Por Jennifer Giraldo. “Ven-seremos cuando logremos vivir en una sociedad mínimamente justa y con condiciones que dignifiquen toda vida humana. Ven-seremos cuando logremos construir la emancipación social en todos los aspectos. Pero mientras tanto, tenemos que convencernos de que ya estamos construyendo el camino y, finalmente, ven-seremos y será hermoso”.
Por Jennifer Giraldo.
“Ven-seremos cuando logremos vivir en una sociedad mínimamente justa y con condiciones que dignifiquen toda vida humana. Ven-seremos cuando logremos construir la emancipación social en todos los aspectos. Pero mientras tanto, tenemos que convencernos de que ya estamos construyendo el camino y, finalmente, ven-seremos y será hermoso”.
Diana Ramírez
Trabajadora social y militante.
Juan Fernando Torres tiene 26 años, desde el 21 de noviembre de 2019 se unió a la primera línea de Medellín, es pedagogo y desde la barra del Atlético Nacional hacía trabajo social en su barrio, Manrique, oriente de la ciudad. En el 2019, influenciados por el estallido de Chile, jóvenes en su mayoría se organizaron con escudos, capuchas y máscaras antigases para ser la línea que evitaría que la agresión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegara a la masa que se movilizaba. El paro del 2019 duró un mes y luego llegó la pandemia, quitando la calle como espacio político de disputa. Juanfer, “el negro”, como le dicen sus amigos, o “el narrador”, como lo nombraron luego en el 2021 por grabar en vivo los enfrentamientos con el Esmad, cree que las juventudes son las llamadas a exigir, buscar y hacer un cambio social, por eso desde el 28 de abril del 2021 hasta el 19 de julio, cuando allanaron su vivienda y fue capturado, estuvo en las calles soñando con un país con dignidad.
El 27 de abril el Gobierno de Colombia presentó de manera oficial al Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria. Esta, nombrada como Ley de solidaridad sostenible, fue rechazada por diferentes sectores políticos y sociales desde que fue presentada el 5 de abril a la opinión pública. Una reforma, que si bien era necesaria en Colombia —por la pandemia, el país generó la contracción económica más profunda de la que se tenga registro (decreció un 6,8% en 2020)—, generó malestar porque afectaría directamente a la clase media del país en aspectos tributarios y fiscales, además de perjudicar proyectos culturales como desmontar la contribución parafiscal del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico a partir del 1 de enero de 2024, y a las luchas feministas, pues las toallas higiénicas y los tampones, al pasar de productos exentos a excluidos, por sus insumos de producción se encarecería su precio de venta. A esto se le sumaban las declaraciones del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, desconociendo, por ejemplo, el costo de una docena de huevos, que evidenciaba ignorancia frente a la realidad diaria del pueblo colombiano.
Por esto, para el 28 de abril, sindicatos y movimiento estudiantil organizados desde el 2019 en el Comité del Paro, pero también el movimiento feminista, cultural, ambiental, campesino, indígena e individualidades inconformes salieron a las calles a rechazar contundentemente la reforma propuesta y demostraron un descontento social generalizado. Además de la indignación por la reforma se fueron sumando al debate público las fallas en el sistema de salud; la desigualdad social y económica (en 2019 el nivel de desigualdad de Colombia fue el más alto de todos los países de la OCDE); la falta de oportunidades laborales y educativas (en 2021, los niveles de desempleo juvenil fueron del 78%, 1 de cada 3 jóvenes de 18 años ni estudiaban ni trabajaban y había una tasa de desescolarización superior al 50%); el incumplimiento del Acuerdo de Paz; la violencia contra mujeres y población LGBTIQ+ (en 2020 se registraron 630 feminicidios y 75 homicidios de personas LGBTIQ+); la explotación del medio ambiente, los asesinatos a líderes y lideresas sociales (en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y hubo 91 masacres ); la desconfianza generalizada en las instituciones y, finalmente, lo que prolongó la manifestación en las calles, convirtiendo este paro en el más largo y contundente de la historia de Colombia: la represión hacia el derecho constitucional a la protesta que, desde ese mismo 28 de abril, se tradujo en vulneración de derechos humanos por parte de la fuerza pública a manifestantes y a las instancias garantes de estos como la prensa alternativa, las organizaciones de derechos humanos y las de primeros auxilios, que ganaron legitimidad social haciendo presencia activa y organizada en las protestas.
