Estas son las víctimas que apostaron por el “NO” y que exigen renegociar el Acuerdo

Piden cambios de fondo en temas como la justicia transicional, la reparación y la participación política de las Farc.

Que las víctimas eran el centro del proceso de paz fue una de las afirmaciones recurrentes que hicieron el Gobierno y las Farc durante los diálogos de La Habana. Por ello, le pidieron a la Universidad Nacional y a Naciones Unidas que realizaran cuatro foros para recopilar las recomendaciones y exigencias que miles de víctimas querían enviarle a la mesa de conversaciones. También le solicitaron a ambas instituciones que conformaran cinco delegaciones de 12 víctimas de todos los actores armados para que viajaran a Cuba y aportaran a la discusión sobre el punto cinco de la agenda.

Ambas cosas se hicieron, y en el Acuerdo Final se crearon nuevas instituciones y procedimientos para garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, privilegiando un enfoque colectivo y territorial. También se acordó la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, que las Farc empezaron con las víctimas de la masacre de Bojayá (Chocó), de la comunidad del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Nariño, y del barrio La Chinita, en Apartadó (Antioquia). La guerrilla, además, se reunió con los familiares de los asesinados diputados del Valle. El Gobierno, por su parte, reconoció su participación en el exterminio de la Unión Patriótica.

Fueron las ‘alabaoras’ de Bojayá, las mismas que le cantan al dolor causado por la masacre, quienes le dieron apertura a la ceremonia en la que el presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el Acuerdo Final. Luego, en el plebiscito, el 95% de los bojayaseños aprobaron ese documento. Con esos datos, y otras cifras en mano, muchos ciudadanos aseguraron en redes sociales que mientras las víctimas respaldaron la negociación, la mitad de los votantes les dio la espalda.

Pero el tema tiene matices. Tras el triunfo del No, otro grupo de víctimas se ha hecho visible y ha planteado nuevas exigencias. Se trata de cientos de víctimas de las Farc que alegan haber sido acalladas durante la negociación por motivos políticos. A la cabeza del sector que ahora negocia con el Gobierno está Diana Sofía Giraldo, la directora de la Fundación Víctimas Visibles.

Luego del plebiscito, Giraldo ha entrado dos veces a la Casa de Nariño. Primero, en la comitiva que acompañó al senador Álvaro Uribe en su reunión con el presidente, y luego al frente de una delegación de 14 víctimas que dialogó este martes con el propio Santos y con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Giraldo es columnista del periódico conservador El Nuevo Siglo, desde donde ha criticado duramente el proceso de paz. El pasado 24 de julio, un día después de que el Gobierno y las Farc firmaran el acuerdo sobre el fin del conflicto, escribió que el cese al fuego bilateral significaba que “todos los amenazados, extorsionados o aún secuestrados por las Farc” quedaron “totalmente indefensos, ante la quietud del Ejército y la Policía”. También dijo que “quisiera creer que la protección de los defensores de derechos humanos —pactada en el acuerdo— no será exclusiva sólo para quienes defienden los derechos humanos de las Farc”.

En su última visita a Palacio, Giraldo le pidió a Santos que le exigiera a las Farc liberar a los secuestrados que, según ella, todavía tienen en su poder. Al respecto, escribió en una de sus últimas columnas que es hora de que “los secuestrados que aún no han regresado a casa y que por maniobras de estadística política se enviaron a engrosar las listas de desaparecidos, vuelvan a tener los micrófonos de los medios y los reflectores de las cámaras”. Giraldo también ha asegurado que los negociadores se dedicaron a escuchar a las “víctimas de otros actores armados” y que la “ideología de género” es el “eje transversal” de los acuerdos.

Pero no es la única. Otro líder de víctimas de las Farc que le apostó al No es Fernando Vargas Quemba, que dirige el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (Vida). En 2013, Vargas mantuvo una agria disputa con el periodista Daniel Coronell, quien lo acusó en su columna de la revista Semana de promover grupos paramilitares y neonazis. En una extensa carta, Vargas se defendió y aseguró que es víctima de las Farc, defensor de derechos humanos y abogado de militares “víctimas de ideologías izquierdistas”.

En diálogo con ¡PACIFISTA!, Vargas dice que promovió el No porque él y las víctimas que representa no fueron consultadas durante la negociación. Según él, el Gobierno los apartó porque “no vamos por intereses personales, ni nos mueve la mermelada. Somos independientes, venimos de familias asesinadas por las Farc y reclamamos cosas muy puntuales, que no necesitan negociación, sino cumplimento”.

Vargas exige los comandantes guerrilleros paguen penas de cárcel y que se caiga la Jurisdicción Especial para la Paz, con el argumento de que es una “revancha judicial de las Farc”. Además, dice que las víctimas deben recibir otros beneficios: “Estamos en desacuerdo con que a las víctimas de las Farc no se les haya entregado ni una hectárea de todos los millones acordados (en el Fondo de Tierras), que de todas las carreteras que se van a hacer (en el campo) ninguna las beneficie, que no se les haya dado ninguna Circunscripción Especial ni ninguna emisora para reconstruir el tejido social”.

Y aunque algunas de sus peticiones coinciden con las del uribismo, asegura que no se siente identificado con el Centro Democrático: “Ninguno de los convocados a tomar tinto y galletas con mermelada a Palacio nos representa. Estos son sectores políticos que van a defender sus intereses, pero no a llevar nuestras peticiones”.

En otra línea de las víctimas que tienen reparos sobre el Acuerdo está la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), que dirige el periodista Herbin Hoyos. En distintos medios de comunicación, Hoyos ha cuestionado los foros organizados por la Nacional y la ONU, sobre los que ha dicho que estuvieron “copados con gente de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista y de Colombianos y Colombianas por las Paz”, por lo que “no había espacio para las víctimas de las Farc”.

En la Federación está la senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, codirectora del Partido Liberal y víctima de las Farc. Gaviria es, quizá, la única dirigente de ese partido que ha reparado públicamente el Acuerdo. Su postura ha causado molestia en la colectividad, más aún cuando el ministro Cristo y el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, son de toldas liberales.

En diálogo con este portal, la senadora insiste en que “las víctimas no fuimos el centro de ese proceso”. Prueba de ello es, según ella, que el Gobierno no tuvo en cuenta el documento de cinco páginas que elaboraron 1.500 víctimas en 2014 para exigir, entre otras cosas, que se les negaran curules en el Congreso a los guerrilleros y que se incluyera en los museos y centros de memoria histórica un dossier sobre los “actos criminales perpetrados por las Farc”.

Gaviria dice que, para que el Acuerdo tenga legitimidad, las Farc deben “liberar a los secuestrados”, elaborar mapas detallados sobre la ubicación de minas antipersonal, entregar las rutas del narcotráfico, pagar la reparación de las víctimas y devolver a los niños y jóvenes reclutados. Varias de esas medidas se pactaron en La Habana y algunas ya estaban en marcha antes del plebiscito, pero la senadora opina que deben resolverse antes de implementar un eventual acuerdo. También pide cárcel para los comandantes de la guerrilla y que no se financie con dineros públicos el nuevo partido político que surja del proceso de paz.

Son a esas pretensiones a las que se enfrenta el Gobierno en esta etapa de incertidumbre. Será en La Habana donde, cara a cara con las Farc, se tramiten esas exigencias.