La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó nuevamente a las víctimas del caso número 003, por ejecuciones extrajudiciales.
El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado pisó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la mañana de este martes. Llegó a someterse a la justicia transicional después de ser condenado a 46 años de prisión por la desaparición y homicidio de cinco jóvenes de Soacha. En medio de las polémicas que giran alrededor de este organismo judicial, existen militares como Rincón Amado que buscan beneficios a cambio de decir toda la verdad.
“Mi compromiso es ofrecer una verdad plena”. Esto fue lo primero que dijo en frente de las víctimas de los “falsos positivos”: asesinatos extrajudiciales en manos del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“Solo conociendo la verdad completa llegaremos a mitigar ese dolor y esa cruz que hemos cargado durante ya 11 años, por lo que lo invito señor Amado a que aporte a la construcción de justicia, que es una responsabilidad que también le pertenece” dijo Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez.
Esta audiencia ocurrió después de que la Sección de Apelaciones negara la petición de nulidad que presentó una de las víctimas para frenar el proceso de Rincón Amado en la JEP. La Sala de Definición de situaciones Jurídicas y la de Reconocimiento de la Verdad organizaron la audiencia con las víctimas y escucharon los argumentos de las víctimas y el procesado.
Recordemos que Gabriel de Jesús Rincón Amado tiene beneficio de libertad transitoria y condicionada, por someterse al Caso 003 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El compareciente firmó el acta de sometimiento ante la JEP el 4 de mayo de 2018 y asumió el compromiso de aportar toda la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas.
Los representantes legales de las víctimas pidieron la verdad como una muestra del compromiso del coronel retirado. El crimen de lesa humanidad del que se le acusa ocurrió hace 10 años en el barrio San Nicolás de Soacha, Cundinamarca, donde sucedieron las desapariciones de los cinco jóvenes.
En el período 2008 y 2009, jóvenes entre 20 a 25 años fueron apareciendo como NN en Ocaña, Norte de Santander, en la Veredas las Casitas y la Vereda agua de la Virgen. El Ejército los presentó como “muertos en combate” o “criminales”. Rincón Amado fue jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas y, según su sentencia condenatoria, sabía que sus subalternos buscaban civiles para presentarlos como muertos en combate.
En la audiencia se dejó algo claro: los derechos de las víctimas deben estar primero. Hasta el momento se han entregado 55 versiones sobre el Caso 003. Idaly Garcerá y Carmenza Gómez le pidieron a Gabriel de Jesús Rincón Amado un aporte diferente a lo que ya ha dicho en otros estrados judiciales. También le preguntaron sobre otros militares o políticos que tuvieron vínculos con el escándalo de los ‘falsos positivos’.
Rincón no dijo nada nuevo, pero se comprometió a entregar la verdad plena. “En lo que se refiere a responsabilidad y determinación de hechos y conductas lo he manifestado aportando documentos, aportando evidencias (…) No voy a permitir que quede un manto de duda o incertidumbre frente a cada uno de los hechos, porque es mi compromiso moral (…) claro que tengo una responsabilidad frente a estos hechos (…)”.
Carolina Daza, representante en la audiencia de Idaly Garcerá Valdez, le preguntó al compareciente, una vez más, qué le va a aportar a las víctimas. Rincón dijo que el perdón y la verdad plena. Para Daza, no todos los hechos deben tomarse en el marco del conflicto armado, pues, dice, se estaría dejando de lado una violencia socio-política que hubo detrás de los falsos positivos.
La representante de las víctimas insistió en que las ejecuciones extrajudiciales fueron planeadas. De hecho, argumentó que solo basta ver los pagos que le daban a los militares para darse cuenta que las ejecuciones estaban enmarcadas en un plan político. La defensa del militar señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que Colombia vive un conflicto armado de 50 años, y que los hechos sucedieron en el marco del mismo.
La audiencia finalizó con el acuerdo de las dos partes, sugiriendo una nueva audiencia para verificar y llevar un monitoreo de las pruebas brindadas. La Sala de Reconocimiento programará audiencias públicas de observación por parte de las víctimas, para que puedan acceder a las versiones voluntarias en el caso. La sala le dará la palabra a las victimas y familiares para que esclarezcan sus preguntas y consideraciones.
