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Internet está poniendo en peligro la democracia, y solo internet puede salvarla
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Internet está poniendo en peligro la democracia, y solo internet puede salvarla

Colaborador ¡Pacifista! - marzo 31, 2017

OPINIÓN | Las redes sociales y los motores de búsqueda nos están volviendo intolerantes.

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OPINIÓN | Las redes sociales y los motores de búsqueda nos están volviendo intolerantes.

Foto: Flickr – Jorge González

Este artículo es producto de la alianza entre ¡PACIFISTA! y DemocraciaAbierta. Lea el contenido original aquí.

Por Marco Konopacki

La democracia está en peligro. A pesar de que estamos asistiendo a la expansión de las formas de expresión y de intercambios interpersonales, el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación puede hacer tambalear cualquier democracia si no viene acompañado de soberanía sobre los datos que producimos.

Las plataformas de comunicación y las redes sociales acumulan una cantidad enorme de datos sobre sus usuarios. La excusa para guardar nuestros datos es que sirven para ofrecernos una mejor experiencia mediante la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Facebook, por ejemplo, aprende de las experiencias de sus usuarios y ofrece a cada uno un determinado contenido en función de sus intereses. Si a alguien le gusta ver imágenes de gatitos, es muy probable que Facebook priorice mostrarle gatitos a este usuario y le ofrezca, de paso, toda la publicidad asociada a los mismos.

Igualmente, Google aprende de las búsquedas que hacen sus usuarios. Guarda todo su historial de búsquedas y, cuando realizan una nueva búsqueda, intenta inferir lo que andan buscando. Si probamos a buscar un contenido como lo hacemos normalmente, y luego hacemos lo mismo de forma anónima, comprobaremos que los resultados de nuestra búsqueda son muy distintos.

Casi todos los servicios en internet buscan aprovechar la información producida por sus usuarios para establecer rutinas de aprendizaje automático. Cuanto más se usa Facebook o Google, más aprenden ambos y más probable será que nos ofrezcan el contenido adecuado en el momento adecuado. No es ninguna novedad: activistas que defienden los derechos en internet vienen avisando desde hace tiempo sobre esta cuestión.

Cuando las personas solo ven e interactúan con aquello que les es cercano, tienden a aislarse. La tendencia consiste en que las burbujas de contenido crecen y los círculos de interacción se limitan a las preferencias de cada uno. Esto supone la creación de una monocultura temática, que fortalece la intolerancia y la dificultad para observar las cuestiones desde distintos puntos de vista. Pero las democracias todavía no se han adaptado a esta nueva realidad tecnológica y social. Todavía parecen resistirse a perder sus viejas formas de funcionar, fundamentadas en el poder de los políticos y con poca o ninguna apertura hacia la participación popular. Las pocas iniciativas en este sentido son las consultas públicas, pero no exploran adecuadamente el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Al no adaptarse a esta nueva realidad, las instituciones están dejando un vacío político que está siendo ocupado por las grandes corporaciones de contenidos. Y estas empresas, al influenciar a los usuarios en la construcción de sus preferencias, acaban por ejercer un poder político considerable. Su negocio es procesar información y lo que las distingue es el uso de inteligencia artificial para hacer atractivo su contenido. Los problemas de fondo son que estas corporaciones obedecen a intereses privados, apenas rinden cuentas, y fundamentan su actuación en algoritmos poco auditables.

El reciente debate sobre las noticias falsas y la influencia de las redes sociales en las elecciones es el síntoma más llamativo del poder de que disponen ciertas plataformas para influenciar la política. La alta concentración de dicho poder en manos de unas pocas corporaciones podría suponer, en un futuro no muy lejano, el secuestro de la política y la privatización de la visión sobre el bien común. Es urgente pensar en cómo puede desconcentrarse ese poder, devolviendo a la política el carácter público que nunca debería perder.

