#ProyectoCOCA | Pese a que Duque habla con frecuencia de los cultivos de uso ilícito como un asunto trascendental, la importancia que le dio en el empalme con el gobierno Santos es baja. Por Andrés Bermúdez Liévano
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El presidente entrante Iván Duque ha sido bastante crítico del manejo que el gobierrno de Juan Manuel Santos le dio a la política de drogas, haciendo énfasis en que el país “está nadando en coca” y en que reducir los cultivos de uso ilícito será uno de sus principales retos.
Sin embargo, la prioridad que Duque y su equipo le dan al reto de seguridad que supone el aumento histórico de los cultivos de coca (144.000 hectáreas en la última medición de Naciones Unidas a finales de 2016) no se ha visto reflejado hasta ahora en el empalme que vienen haciendo con el gobierno saliente.
Aunque Duque hasta ahora solo ha designado a sus ministros (y no aún a los directores de las decenas de agencias y entidades del Estado), una treintena de personas de su confianza vienen reuniéndose desde hace un mes con los ministros y entidades de cada sector.
Hasta hoy esos enviados se han reunido solamente una vez con los encargados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que lidera el exministro Eduardo Díaz y que cierra con un balance agridulce. Y lo hicieron en el marco de una reunión más amplia donde estaban todos los actores del Gobierno involucrados en luchar contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.
Esa única reunión sucedió en la Vicepresidencia, bajo el liderazgo del general Óscar Naranjo. Aparte de Díaz, estuvieron –por el lado del Gobierno saliente– el vice de Defensa, Aníbal Fernández de Soto (que lidera la estrategia de seguridad); la vice de Hacienda, Paula Ximena Acosta; el vice de Justicia Carlos Medina (que lidera la política criminal); el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper (cuya entidad se encarga de la formalización de predios) y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Juan Francisco Espinosa (que se encarga del control del lavado de activos). A ellos se les sumaron durante una parte de la reunión el ministro de Salud, Alejandro Gaviria y el de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Por el lado de Duque estuvieron el ex vice de Defensa, Rafael Guarín (que estuvo en los empalmes de seguridad); el excomisionado de Paz, Camilo Gómez (que lideró los fallidos diálogos del Caguán con las Farc y viene del ala cercana a Marta Lucía Ramírez); el exministro de Agricultura santista, Rubén Darío Lizarralde (también cercano a la nueva Vicepresidenta); la abogada Clara María González (que manejó los temas financieros de la campaña de Duque); y los coroneles retirados de la Policía, Miguel Tunjano y Carlos Narváez (que trabajaron en temas antinarcóticos, incluyendo el programa de aspersión aérea). La mayoría de ellos eran quienes –como contó Proyecto Coca– le hablaban al oído a Duque en temas de drogas durante la campaña.
Durante esa reunión, cada uno de los representantes del Gobierno exponía durante 15 a 20 minutos, respondía a las preguntas que les hacían los enviados de Duque y al final les entregaban un informe exhaustivo que documentaba la gestión.
La brevedad de ese intercambio –que implicó resumir todo el programa de sustitución en 15 minutos– generó preocupación en los funcionarios del Gobierno saliente y en al menos cuatro personas que han monitoreado el proceso desde fuera, que sienten que la visibilidad tan alta que le ha dado el nuevo Presidente al tema no se corresponde con un interés por entender los aciertos y errores de la política contra los cultivos de coca del saliente.
Al final de cuentas, por poner un ejemplo, el ex viceministro Miguel Ceballos –que suena como futuro Alto Comisionado de Paz– se ha reunido por lo menos tres veces con los funcionarios de esa consejería.
Entre tanto, con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo no ha habido ni una reunión sobre los temas de la implementación del Acuerdo de paz que coordina, que van desde el desminado humanitario hasta la sustitución. “No ha habido nada”, nos confirmó Pardo, aunque aunque otro alto funcionario del Gobierno saliente señaló que los problemas de salud del Alto Consejero también influyeron en eso.
Dentro del entorno de Duque le restan dramatismo al tema. “Es imposible profundizar en todos los temas. El empalme es un registro de información básica, sobre el cual el funcionario respectivo tiene que profundizar para tomar decisiones de gobierno”, explica Rafael Guarín. “Con el PNIS se actuó de la misma forma que respecto a los demás programas que tiene el Gobierno en el tema de drogas”.
E incluso sienten que el Gobierno saliente no ha sido suficientemente proactivo. “[Díaz] hizo un breve recuento de cómo funciona el programa pero no con detalles. Nosotros estuvimos muy interesados en saber más al respecto, pero tal vez por parte del Gobierno saliente les faltó dedicar más tiempo y más detalles sobre cómo mejorar las fallas evidentes del PNIS”, dice el coronel Carlos Narváez. “Ojalá haya espacios para propiciar un mejor entendimiento del programa”.
En cambio, desde el entorno del programa de sustitución ven el tema con mayor preocupación. “Quizás vienen ya con un preconcepto de que esto es un fracaso. Uno no hace empalme por dos razones: porque no quiere oír a la contraparte o porque no le parece importante conocer los detalles. Esperemos que venga el 7 de agosto una persona que quiera entender lo que se ha hecho”, dice un alto funcionario que conoce el programa de cerca y que prefiere omitir su nombre para no dañar las relaciones con el gobierno entrante.
El propio Duque ha sido ambivalente hasta ahora en su postura sobre cómo enfrentará el problema de la coca cuando llegue a la Casa de Nariño en una semana, hablando en distintos momentos de retomar la aspersión aérea sin afectar la salud o el ambiente, volver la sustitución ‘obligatoria’ y no ‘voluntaria’ (una falacia argumentativa porque, como ha contado Proyecto Coca, el programa no es opcional) e invertir en bienes públicos para que los campesinos cocaleros tengan alternativas.
