Asesinato de periodistas ecuatorianos: manual para ocultar violaciones de derechos humanos El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo por el frente Óliver Sinisterra que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Foto: Periodismo Sin Fronteras.
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Asesinato de periodistas ecuatorianos: manual para ocultar violaciones de derechos humanos

Colaborador ¡Pacifista! - Octubre 26, 2018

OPINIÓN | Seis meses después del asesinato de tres trabajadores del diario 'El Comercio' en la frontera, los gobiernos involucrados mantienen en secreto información necesaria para aclarar la verdad.

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Por: Emmanuel Vargas Penagos*

Han pasado seis meses desde el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra (todos de El Comercio) en la frontera de Colombia con Ecuador. Desde el primer momento, el crimen estuvo plagado de información confusa o de secretos. ¿Será que se busca tapar alguna falla por parte de los gobiernos en proteger y garantizar la vida de estas personas? Las negligencias u omisiones también son violaciones a derechos humanos y debe haber garantías para saber si existieron.

Este es el manual para tapar violaciones de derechos humanos que pareciera guiar las actuaciones de los gobiernos:

Confunde para evadir

El pasado 24 de octubre, un grupo de ONGs y de medios de comunicación publicó un especial que adentra en las circunstancias del crimen cometido por el Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias ‘Guacho’. Ese reporte detalla las contradicciones e inconsistencias de la información presentada por los gobiernos ecuatoriano y colombiano sobre sus esfuerzos para un rescate o liberación negociada.

Durante el secuestro, los gobiernos se dedicaron a tirarse la pelota. En Colombia se decía que el caso era un asunto ecuatoriano, mientras que en Ecuador se decía lo contrario. Pero esta no fue la única forma de confundir: El gobierno ecuatoriano ha dicho que adelantó negociaciones para la liberación desde el 27 de marzo, mientras que la investigación por los hechos muestra que el primer contacto ocurrió el 31 de ese mes.

Otra confusión determinante ocurrió el 28 de marzo cuando El Tiempo publicó que los periodistas habían sido liberados. Era falso. Según la pareja de Rivas, la noticia parecía venir del entonces Ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas. En el lado ecuatoriano, el Ministro del Interior, César Navas, dice que se enteró de la supuesta liberación a través de los medios colombianos, mientras que el recuento de los hechos haría pensar que él conocía la noticia desde horas antes. Incluso, hay información de que el gobierno ecuatoriano habría ordenado alistar un helicóptero militar para recoger a los rehenes. ¿Qué pasó en realidad?

Meses después del crimen y a pesar de que el gobierno ecuatoriano se comprometió a desclasificar toda la información de lo sucedido, los familiares de las víctimas solo han recibido respuestas parciales que no ayudan a esclarecer los hechos.

El exceso de información confusa podría mostrar, en principio, falta de planeación y torpeza en el manejo del caso. Pero esto tiene un efecto muy grave: Se pierde la noción de la verdad. Las autoridades judiciales, la ciudadanía y la familia de los afectados terminan desinformados y esto dificulta cualquier acción. Todos son culpables y todos son inocentes. Todo es cierto y falso al mismo tiempo.

Escúdate en la ¿ley?*

Pocos días después del asesinato, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP- presentó un derecho de petición al Ministerio de Defensa colombiano. La FLIP buscaba que el Ministerio entregue información relacionada con los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis que manejaba el gobierno.

El Ministerio de Defensa entregó información incompleta y negó parte de lo que pidió la FLIP bajo el argumento de ser reservada “por motivos de defensa y seguridad nacional”. La FLIP presentó una tutela que perdió en primera instancia. En segunda instancia, el 8 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá le dio razón en parte a la FLIP: el Ministerio debe entregar información sobre la cantidad de operativos de control territorial que hizo el gobierno colombiano en la zona y periodo de tiempo en que ocurrió el secuestro. Hay mucha información que el Tribunal no estuvo de acuerdo en que fuera entregada. La última esperanza es que la Corte Constitucional escoja la tutela y cambie la decisión.

El Ministerio de Defensa y los jueces que tuvieron a cargo esta tutela ignoraron la Ley de Acceso a la Información o, en el mejor de los casos, solo usaron las partes que eran convenientes para el secreto. Una entidad no puede simplemente decir que una información es reservada por motivos de defensa y seguridad nacional: tiene que decir la Ley o el artículo de la Constitución que permiten esa reserva y, además, tienen que mostrar pruebas de que se causará un daño inevitable y concreto al entregar los documentos o datos. Peor aún, el Ministerio y los jueces ignoran que la Ley de Acceso a la Información dice que no aplicará ninguna reserva en casos de violaciones a derechos humanos.

No es la primera vez que el gobierno hace cosas parecidas. En el 2007, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa que entregue los nombres de integrantes de la fuerza pública que se encontraban en determinada zona y momento en los que ocurrieron violaciones a derechos humanos. Algo similar ocurrió con una tutela contra la Policía en 2010. En ambos casos, las entidades se dedicaron a dar evasivas y dilaciones a lo pedido.

En Colombia existe una costumbre de negar información útil para esclarecer violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de esto es el Proyecto de Acto Legislativo que presentó el Centro Democrático para que las entidades de la justicia transicional no puedan acceder a documentos reservados que se relacionen con la seguridad nacional.  Como bien lo contó la revista Semana hace unos días, el uribismo y algunos sectores relacionados con el sector defensa quieren dar el pulso para mantener el secreto de información que pueda esclarecer irregularidades cometidas por el Estado en el marco del conflicto.

*A la fecha en que se escribe esta columna, el Ministerio de Defensa no había entregado la información. Hay que escudarse en la ley, pero solo cuando conviene.

Destruye para escapar

No parece ser el caso, pero algo que puede ocurrir con tanto secretismo es la destrucción de información. Los ejemplos están: Tal y como lo ha denunciado la periodista Claudia Julieta Duque, hay información del extinto DAS que está desapareciendo. Esto dejaría en impunidad varios casos de violaciones de derechos humanos contra magistrados, periodistas, políticos de oposición, ONGs y defensores de derechos humanos. Algo similar pasó en Brasil, donde documentos antiguos y secretos sobre una masacre fueron destruidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos castigó a Brasil por estos hechos en 2010.

Seis meses no son suficientes para la investigación y sanción de un crimen tan grave como el de los tres trabajadores de El Comercio. Pero esto no es excusa para que la información se maneje de esta forma. La historia ha mostrado cómo terminan las cosas cuando se actúa así: La condena contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia dice que hay conductas del Estado que “han facilitado el ocultamiento de lo ocurrido o impedido y dilatado su esclarecimiento”. El resultado: Todos son culpables y todos son inocentes. Todo es cierto y falso al mismo tiempo.

Todavía estamos a tiempo para que no se repita la fórmula.

*En Twitter: @EmmanuelVP