Días después del 28A se hundió la reforma tributaria presentada en el Congreso y el 3 de mayo el minhacienda Alberto Carrasquilla renunció al cargo, lo cual parecía una victoria de la movilización, pero luego fue nombrado director del Banco de la República. El paro continuó. Sólo hasta el 26 de junio hubo levantamientos de puntos de bloqueo (o de resistencia) en el país y hasta julio hubo marchas y campamentos consolidados de los manifestantes (campamento de primeras líneas en la Universidad de Antioquia, en el “Parque de la Resistencia” en Medellín y en “Portal Resistencia” en Bogotá). Se podría decir que el paro duró tres meses, hasta el 15 de julio, cuando el Comité del Paro anunció el cese temporal de las protestas. Sin embargo el comité fue cuestionado porque, para muchos sectores sociales, no representaban los intereses de toda la manifestación y la movilización no dependía de sus declaraciones, por eso todo 2021 giró en torno al paro, con acciones menos acompañadas y masivas, pero constantes.
El 9 de septiembre de 2021, un año después del asesinato de Javier Ordóñez por dos policías —lo cual desató las oscuras noches del 9S y 10S en Bogotá y dejó 13 personas más asesinadas—, un disparo directo de una aturdidora al rostro, que lanzó un agente del Esmad, le quitó el ojo izquierdo a Maicol Cano, de 22 años. Estudiaba ingeniería de control, pero en medio del paro se enamoró de la labor de Atención Pre-Hospitalaria (APH), con Línea Blanca, una brigada en Medellín que desde el 28 de abril ha estado en cada confrontación donde llega el Esmad. Maicol es desplazado de San José de Mulatos, Urabá, hijo de madre cabeza de hogar, quien con un mínimo de un trabajo como madre comunitaria sostiene a sus dos hijos.
“Recuerdo que el 28 fue muy bacano todo, ver tanta gente, tanta alegría, tanta emoción, y yo siendo desplazado, como le dije una vez a una señora uribista que no tenía empatía porque lo tenía todo y le pagaba una buena universidad a su hija, que si ella no tuviera oportunidades también saldría a las calles a pedirlas. Después cuando se armó la violencia y las revueltas yo me quedé y vi la brutalidad de la policía, ver que nos iban a matar fue supremamente fuerte. En ese momento decidí hacer parte de Línea Blanca, ahí empezó todo. No tenía mucho conocimiento, pero en la brigada me fueron enseñando. Cancelé mi semestre y empecé a buscar para estudiar APH. No sabía que la carrera era tan costosa y que iba a perder un ojo por cumplir esta labor. Hoy se me dificulta encontrar trabajo y estoy estudiando por cuenta propia APH en internet y con lo que me enseña mi novia que es enfermera. Estoy a la espera de una cirugía y he tenido momentos difíciles al verme así, pero no me puedo deprimir porque no quiero ver mal a mi familia. No dimensionaba todo lo que me iba a cambiar la vida. Yo trabajaba en un almacén de zapatos y con eso recogía mis gastos para la universidad y para ayudar en mi casa, me permitieron trabajar como 15 días, pero me dijeron que representaba un riesgo para ellos, fue un golpe duro porque ahí fue donde dimensioné la realidad de perder un ojo en un paro, me vi sin plata, sin oportunidades, con mi estado de salud que varía mucho, un día amaneces bien y al otro debes ir al hospital, pero aun así trato de salir adelante y seguir apoyando, compartiendo y aprendiendo de los espacios culturales que dejó el paro, como la biblioteca popular. Entre los pelados que van a las manifestaciones hay un potencial increíble de salir adelante y no tienen las posibilidades, yo sigo saliendo a las calles a pesar de que varios del Esmad me han dicho: viniste a que te saquemos el otro ojo. La vez que me lo dijeron sentí rabia, impotencia, pero después sentí valor porque dije que no podía permitir que eso se lo hagan a alguien más, yo le digo a los muchachos y a los de APH que trabajan conmigo: primero me matan a mí que tocarlos a ustedes”, narra Maicol.
