Ella le apostó a conservar los ecosistemas del Pacífico chocoano por medio del turismo comunitario y sostenible. En el primer semestre de este 2020 fueron asesinados 47 ambientalistas en Colombia.
“Si yo me muero mañana, no habría una sola persona en el funeral que no dijera: “Marica, esta vieja hizo de todo. A esta vieja no le quedó faltando nada”. Y eso es de las cosas que más aprecio de mi vida”. Durante casi cuatro años, Juana Perea se dedicó a defender el medioambiente y a promover el ecoturismo en Nuquí, un pueblo de la costa chocoana. Ayer, lastimosamente, la asesinaron y dejaron su cuerpo frente a una estación de Policía
Ella se suma a la lista de líderes en Colombia que les costó la vida defender los recursos naturales. Entre enero y junio de este año, de acuerdo con la Procuraduría, 47 ambientalistas fueron asesinados. Y según el más reciente informe de la organización Global Witness, somos el país más peligroso para los líderes ambientales, pues con 69 casos ocupamos el primer puesto en el listado de naciones con más muertes en 2019.
Colombia, el país más mortífero para los líderes ambientales en 2019
Perea, quien tenía 50 años y era colombo-española, encabezaba el gremio de hoteleros de Nuquí, una de las zonas más turísticas del Pacífico colombiano debido a sus playas, al Parque Nacional Natural Utría y a la posibilidad de avistar ballenas. Junto con su esposo, ella construyó un ecohotel en el corregimiento de Termales. Durante la cuarentena por la pandemia estuvo trabajando en la adaptación de protocolos de bioseguridad para las posadas turísticas de la zona.
Ella también era una lideresa comunitaria. El confinamiento obligatorio por el Covid-19 perjudicó el bolsillo de muchas familias nuquiseñas. Por esa razón creó ‘El costurero del Golfo’, un emprendimiento donde las mujeres de Termales podían ganar algo de dinero para cubrir los gastos de su familia.
Además de su trabajo con la comunidad y con la industria turísticas de Nuquí, Perea se opuso a la construcción de un puerto en el Golfo de Tribugá. Se trata de un proyecto que pone en riesgo a los ecosistemas del Pacífico chocoano y a las tradiciones de los habitantes de pueblos como Nuquí. El Gobierno Nacional decidió hace un mes no otorgar la licencia para la construcción del puerto. Sin embargo, la intención de llevar a cabo este proyecto sigue latente.
“Juana era como la mamá de todos, era una luz para la comunidad de la zona. Donde la necesitaban ahí estaba, ya fuera para alzar la voz contra el puerto de Tribugá, para apoyar a la Liga de Surf del Chocó o para lo que fuera. Tenía su mano extendida para ayudar a todo el que necesitara”, recordó Kathy Sutton, presidenta de la Liga de Surf del Chocó, en Semana.
El asesinato de esta lideresa se da en medio problemas de inseguridad en el Chocó. La presencia del Clan del Golfo viene creciendo en el departamento desde que se decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia. Ese grupo armado ilegal aprovechó esta situación para expandirse y muestra de ello es el recrudecimiento de la violencia.
Yefer Gamboa, alcalde de Nuquí, denunció que en su municipio solo cuenta con nueve policías para proteger a una población de al menos 6.000 habitantes. “Nosotros hace rato venimos haciendo unas solicitudes al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a la Armada sobre aumento de pie de fuerza. También pedimos una sede de la Fiscalía. La verdad es que acá no hay quién investigue los crímenes”, le dijo a El Espectador.
Justamente el Congreso en los próximos días debe decidir si ratifica o no el Acuerdo de Escazú, un tratado que ya firmó Colombia y que obliga al Estado a dar garantías de seguridad a los líderes ambientales, entre otras medidas para protegerlos. Ya van cuatro veces que se aplaza esta discusión. Es urgente que se ratifique, pues no paran de matar a quienes defienden nuestros recursos naturales.
