La censura judicial que une a los políticos | ¡PACIFISTA!
La censura judicial que une a los políticos Ilustración: @mandarina.ilus
Leer

La censura judicial que une a los políticos

Colaborador ¡Pacifista! - octubre 6, 2021

OPINIÓN | Gustavo Petro, Germán Varón, Paloma Valencia y Luis Fernando Velasco encontraron un punto en común: el acoso judicial contra periodistas. Surge la pregunta de si están poniendo sus intereses personales sobre el interés general.

Compartir

Por: Emmanuel Vargas Penagos*

Parece que senadores como Gustavo Petro, Germán Varón, Paloma Valencia y Luis Fernando Velasco encontraron un punto en común: El acoso judicial, también conocido como Presión de Litigio Abusivo Generador de Autocensura (PLAGA).

Ellos, a punta de peros y de exposiciones confusas, frenaron un proyecto de ley que busca atajar los casos en que personas poderosas (como empresarios, políticos, celebridades, etc.) presentan denuncias penales, demandas civiles millonarias, o tutelas para intimidar, empapelar, aburrir o, en general, censurar periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y cualquier persona que ejerza la libertad de expresión en temas de interés público.

Ya sea de forma frentera, disimulada, condescendiente o cómplice con la censura, estos senadores dejaron el proyecto al borde de ser hundido. En algunos casos, parecía un clásico problema de no estar leyendo lo que se está debatiendo. En otros, parecía un simple desprecio contra la crítica o la denuncia pública. O bueno, quizá una aceptación de estas cuando sean en cosas que no les afecte. Todos, de una u otra forma, dijeron que había que poner a los medios en cintura y proteger su honra. Pobrecitos, indefensos. Un mes después de ese primer debate, el proyecto de ley no ha vuelto a ser agendado porque, de todos modos, lo más probable es que lo sepulten en votos negativos.

Congresistas como Alexander López, Temístocles Ortega, Julián Gallo y Carlos Guevara usaron el eufemismo de declararse impedidos para debatir y votar el proyecto de ley porque habían iniciado, o iban a iniciar, procesos contra periodistas o medios de comunicación.

Independiente de la estrategia adoptada, estos senadores terminaron poniendo en evidencia la necesidad de que en Colombia existan normas anti-SLAPP (sigla en inglés para Strategic Lawsuit Against Public Participation, o Pleito Estratégico contra la Participación Pública) como la que está en el limbo en el congreso, como las que ya existen en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, o como la que está en discusiones previas en la Unión Europea.

Todas las instancias internacionales de derechos humanos y tribunales como la Corte Constitucional colombiana han repetido una y otra vez que la libertad de expresión protege la crítica y las denuncias en temas de interés público, incluso la que ofende, choca, irrita o inquieta al gobierno o a una parte de la población. También han dicho que el derecho penal (el que envía a la gente a la cárcel) solo puede ser usado en los casos más extremos cuando se trata de abusos en el uso de la libertad de expresión (como la incitación a la violencia por razones de raza, color, religión, idioma o nacionalidad) y nunca para censurar críticas contra funcionarios o personajes públicos. También han dicho que una demanda civil, de esas que buscan una indemnización millonaria, pueden ser tan intimidantes como enviar a alguien a la cárcel.

Gracias a estas protecciones es que los periodistas, defensores y defensoras, pueden escaparse de terminar en la cárcel o en bancarrota. Los jueces, mal que bien, terminan en algún momento aplicando esas protecciones. El problema es que esto sucede tres, cinco, o muchos años después de que la persona acosada tenga que gastar su tiempo y dinero en defenderse. También ocurre que la absolución llega después de angustias, daños en la reputación y obstáculos para poder seguir haciendo su trabajo. Los usuarios de este tipo de acoso, como Donald Trump, la tienen clara: “Gasté un par de dólares en honorarios legales, pero ellos gastaron mucho más, lo hice para hacer su vida miserable, de lo que estoy feliz”, dijo el expresidente gringo al referirse a una demanda por 5 billones de dólares contra el autor de un libro poco favorecedor.

En Colombia hay muchísimos ejemplos, como el de la ex gobernadora, ex alcaldesa y ex senadora Leonor Serrano contra el periodista de Fusagasugá Luis Agustín González. Este último tuvo que aguantar un proceso de cinco años para evitar la cárcel por una editorial de dos páginas en su periódico local. También está el caso de Marta Lucía Ramírez y su denuncia contra el periodista Jeremy Mcdermott por publicar los supuestos vínculos del esposo de la vicepresidente con el Memo Fantasma. En ese caso, Mcdermott se salvó de los años de acoso por la “benevolencia” de Ramírez, que retiró el caso después del escándalo mediático. La Fundación para la Libertad de Prensa tiene reportes de 140 casos de este tipo entre 2018 y 2020 en nuestro país.

Las leyes anti-SLAPP buscan evitar ese tipo de abusos. La idea es que, cuando haya evidencia de que el proceso se presentó con el fin de silenciar, de que existe una desigualdad entre las partes (por ejemplo, político poderoso contra periodista regional que no tiene con qué pagar un abogado) y de que el caso no va para ningún lado, los jueces puedan terminar el proceso de forma adelantada, en lugar de esperarse años y años. Es un umbral difícil de pasar, pero que protege precisamente a quienes nos informan de los más graves hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos.

Pero parece que estos congresistas de la Comisión Primera van a preferir que sus molestias personales con uno que otro periodista tengan más peso que el interés general de que todas las personas estén protegidas en contra de quienes abusan del sistema judicial para silenciar a la crítica. Tal vez quieren tener garantías para usar esta forma de censura en algún momento.

*A Emmanuel lo encuentran acá. Él participó en la redacción de este proyecto de ley desde El Veinte.

Sigue leyendo:

Los periodistas desterrados del Congreso

El machismo contra periodistas en las redes