#OPINIÓN | Si lo que dice en New York Times es cierto, el gobierno estaría violando la ley de Transparencia y Acceso a la información.
Por: Emmanuel Vargas Penagos
El 10 de marzo, el New York Times publicó un video que daría a entender que el incendio del camión con ayuda humanitaria en la frontera colombovenezolana habría sido iniciado accidentalmente por opositores al gobierno de Maduro. Esto sería distinto de la hipótesis que ha difundido la Casa de Nariño, que es que el presidente Maduro ordenó a la guardia venezolana que la caravana fuera quemada.
El artículo del Times y el periodista que hizo la investigación, Nicholas Casey, señalan algo que es por lo menos sospechoso: el principal insumo que se tiene por parte del gobierno colombiano es un video editado, al que le hace falta 13 minutos de grabación. El periodista Chasey dijo en una entrevista a la W que “es una cosa que hemos pedido del gobierno (el video completo) y nos han dado varias veces el video editado”.
El Canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo en una declaración a medios el 12 de marzo que no hay ningún tipo de manipulación por parte del gobierno. Pero el hecho de que, de acuerdo a lo dicho por el Times, sea tan difícil acceder al video completo, hace pensar que se incumplen obligaciones legales de entregar información completa al público.
Las declaraciones de Trujillo están acompañadas de un comunicado de prensa de la Cancillería que dice que “el video registra tan solo unos minutos de las más de 8 horas de grabación de los incidentes” pero no dice cómo acceder a ese material o si van a darlo a conocer.
Las entidades públicas tienen una obligación, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley de Transparencia), de facilitar el acceso a la información que tengan. Cuando se trata de información de alto interés público, se espera que esto se cumpla con más ganas. No basta con decir que el video es muy largo y el gobierno amablemente nos muestra lo más importante. La gente tiene derecho a ver el video completo y decidir por sí misma.
Claramente hay casos en los que la información que tiene el Estado, por ser peligrosa, debe mantenerse en secreto. Pero esto es algo que las entidades tienen que justificar de una forma clara y precisa. La Ley de Transparencia dice que se deben cumplir con tres requisitos: decir qué ley o artículo de la Constitución autoriza el secreto, decir qué finalidad se persigue (un ejemplo es proteger la seguridad nacional o las relaciones internacionales) y dar pruebas de que entregar la información causa un daño más grave que la posibilidad de que la gente conozca lo que se busca ocultar.
Chasey dijo en la W que no puede “explicar por qué el gobierno colombiano no ha publicado la grabación entera”. De acuerdo, esto es inexplicable. Si el gobierno simplemente divulga un video editado y no explica por qué no entrega el resto, está incumpliendo esa obligación legal. ¿Será que quieren ocultar un error o hacer quedar bien a alguien? El tema es que las entidades públicas no pueden negar información con el fin de “encubrir violaciones a la ley, ineficiencias o errores (…) ni para proteger el prestigio de personas, organizaciones o autoridades”, según el Decreto 1081 de 2015.
Esto nos lleva a lo sucedido recientemente con Claudia Salcedo, funcionaria de la Presidencia de la República a la que pidieron su carta de renuncia justo después de que contestara un derecho de petición con información que deja mal parado al gobierno en el debate sobre el uso del glifosato. Mientras que el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo en la Corte Constitucional que asperjar una hectárea de coca con aviones costaba dos millones de pesos, Salcedo había contestado en un derecho de petición que el costo era de 72 millones.
Aunque no es claro que la solicitud de renuncia de Salcedo haya sido fundamentada en la respuesta del derecho de petición, el hecho de que fuera después del incidente deja unas cuantas dudas. Pero más allá de esto, es preocupante que el Ministro de Defensa haya dicho unas cifras tan convenientes y posiblemente falsas en un espacio en el que se espera que esté preparado. ¿Es un error deliberado?
Tal vez se trata de errores de buena fe. El problema es que las entidades tienen una obligación más fuerte de ser diligentes en el manejo de información. No es posible que, de forma accidental o intencional, se entregue información incompleta o errónea. Es algo que hace mucho ruido, que desvía el debate público, reduce nuestra confianza en quienes nos gobiernan y es ilegal.
