Recibirán recursos para proyectos productivos y participación en política.
- Después de la firma definitiva del acuerdo final, las Farc deberán concentrarse en 23 Zonas Veredales y seis Puntos. Foto: Captura de video
Con el anuncio del fin de la negociación entre el Gobierno y las Farc se conoció la manera como se llevará a cabo la reincorporación de los guerrilleros, uno de los pocos asuntos que faltaban por concretar en La Habana. Según el acuerdo final, las Farc asumirán la reintegración como “un paso de confianza en la sociedad y particularmente en el Estado, en cuanto se espera que todo lo convenido será implementado”.
El organismo encargado de adelantar el proceso será el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), que estará integrado por dos miembros del Gobierno y dos de las Farc. Los cuatro definirán las actividades y el cronograma y le harán seguimiento a la reincorporación de los excombatientes.
Esto fue lo que pactaron las partes para facilitar el regreso de los guerrilleros a la vida sin armas:
Condenas
Mientras se pone en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y con fines de reintegración, se suspenderán las condenas y las órdenes de captura que les han sido impuestas a los integrantes de las Farc en la justicia ordinaria. La JEP asumirá los procesos en curso y revisará las condenas.
Recursos económicos
Una vez terminado el proceso de dejación de armas, cada integrante de las Farc recibirá $2 millones para su estabilización económica. Además, durante dos años, contará con una renta mensual equivalente al 90% de un salario mínimo, siempre y cuando no tenga trabajo mediante contrato remunerado.
Respecto a la polémica que pueda generar ese tema, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que entregar esos dineros es más barato para el Estado que financiar la guerra y asumir el costo humano de las víctimas. En todo caso, el Gobierno informó que los estándares para la entrega de esos recursos son los mismos que ha seguido durante años la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que atiende a los desmovilizados de los paramilitares y a los desmovilizados individuales de las guerrillas.
En cuanto a la reincorporación colectiva, las Farc crearán una organización de economía solidaria llamada Economías Sociales del Común (Ecomún), que tendrá cobertura nacional y podrá ejecutar programas y proyectos con recursos transferidos por el Gobierno.
Cuando empiecen a funcionar las Zonas Veredales, donde se concentrarán las Farc, la Universidad Nacional realizará un censo sobre las condiciones socioeconómicas de los integrantes de las Farc con el fin de diseñar programas y proyectos productivos de carácter masivo, privilegiando los de protección del medio ambiente y desminado humanitario. El censo también servirá para identificar posibles planes o programas de educación, vivienda, cultura, recreación, deporte, acompañamiento psicosocial, reunificación de familias y protección para los hijos de guerrilleros.
Además, el Gobierno se comprometió a pagar durante dos años la salud y la pensión de los exguerrilleros que no tengan trabajo. Los excombatientes también tendrán derecho a $8 millones para poner en marcha un proyecto productivo individual o grupal. Sobre este último tema, Gonzalo Restrepo, plenipotenciario del Gobierno, dijo que “las Farc están dispuestas a trabajar con los empresarios”.
Atención para menores
Aunque en mayo pasado las partes acordaron la salida de los menores de 15 años de los campamentos guerrilleros, De la Calle declaró este miércoles que la decisión no se materializó porque las Farc no comparten el proceso para atender a los menores que está contemplado en las normas vigentes.
En el acuerdo final, el Gobierno y la guerrilla comprometieron a que los niños y jóvenes combatientes serán “objeto de medidas de especial atención y protección” y a que se pondrá en marcha el programa especial que se anunció en mayo. Asimismo, a que los menores serán devueltos a sus familias y reubicados en sus comunidades de origen.
Participación política
El Gobierno y las Farc entendieron la participación política de la guerrilla como una medida de reincorporación. Por ello, acordaron crear un nuevo partido o movimiento que, hasta 2026, recibirá una suma de dinero anual equivalente al 10% del presupuesto total que el Estado entrega cada año para el funcionamiento de partidos y movimientos.
La organización también recibirá hasta 2022 el equivalente al 5% de ese presupuesto para que pueda difundir sus ideas y podrá obtener recursos de cooperación internacional para infraestructura y formación política. Las campañas de sus candidatos a la Presidencia y al Senado tendrán financiación estatal en 2018 y 2022.
El nuevo partido designará transitoriamente un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, con voz, pero sin voto, así como tres voceros en el Senado y tres en la Cámara de Representantes. Estos últimos sólo podrán participar en las discusiones sobre las reformas que se requieren para implementar lo pactado en La Habana.
Vea también: Las Farc sí participarán en el Congreso, al menos, por los próximos años
En 2018 y 2022, las Farc participarán en las elecciones legislativas para competir por curules con los demás partidos y movimientos, aunque también podrán participar con las condiciones especiales que estarán vigentes en las 16 Circunscripciones Especiales para la Paz. Sin embargo, para garantizar su representación en el Congreso, tendrán asegurados cinco escaños en Senado y cinco en Cámara.
Como resultado del proceso de creación del nuevo partido se fundará un centro de pensamiento para adelantar estudios e investigaciones sociales y diseñar programas de formación política. El Estado se hará cargo del funcionamiento del centro hasta 2022.
Las Farc también nombrarán tres voceros por cada Zona Veredal y cada Punto Transitorio, que son los lugares donde se hará la dejación de armas, para que realicen “labores de pedagogía de paz” en los concejos municipales y las asambleas departamentales.
