Pese a la insistencia de los colectivos y de la precaria situación que padecen los líderes ambientales en el país, la discusión sobre el futuro del Acuerdo de Escazú es cada vez más incierta.
Por segunda vez, el Congreso de la República aplazó la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este miércoles estaba previsto el primer debate del Proyecto de Ley que confirmaría la validez de la firma que dio el Gobierno el 11 de diciembre del 2019. Sin embargo, los presidentes de la Cámara y el Senado encontraron que sería inoportuno hacerlo por ser día de Paro Nacional.
El Acuerdo de Escazú es un tratado medioambiental que tiene como objetivos el acceso a la información sobre derechos ambientales, y garantizar la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Los primeros países que firmaron lo hicieron el 29 de septiembre del 2018 y Colombia lo hizo en noviembre del año pasado. El hecho es que sólo 10 lo ratificaron.
Ratificar el acuerdo significa un compromiso en avanzar en la implementación de derechos de acceso a información ambiental, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Deben brindar información actualizada a las poblaciones y garantizar que la ciudadanía participe en las decisiones ambientales, sobre todo si estas tienen implicaciones con su entorno y/o salud.
El principal aporte que el Acuerdo de Escazú le puede dar a Colombia, es el respaldo formal a líderes ambientalistas y defensores de la tierra. Este tratado garantiza y reconoce la protección de los ambientalistas, una política necesaria en el país por las preocupantes cifras de asesinatos a quienes ejercen este tipo de liderazgo. Con 56 asesinatos Colombia fue el país con más asesinatos de líderes ambientales en el 2019.
Colombia, el país más mortífero para los líderes ambientales en 2019
El aplazamiento del debate decepcionó a los sectores más ecologistas del Congreso. Consideraron que el Paro no era suficiente impedimento para sesionar pues el debate era virtual. El senador de Alianza Verde Antonio Sanguino calificó esa decisión de sospechosa e inadmisible; su compañera de bancada, Angelica Garzón aseguró que esa falta de voluntad política se debe a “sectores que generan desinformación y opacidad, para defender sus intereses personales”.
El aplazamiento también dibujó un panorama de preocupación a las más de 130 organizaciones ambientalistas, que en una carta pública les solicitaron a Duque y al Congreso ratificar el acuerdo, y también para las más de 11.000 personas que firmaron una petición en la plataforma Change.org en apoyo a este tratado.
En julio de este año, el presidente Duque radicó un proyecto de ley donde asignaba un carácter urgente a su ratificación. Pese a esa intención, partidarios del Centro Democrático y líderes gremiales han estigmatizado el tratado ya que lo consideran un atentado a la soberanía y un entorpecedor al desarrollo de proyectos. No se ponen de acuerdo el presidente y su partido.
Al parecer algunos senadores no leyeron el acuerdo, porque sobre la soberanía, los numerales 3 y 4 del Acuerdo de Escazú mencionan los principios de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, y aseguran que las obligaciones contenidas en el tratado deberán ser incorporadas por cada país según su propia legislación, sin que estas limiten o deroguen otros derechos.
Paradójicamente cuando se firmó el Acuerdo, en noviembre del 2019, el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto dijo que “la firma de este instrumento ratifica el indeclinable compromiso del Presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente”. Hoy, tras casi un año de esas declaraciones, no hay rastros visibles de voluntad política para su implementación.
