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Así va el agarrón entre la Contraloría y Justicia y Paz

María Flórez - Junio 2, 2017

Magistrados cuestionaron un informe de la Contraloría que dice que el juzgamiento de los 'paras' ha sido "insatisfactorio".

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El exjefe paramilitar Ramón Isaza fue condenado en una de las 47 sentencias que mencionó la Contraloría en su informe. Foto: Zona Cero

Medir en números o en impacto el trabajo de los jueces que sentencian a los criminales de guerra. Esa es la discusión que abrió la Contraloría de Edgardo Maya a finales de abril pasado, cuando publicó un informe de 52 páginas en el que concluyó que el proceso de Justicia y Paz (JyP), que juzga a más de dos mil paramilitares, cumplió su aniversario número 11 con “resultados insatisfactorios”. Una conclusión que cayó muy mal entre los magistrados que juzgan a los ‘paras’, quienes le acaban de enviar duras respuestas a la Contraloría.

La disputa ha tomado un cariz de dilema: ¿Qué es mejor: más condenas como pide el ente de control o más verdad y reconciliación, como dejan entrever los tribunales en su respuesta?

La discusión toma vigencia ahora, pues es apenas un abrebocas de lo que vendrá con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se acordó en La Habana bajo la premisa de que será el súper tribunal que le pondrá fin al juzgamiento de los grandes criminales de guerra y violadores de derechos humanos en Colombia, vengan de las filas del Ejército o de la guerrilla.

Veamos, entonces, en qué va la pelea.

Los números del contralor

La cifra de la Contraloría que saltó a los titulares de prensa es contundente: en 11 años (2005-2016), Justicia y Paz se gastó más de $11 billones de la plata de los colombianos y solo emitió 47 sentencias contra 195 paramilitares y guerrilleros (del Ejército Revolucionario Guevarista de Colombia).

Ese número de condenados representa el 8% de los excriminales que comparecen ante los tribunales de JyP, a la par que las sentencias abarcan el 6% de los hechos presentados por la Fiscalía y el 12% de las víctimas relacionadas con esos hechos.

Además del ‘bajo rendimiento’ de los magistrados, la Contraloría cuestionó que solo el 16% de las víctimas haya participado en las audiencias de versión libre, que es cuando los ‘paras’ confiesan sus delitos.

La otra crítica del informe es que, pese a las millonarias indemnizaciones ordenadas en las sentencias, la Fiscalía y los magistrados solo han concretado la extinción de dominio del 56% de los 1.524 bienes que han entregado los ‘paras’.

Los recursos entregados por los procesados solo han servido, de acuerdo con la Contraloría, para pagar el 6% de los más $79 mil millones que se les han entregado a las víctimas. La entidad también cuestionó que las indemnizaciones solo cubrieran el 2% de las víctimas directas, frente al 70% de las víctimas indirectas reparadas.

La Contraloría, además, aseguró que de los $11 billones gastados nueve se destinaron a la reparación, por lo que menos de $2 billones se han utilizado en “las labores de investigación y juzgamiento, así como en la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto”. El informe concluye que, “de continuar con el mismo ritmo”, JyP necesitará otros cinco años para condenar a los ‘exparas’ y exguerrilleros que están en cola.

Con todo, la Contraloría dijo que los tiempos del proceso obedecen al “gran número de víctimas y hechos delictivos”, a las reformas que se le han hecho a la Ley de Justicia y Paz y a la lenta adaptación de los funcionarios y de la estructura del Estado frente a los retos de la justicia transicional.

La entidad también valoró que el trabajo de JyP hubiera permitido reconstruir los ataques sistemáticos contra la población civil, conocer las relaciones de políticos y empresarios con paramilitares, y entregar los restos de “miles de personas desaparecidas”. Sin embargo, sentenció que “los resultados, después de una década, no corresponden a las expectativas planteadas” en 2005, cuando el Congreso promulgó la Ley.

Las respuestas de los magistrados

Durante la última semana de mayo, los magistrados de las salas de Justicia y Paz de Medellín y Bogotá se pronunciaron contra el informe de la Contraloría, alegando que su trabajo no podía medirse solamente en números y que arrancaron funciones no en 2005, sino en 2008, cuando la Fiscalía radicó la primera imputación.

El presidente de la sala de Medellín, Juan Guillermo Cárdenas, dijo que “es imposible valorar el trabajo únicamente en términos de sentencias”, porque en los juicios hay espacios de participación de las víctimas en los que se les ha permitido reivindicar el buen nombre de sus familiares asesinados, así como escuchar las peticiones de perdón de los victimarios. Igualmente, Cárdenas resaltó que fue en desarrollo de JyP que la Fiscalía pudo identificar y entregar 3.994 restos de personas dadas por desaparecidas.

Sobre ese mismo tema, los magistrados de Bogotá aseguraron que, para garantizar la participación de las víctimas en las audiencias, fueron ellos quienes gestionaron recursos con agencias de cooperación internacional como la Misión de Apoyo al Proceso de la Paz de la OEA y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con el fin de que “apoyaran la logística, alimentación y transporte de las víctimas” en más de 50 municipios golpeados por la guerra.

Otro punto de los magistrados es el de la reconstrucción de la verdad judicial. En las cartas enviadas a la Contraloría, insisten en que gracias a JyP el país ha podido conocer las circunstancias y los “lugares recónditos de la geografía colombiana” en los que ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, develando la historia de las distintas estructuras paramilitares, sus estrategias, redes de apoyo y fuentes de financiación, así como los impactos que causaron sobre la población civil, como la violencia contra las mujeres y más de una veintena de masacres. Todo ello, dijeron desde Bogotá, ha requerido “una mayor carga de trabajo para la Fiscalía y los despachos, que debían contar con la asesoría especializada de profesionales en ciencias sociales y estadística”.

El último punto de la defensa de los togados tiene que ver el volumen de trabajo, la dimensión de los procesos y las dificultades institucionales. Mencionaron, por ejemplo, que ellos no están juzgando delitos ordinarios, sino “crímenes de lesa humanidad y de guerra que se presentaron durante múltiples años en el país”, que hay expedientes (como los de los bloques Bananero y Calima) que tienen más de 450 cuadernos y carpetas, que para ordenar reparar a las víctimas deben “tasar individualmente los perjuicios”, y que los fiscales de JyP tienen una “alta rotación”, por lo que a menudo las investigaciones se retrasan y los nuevos fiscales “deben comenzar desde cero”.

Por todas esas razones, insisten, el proceso no puede calificarse como “insatisfactorio”. El magistrado Cárdenas reiteró que “estos otros ‘resultados’ contribuyen a la reconciliación, la construcción de un mejor país y el propósito de paz”. No obstante, la Contraloría, que se encarga de vigilar el gasto estatal, concluyó que “la magnitud de los recursos públicos destinados a la implementación de esta Ley no corresponde con los resultados objetivos”.

Habrá que esperar la eficacia de la Jurisdicción Especial para la Paz para medir la efectividad de los mecanismos de justicia transicional en Colombia. A la JEP asistirán no solo guerrilleros y militares responsables de crímenes graves, sino los civiles que hayan participado decididamente en la comisión de esos delitos. Se trata, en suma, de ponerle punto final a la guerra garantizando los derechos de las víctimas.