“El paro es resultado de un gobierno fracasado, de la ineptitud en el proyecto político de Álvaro Uribe. La nueva generación es hereditaria del modelo fracasado narcoparamilitar. No es que no nos marque en nuestras relaciones sociales, no es que no encontremos violencias, pero es cierto que hay un cuestionamiento sobre esa cultura. Se agotó ese modelo que no nace con el uribismo pero que se fortalece con este. Nos quitaron hasta el miedo, no es retórico, es ya o nada. Sin las primeras líneas el paro no hubiera llegado a ese nivel. Desde el 2020 hubo un rechazo a la policía por el asesinato de Javier Ordóñez, era heroica la defensa contra la policía”, menciona Diana Ramírez, trabajadora social, que hizo trabajo psicosocial en las calles durante el paro y generó espacios de formación.
Durante el paro, según un informe de Indepaz, hubo 83 homicidios, 44 con presunta autoría de la fuerza pública, 1661 víctimas de violencia física, 35 víctimas de violencia sexual, 2053 detenciones arbitrarias a manifestantes, 36 víctimas de violencia ocular, por parte de la fuerza pública.
El 27 de mayo de 2021, en el Senado, se votó una moción de censura en contra del Ministro de Defensa, Diego Molano, por la actuación de la fuerza pública en las protestas. 69 votos a su favor permitieron su continuidad y el 28 de mayo el presidente Iván Duque, por medio del Decreto 575, ordenó usar la figura de asistencia militar. Ese día, con la Policía y civiles armados se armó un grupo de autodefensa en el sur de Cali, que no solo disparó contra ciudadanos desarmados, sino que también detuvo intencionalmente a manifestantes pacíficos. A Andrés Escobar, uno de los ciudadanos que disparó contra manifestantes, el 31 de marzo de 2022, la Fiscalía General le imputó los delitos de amenazas agravadas, lanzamiento de objetos peligrosos y usurpación de funciones públicas.
El sistema de información de la Fiscalía registra, desde el 28 de abril de 2021, 1.927 personas capturadas por hechos delictivos ocurridos en el contexto del Paro Nacional, la mayoría de capturados y víctimas de la policía son jóvenes entre los 18 a los 25 años y la ciudad con más vulneración a los derechos humanos fue Cali.
“Me daba miedo salir, tanto a manifestarme como a hacer comisiones y cuando empezamos a ver lo de Cali fue un momento para todos los defensores de Derechos Humanos, todo el pueblo en general, los manifestantes, un momento muy estresante. Yo dije: no tenemos nada, qué está pasando acá, porque una cosa es que vayan y repriman marchas y que disuelvan manifestaciones o que haya detenciones ilegales, que todo el tiempo ocurre, que en vez de hacerle un traslado por protección resultó detenido, son cosas a las que estamos más acostumbrados, pero lo que pasó en Cali fue un detrimento exagerado de derechos humanos, no había garantías de nada. Ya era una cuestión de vida o muerte”, cuenta Sebastián Orozco, estudiante y defensor de derechos humanos de Ciudad en Movimiento. 
El 6 de junio llegó a Colombia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar las posibles violaciones de los derechos humanos en el marco del paro nacional. Entregó un informe con 41 recomendaciones al Estado colombiano para ayudar a frenar los abusos policiales. La respuesta a esto fue La Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 2197 de 2022, aprobada por el congreso el 21 de diciembre de 2021 y sancionada por el presidente Iván Duque el pasado 25 de enero, “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones, en la que se incluyen reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, al igual que se regula las armas, elementos y dispositivos menos letales, y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística”, según Ministerio del interior, 2021.