Es preciso que el pensamiento político contemporáneo incluya en sus debates las formas en que debe introducirse la tecnología en el ejercicio de la política. Para ello, debe tener en cuenta una serie de coordenadas y principios:

  1. Descentralizar los sistemas de información: la producción de contenidos y de información no puede distribuirse a través de un solo canal.
  2. Hacer que los usuarios se sientan responsables de la información que producen y comparten, construyendo mecanismos de participación y pertenencia a través de la interacción con otros usuarios.
  3. Aumentar la transparencia de las prácticas políticas como forma de elevar la confianza e incentivar las prácticas participativas de los usuarios.
  4. Dar autonomía a los usuarios para que definan sus propios filtros, no filtrar de antemano la información que les llega.
  5. Fortalecer la diversidad social, étnica, económica y política de las redes de información.
  6. Construir protocolos abiertos que permitan una mejor operatividad entre plataformas y sistemas, incentivando el uso de programas de código abierto.
  7. Promover el comportamiento responsable de los ciudadanos a través de programas que eduquen en el uso de distintas herramientas digitales, con el apoyo de asistentes digitales y herramientas de coordinación para la actuación colectiva.

La aplicación de estos principios puede transformar el ejercicio de la política tradicional y la forma en que los ciudadanos participan en ella. Las tecnologías de información y comunicación han rebajado los costes de participación política: las consultas públicas online han permitido que millares de personas puedan intervenir a través de canales institucionales y han forzado a las instituciones a prestar atención a las preferencias de la ciudadanía en cuestiones de interés público. Sin embargo, dicho modelo está llegando ya a su punto de saturación, dejando al descubierto las limitaciones de un modelo político que no se ha transformado todavía.

El punto de inflexión en el uso de la tecnología aplicada a política es justamente este: cómo permitir que los ciudadanos puedan hacerla más inclusiva y deliberativa. Las consultas públicas, incluso aquellas que permiten el diálogo entre sus participantes, tienen todavía carácter de colecta de opiniones y no incentivan a que los usuarios lleven a cabo deliberaciones y lleguen a consensos. La inteligencia artificial aplicada a ese tipo de proceso puede conectar puntos de vista diferentes que de otro modo quedarían dispersos en la inmensa masa de información generada. Por otra parte, la tecnología puede favorecer la equidad participativa entre grupos heterogéneos y que grupos históricamente excluidos tengan la oportunidad de hacer valer su voz.

Asimismo, determinadas innovaciones democráticas en el campo digital pueden ayudar a construir sistemas más transparentes y auditables. Blockchain es la principal herramienta para implementar esta trasformación. Básicamente, es una red de distribución de datos basada en la confianza entre pares que establecen su autenticidad a través de contraseñas en criptografía compartida.

Los poderes públicos pueden utilizar dichas redes para publicar actuaciones de gobierno que pueden ser auditadas por cualquier ciudadano. Podrían publicarse, por ejemplo, las cuentas gubernamentales y, una vez colgadas en la red, cualquier intento de manipulación o fraude con relación a dicho datos quedaría bloqueado. Los ciudadanos, por su parte, podrían compartir datos relacionados, por ejemplo, con la movilidad urbana o el uso del espacio público, y estos datos serían distribuidos de forma descentralizada. El resultado sería, por una parte, que los ciudadanos pasarían a tener más soberanía en cuanto a la gestión de dichos datos y, por otra parte, que a los poderes públicos les servirían para orientar sus políticas.

Las innovaciones digitales tienen, por último, la capacidad de convertir el Estado en un ente más sensible y responsable a través del compromiso de la población en la formulación y aplicación de leyes. En aras a una buena salud democrática de nuestras sociedades es preciso que la población recupere el control de la agenda pública, a día de hoy pautada por los grandes medios de comunicación y los políticos tradicionales, que muchas veces responden más a intereses privados que al interés público.

En resumen: las transformaciones sociales y políticas en curso pueden sugerir un futuro amenazador y autoritario, el fin de la democracia y el advenimiento de una dictadura de robots que promuevan la intolerancia, controlados por una pequeña élite económica. Pero este proceso también puede crear una sociedad mejor que la que tenemos hoy, en la que la tecnología contribuya a nuestro propio entendimiento. Solamente la apropiación crítica de las tecnologías de la información y comunicación permitirá pensar en aplicaciones que promuevan la emancipación del ser humano y no su aislamiento y dominación.