OPINIÓN | La vicepresidenta busca que pase de agache el autoritarismo de haber denunciado al periodista Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, tras investigar acerca de los vinculos de su esposo con el narcotraficante 'Memo Fantasma'.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
El caso de Marta Lucía Ramírez es otro ejemplo de las distintas formas de acoso judicial que vive la prensa en Colombia. Aunque la vicepresidenta retiró la denuncia, su actuar sirve para soltar una plaga de intimidación entre los que quieran investigar su vida y la de su esposo.
Para ser más precisos, lo que soltó la vicepresidenta Ramírez fue una P.L.A.G.A: una Presión de Litigio Abusivo Generador de Autocensura. Esta forma de actuar, como lo explicó la Fundación para la Libertad de Prensa, está de moda entre varios gobernantes y personas poderosas de Colombia. Por lo general, la intención no es necesariamente la de enviar a alguien a la cárcel. Con intimidar o deslegitimar al crítico es más que suficiente.
Y eso es muy fácil de ver en el anuncio que hizo Ramírez en Twitter: aunque Insight Crime no modificó ninguna parte de la investigación que llevó a la denuncia, Ramírez dice que su decisión se da “luego de la aclaración” que dio McDermott en medios. Aunque ella fue la del error por actuar de una forma tan desproporcionada, sus tweets parecen buscar una narrativa de que hubo una corrección y que esta fue gracias a su denuncia.
En cierta forma, Ramírez se parece al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien en 2012 posó de magnánimo para perdonar una condena de tres años de cárcel y una indemnización de 40 millones de dólares en contra de un periodista y los directivos del periódico El Universo. A finales del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a Ecuador porque consideró que hubo una interferencia desproporcionada e innecesaria contra la libertad de expresión. Lo más seguro es que haya una condena contra Ecuador a finales de este año o a comienzos del otro.
Este problema ha sido sobrediagnosticado en varias partes del mundo. Un grupo de expertos de la plataforma de protección de periodistas del Consejo Europeo explicó en un informe reciente que, en muchos casos, basta con recibir una carta intimidatoria por parte de una firma de abogados poderosa. Si uno ve una carta con el listado de apellidos, términos legales, anuncios de que podría terminar en la cárcel o en bancarrota, puede sentirse intimidado. Esto parece ser el manual que aplicó Ramírez con el envío de una carta de su abogado, Abelardo de la Espriella, para que su periodista rectificara. Como Mcdermott se mantuvo en su publicación, procedieron a denunciar.
Las palabras de Ramírez dan a entender que está dispuesta a denunciar y seguir adelante cuando haya publicaciones que no le gusten. Que este tipo de presiones vengan de parte de un funcionario del nivel de la vicepresidente es demasiado grave para la democracia. El cargo que ocupa Ramírez representa mucho poder y eso puede causar sesgos sobre los fiscales o jueces que actúen en los casos.
Los periodistas quedan en una situación de desigualdad muy grande y esto puede llevarlos a retractarse por el miedo, no porque la denunciante tenga razón. En 2005, este desbalance fue considerado como clave por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una demanda millonaria que presentó McDonalds contra dos activistas que repartían panfletos en la calle (resumida en el documental Mclibel). Las personas que publican asuntos de interés público deben tener garantías de que no habrá desbalances en un eventual proceso contra ellos. Esto es muy difícil de lograr en un proceso penal iniciado por la vicepresidenta.
Claro que los funcionarios públicos pueden actuar para proteger su honor, pero no lo pueden hacer de una forma tan desproporcionada. Sus actuaciones y su vida son asuntos de interés público y esto es más evidente entre más alto es el cargo. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos protegió la libertad de expresión de dos periodistas que escribieron sobre la existencia de un hijo por fuera del matrimonio del expresidente argentino Carlos Menem, así como sobre la relación entre estos y la madre del primero, que solía incluir regalos lujosos y gestiones políticas. La Corte dijo que este asunto tan privado, más allá de si involucraba dineros públicos o no, estaba relacionado con la integridad de Menem como presidente.
Ramírez podrá denunciar y presionar por medio de sus abogados y podrá llorar en las entrevistas que quiera, pero eso no borrará que las investigaciones sobre ella son un asunto de interés público y, en muchas ocasiones, podrán generar cuestionamientos sobre su integridad. Es el peso del cargo que ocupa.
*A Emmanuel lo encuentran aquí.