Para el abogado Santiago Alarcón, fundador y actual director de Fidedigna, se trató de una respuesta institucional lamentable al estallido social de 2021 porque desconoce y desatiende las recomendaciones de la CIDH en materia de violación de derechos humanos a través de un endurecimiento de la respuesta punitiva del Estado. Hay una expansión desproporcionada del derecho penal. Crea mayores condiciones y mayores posibilidades para generar violaciones de derechos humanos. “Es una ley que tiene vicios en su creación y por eso será declarada inconstitucional. Se parece al código penal del 80, que no está en consonancia con los parámetros constitucionales de la carta del 91. Lo que hace esto es generar una criminalización a la protesta social y dificulta la labor de defensores de derechos humanos en campo”.
Esta ley también vuelve más compleja la situación de jóvenes como Juan Fernando, a quien tienen en investigación hace diez meses, sin condena, y en hacinamiento en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, por delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Lo presentaron en Medellín como un trofeo, como el cabecilla del vandalismo en las movilizaciones por grabar en primera línea los enfrentamientos con el Esmad, a pesar de que ha demostrado haber estado en espacios de diálogo y concertación con empresarios y diferentes sectores sociales para buscar una salida al conflicto que se estaba viviendo en la ciudad. “No me creen, dicen que un guerrillero puede estar en esos espacios mientras planea un ataque y actúa ilegalmente”, dice, lo que puede constituir una muestra de estigmatización y castigo hacia el manifestante. Juan Fernando no ve la hora de salir, de volver a reunirse con amigos que lo esperan para repartir regalos en las novenas de diciembre a los niños del barrio, para ver a su hermana menor, a su mamá y a su hermano, con quien compartió por última vez antes de perder su libertad, en un permiso que le dieron a él en el Ejército.
La fiscalía tiene registro de 181 órdenes de captura por razones del paro. El 27 de abril de 2022 en Medellín, un día antes de la conmemoración del año del paro, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron trece allanamientos y detenciones a personas activas en las movilizaciones.
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El Paro Nacional, con los cuestionamientos que hay que hacerle al movimiento social en sucesos de estallido como el de 2021, frente a la organización, la continuidad, la articulación, la idealización, la reflexión y formación interna de los procesos que surgen de coyunturas, donde más allá de lo ganado también se perdió mucho, sobre todo vidas, que hoy duelen y claman justicia, dejó definitiva y principalmente una ciudadanía más activa, empática y consciente, interesada en conocer y defender sus derechos. Dejó colectividad, redes de trabajo político y social. Las calles se convirtieron en el gran espacio simbólico de encuentro, discusión, expresión y manifestación política. Desde el 21 de noviembre de 2019 y luego del caos de la pandemia, el paro evidenció un país —que estaba en posacuerdo de paz— en crisis, y con un malestar general frente al gobierno, sus decisiones políticas y su visión de país. En las pasadas elecciones al Congreso de la República, el partido de gobierno, Centro Democrático, redujo su votación: perdió 5 curules en Senado y 16 en Cámara de Representantes. El Pacto Histórico, partido opositor al gobierno, pasó de 8 a 16 senadores y en Cámara fue la lista más votada, quedando con 25 representantes. Dentro de la lista del pacto llegó por primera vez una mujer palenquera, activistas del paro y líderes sociales.
Hoy se ve con más fuerza el poder del pueblo como algo real. Las “ollas comunitarias”, las bibliotecas populares, las asambleas sectoriales, la organización y formación de la colectivización fue el mayor impacto del paro nacional y de los procesos de movilización del periodo actual que iniciaron con el movimiento estudiantil del 2018.
“A pesar de que casi me matan, de que me quitaron un ojo, quiero que sientan, que vean que seguimos en pie de lucha y no importa perder un ojo, perder la vida, porque se siente que ya el cambio viene, ya empezó. Tuve que pagar un alto precio, sí, yo y muchos jóvenes alrededor del país, pero venceremos y será hermoso”, Maicol Cano.
