OPINIÓN | En varias regiones del país hay una mezcla explosiva de débil presencia institucional y alta vulnerabilidad social.
Esta columna forma parte de nuestro proyecto #NiUnMuertoMas, de la estrategia latinoamericana de reducción de homicidios Instinto de Vida de Open Society Foundations e Igarapé. Para ver todos los contenidos haga clic aquí.
Si bien en 2016 la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes llegó a su nivel más bajo en las dos últimas décadas (25,2), este promedio esconde diferencias territoriales notables. El descenso en los niveles de violencia letal no se ha dado por igual en todos los municipios y en algunos casos se ha recrudecido.
Resalta el hecho de que en los últimos cinco años (2012-2016) el número de municipios que tiene una tasa por encima del doble de la tasa nacional (por lo menos dos veces mayor a 50 por cien mil habitantes) ha permanecido estable en el tiempo (alrededor del 12 por ciento), concentrando una tercera parte de los homicidios que ocurren en el país. En estos lugares, que pueden variar de un año a otro, la violencia se expresa en niveles alarmantes y en algunos casos crónicos. Las causas son múltiples, pero en estos espacios suelen encontrarse una mezcla explosiva de débil presencia institucional, alta vulnerabilidad social y una fuerte influencia criminal.
El término “violencia crónica” fue propuesto por Jeniffer Pearce (2007) y luego usado por Toni Adams (2012) considerando tres dimensiones: 1)La intensidad: la tasa de muerte violenta al menos duplica la tasa promedio de los países ubicados en la misma categoría de ingreso; 2) El tiempo: Los niveles altos de violencia se mantienen al menos por cinco años, y 3) El espacio: los homicidios ocurren en múltiples espacios sociales.
Este concepto resulta relevante para el caso de Colombia, ya que visibiliza el hecho de que la violencia se reproduce y se arraiga e incluso se puede llegar a considerar como un hecho “normal” que ha acompañado a las comunidades durante mucho tiempo. Este tipo de violencia va acompañado del trauma, el trastorno del desarrollo social y la destrucción de las prácticas ciudadanas.
Considerando el periodo 2012-2016 y tomando como referencia el promedio de la tasa nacional para cada año, se encuentra que 28 municipios estuvieron por encima del doble de la tasa nacional por cinco años consecutivos (lo que denominaremos violencia crónica) y 35 municipios se mantuvieron por encima durante cuatro años (violencia intensa). Tomando solo 2016, estos 63 municipios, que equivalen al seis por ciento del total, concentraron el 26% de todos los homicidios ocurridos en el país y solo la ciudad de Cali presenció el 10% de todos los asesinatos que tuvieron lugar en Colombia.
Como se puede observar en el mapa, estos municipios se concentran en regiones específicas: El Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca y el Noreste antioqueños, Chocó, el Norte del Valle y el norte del Cauca. Además, en este grupo se encuentran municipios con violencia crónica como Tumaco (Nariño), Puerto Gaitán (Meta), Flandes y Rovira (Tolima), y ciudades como Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca). Si bien estos lugares han enfrentado violencias provocadas y reproducidas por múltiples actores y motivaciones, que tienen profundas consecuencias para el tejido social, en la mayoría de los casos el homicidio ha sido movilizado por facciones armadas ilegales —tanto guerrillas como organizaciones criminales—.
Al analizar la serie histórica de mapas de municipios cuya tasa de homicidios fue más del doble de la tasa nacional (2012-2016) es posible identificar al menos tres tipos de territorios.
En el primer conjunto se encuentran departamentos en los que el cese al fuego y el proceso con las Farc han influido en el descenso de las tasas de homicidio. Aquí se encuentran Putumayo, Caquetá y Meta, así como el Noreste de Antioquia, donde se puede observar que el número de municipios que tenían tasas que doblaban el promedio nacional ha disminuido, especialmente durante el 2015 y el 2016. Como hemos señalado desde la Fundación Ideas para la Paz, en zonas de clara influencia de las Farc los descensos han sido significativos, con una caída notable en el número de muertes en combate.
Municipios cuya tasa de homicidios es más del doble del promedio nacional (2012-2016)
En un segundo grupo se encuentran las zonas donde la violencia se ha mantenido en niveles altos. Aquí se encuentran municipios ubicados en el Norte del Valle, Chocó y el Bajo Cauca Antioqueño. A pesar de los descensos presentados, estos territorios aún no logran tener tasas de homicidios por debajo de 50 por cien mil habitantes.
Y finalmente un tercer grupo de regiones y departamentos donde aumentó el número de municipios que tienen tasas superiores al doble del promedio nacional. Aquí se encuentra Nariño, que pasó de tener dos municipios en esta categoría en 2015 a nueve en 2016 (resaltando Tumaco, que pasó de una tasa de 65 en 2015 a una de 72 en 2016), así como el Catatumbo y sus inmediaciones, que aumentó de seis a 13 municipios (destacándose Teorama, que pasó de 60 homicidios por cien mil habitantes en 2015 a 109 en 2016, y Tibú que subió de 77 a 114).
Solo tomando 2016 es relevante mencionar que 144 municipios superaron en más del doble la tasa nacional. El dato preocupante es que 97 presentaron alzas —empeoraron— y nueve permanecieron estables, mientras que 33 tuvieron bajas notables —de más de diez puntos— y cinco, descensos menores a diez puntos. En la siguiente tabla se encuentra la lista de los diez municipios con las tasas más altas en 2016.
Aunque cada uno de estos territorios requiere de un análisis particular y local de la violencia, es posible señalar la influencia de organizaciones armadas al margen de la ley —como el ELN y el EPL—, así como facciones criminales de distinto tipo. Adicionalmente, no es un tema menor que en la segunda posición se encuentre Briceño (Antioquia), epicentro del proceso de paz en donde se implementa el piloto de desminado y el esfuerzo conjunto de sustitución de cultivos.
A partir de los datos y tendencias presentados es posible señalar tres conclusiones:
Primero, los dividendos del proceso con las Farc, en lo que tiene que ver con el descenso de la violencia letal, no se han sentido con la misma intensidad en todos los territorios.
Segundo, el número de municipios con una tasa superior al doble de la tasa nacional han permanecido estable: representan el diez por ciento del total y concentran una tercera parte de los homicidios.
Tercero, hay territorios donde los niveles de violencia pueden ser catalogados como crónicos e intensos, generalmente ligados a la presencia de actores y mercados ilegales. En estos lugares, el fin de la guerra con las Farc no ha hecho mella, por el contrario, ha generado vacíos de poder y estimulado disputas.
Además, hay zonas donde la fragmentación criminal ha dejado territorios sin orden y violencias cotidianas y enquistadas, como sucede en el norte del Valle, por ejemplo. En lo inmediato, estos territorios requieren de medidas de carácter humanitario que se propongan la protección de la población, al menos mientras el Estado encuentra la manera de hacer frente a esta guerra cambiante.
*Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz.
