uno de estos crímenes fue el de Yamid Alonso Silva, un guardabosque de 38 años que llevaba trabajando en el Parque Nacional Natural El Cocuy desde hace dos años.

Sobre las 11 de la mañana del 6 de febrero, dispararon contra Alonso en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, en Boyacá. Seis meses después no se sabe quiénes son los responsables de este asesinato o qué razones tuvieron para matar al guardabosque. Lo que sí está claro es que quienes cuidan de los parques naturales en el país están bajo amenaza: reciben intimidaciones de grupos armados para que abandonen los parques o simplemente los matan. De acuerdo con Parques Nacionales, en los últimos 32 años fueron asesinados 15 guardabosques.

Otro de los 47 crímenes contra defensores ambientales ocurridos en el primer semestre de 2020 fue el de Jorge Enrique Oramas, quien tenía 70 años y era un reconocido líder ambiental de la zona rural de Cali. Su labor se concentró en dos frentes: oponerse a la minería —legal o ilegal— en el Parque Nacional Natural Los Farallones y promover el cultivo y la comercialización de alimentos orgánicos. El 16 de mayo lo asesinaron en su finca, ubicada en el corregimiento de Villacarmelo.

“Era un importantísimo líder dedicado a la actividad campesina. Totalmente comprometido con la paz y las gestas ambientales”, dijo en mayo Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de Cali. La Alcaldía de esa ciudad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información sobre los responsables del asesinato de Oramas, pero no se conoce cómo va la investigación de este caso.

Y tres meses después de la muerte de Oramas, de nuevo atentan contra un líder ambiental en Villacarmelo. Esta vez fue Jaime Monge, de 62 años. Era la cabeza de Pachamama, una fundación que se dedica a la conservación ambiental y al ecoturismo en la zona. Monge, además, pertenecía a una organización campesina local y también se oponían a la minería en Los Farallones. Fue asesinado en la noche del 18 de agosto.

Ratificar el Acuerdo de Escazú

El procurador general Fernando Carrillo comentó el pasado julio que la violencia y el asesinato de líderes y defensores ambientales en Colombia “ya se empieza a considerar como una situación sistemática”, y añadió que estos crímenes ubican al país como “uno de los territorios más peligrosos para conservar el medioambiente”.

Carillo, además, le pidió al presidente Iván Duque a través de una carta la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional creado en 2018 entre países de América Latina y el Caribe con protocolos para defender el medioambiente, entre ellos la protección de la vida de quienes cuidan los recursos naturales. Colombia firmó el acuerdo en diciembre de 2019, pero aún falta que lo ratifique. El 20 de julio, aprovechando la instalación del Congreso, el Ministerio de Ambiente presentó el proyecto de ley para que el tratado sea ratificado.

Este proyecto de ley contiene obligaciones medioambientales, basadas en el Acuerdo de Escazú, que el Estado deberá cumplir si se aprueba: generar y divulgar información ambiental, crear sistemas de información, permitir la participación pública en decisiones ambientales y generar un mejor acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Estas obligaciones mejorarían la labor de los defensores y líderes, pero también serían un primer paso para proteger sus vidas ante la violencia ejercida por grupos armados ilegales o contradictores de sus causas.

Pero no basta con la aprobación del proyecto de ley en el Congreso. Para que el acuerdo empieza a surtir efecto en América Latina y el Caribe se requiere que 11 de los 33 países de la región también lo ratifiquen. Hasta el momento van 9: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

De ratificar el acuerdo, el gobierno de Duque estaría avanzando en la tarea de proteger a los defensores y líderes ambientales, una de las tantas deudas que tiene con los liderazgos sociales en el país. Sin embargo, y como lo dijo recientemente Natalia Gómez, de la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana, por medio de una columna de opinión en el portal La línea del medio: “Para que el acuerdo sea efectivo, el gobierno debe empezar por cambiar de inmediato su narrativa sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos y del medioambiente; y reconocer su labor y el rol tan importante que juegan en la construcción de la paz en el país”.