Les presentamos los principales hallazgos del libro "Los debates de La Habana: una mirada desde adentro".
Por: David Díaz
En el marco de los dos años de haberse firmado el Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, el Instituto de Transiciones Integrales IFIT (Institute for integrated transitions) acaba de lanzar un libro revelador y detallado titulado Los debates de La Habana: una mirada desde adentro. El instituto es una organización no gubernamental que tiene como misión ofrecer asesorías y análisis a los países en procesos de transición afectados por el conflicto, y el libro que acaba de editar reúne las reflexiones de treinta asesores del equipo negociador del gobierno Santos en torno a cómo se desarrolló el proceso de negociación con las Farc.
Aunque actualmente el debate político está centrado en la evaluación del proceso de implementación del Acuerdo en los territorios, el libro vira la atención hacia los debates políticos y conceptuales y las soluciones creativas y prácticas que hubo en la mesa de conversación de La Habana. Entender estos debates ofrece luces sobre el espíritu del texto final, y permite reconocer los esfuerzos que se hicieron y se deben seguir haciendo para lograr una transición hacia una democracia más sólida y positiva en Colombia.
El libro comienza tratando algunas preguntas trasversales que atravesaron la discusión de cada uno de los seis puntos del Acuerdo. La primera pregunta fue: ¿Por qué negociar con las Farc? Según los asesores del Gobierno, la política de seguridad democrática durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez allanó el camino al fortalecer la presencia militar del Estado en los territorios y debilitando la fuerza de las Farc. Sin embargo, ya se venía haciendo una reflexión sobre la necesidad de entablar una negociación que no implicara la fuerza militar, lo que suponía un cambio en la manera de pensar la guerra. Debido a la violencia contra la población civil y la presión internacional, debía llevarse a las Farc hacia el terreno político, y dejar de tratarla como como una guerrilla terrorista.
Para lograrlo, surgieron otras preguntas transversales necesarias: ¿Cómo lograr negociaciones serias y con posibilidades de éxito? Lo que supuso el diseño del proceso, es decir, las reglas del juego; ¿Firmar la paz o empezar a construirla? Era necesario garantizar que después de la firma no se reciclara la violencia en los territorios, como ya había sucedido en anteriores negociaciones; ¿Se resuelven las causas que justifican el conflicto o las condiciones que lo perpetuaron? Para el Gobierno era necesario aclarar que no se iban a debatir y solucionar todos los problemas del país, ni se iba a cambiar el Estado social de Derecho, como inicialmente querían las Farc; ¿Dialogar en medio del conflicto? La consigna general de las Farc para resolver esta discusión fue que negociarían como si no hubiera guerra y pelearían en la guerra como si no hubiera negociación.
¿Cómo incluir a la sociedad en un proceso confidencial? Se organizaron los espacios acotados de participación dentro y fuera de la mesa de conversación; ¿Qué tan detallado debía ser el acuerdo de paz? Se decidió un texto del mayor detalle posible que generara confianza y evitara al máximo los malentendidos (aunque había antecedentes de acuerdo sucintos o cortos, como el de Irlanda del Norte en 1998 con treinta y dos páginas, el de Nepal entre el Gobierno y la guerrilla maoísta en 2006 con trece páginas o el firmado entre el Gobierno de Indonesia y el movimiento separatista de Aceh en 2005 con siete páginas).
¿Las reformas deberían ceñirse a la Constitución? Aunque las Farc no lo consintió al principio, se decidió que las reformas deberían sostenerse del andamiaje jurídico existente, es decir, en el marco de la Constitución del 91 y construir programas sobre las instituciones ya construidas; finalmente, ¿cómo confiar en la contraparte? Se tuvieron que generar una serie de medidas de construcción de confianza mutua para que las partes no se sintieran vulnerables ni apartadas ante las decisiones.
Los grandes debates sobre la cuestión rural se concentraron en el punto del uso y el acceso a la tierra. Para las Farc, el problema en el acceso a la tierra para los campesinos se resolvería con la expropiación de los latifundios y cambiando el modelo económico del país. El Gobierno, aunque estaba de acuerdo con que debía garantizarse el acceso a la tierra, la expropiación y el cambio del modelo económico no era la manera. Lo principal era el fortalecimiento de los procesos agrarios para la repartición y restitución de las tierras.
La participación política fue crucial para desvincular las armas de la política, poniendo fin al conflicto, sin que, por eso, como lo aseguró Humberto de la Calle, se acabara la conflictividad en el terreno democrático. Inicialmente las Farc querían un cambio radical en el sistema político colombiano, pues para ellos no había democracia y, por lo tanto, no había un espacio adecuado para su participación política. Sin embargo, para el Gobierno sí había una democracia susceptible de ser mejorada, y que podría garantizar la oposición política de las Farc (lo que dio origen al Estatuto de oposición) y la representación política de las regiones históricamente excluidas.
Poner fin al conflicto implicó generar confianza entre los miembros de las Farc, de tal manera que la dejación de las armas, la participación política y el regreso a la vida fueran posibles. Era primordial llegar a procedimientos de desarme, desmovilización y reintegración que preservaran la dignidad y la integridad de los miembros de las Farc, garantizándoles que no se repetiría la tragedia con los miembros de la Unión Patriótica (UP) durante los años ochenta.
La política de drogas fue un tema central en el proceso de paz. Las Farc debía reconocer su participación en la cadena de la droga y comprometerse a cortar cualquier vínculo con ella y ayudar a resolver el problema. Además, era necesario garantizar, junto con la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que los campesinos que erradicaban la coca tuvieran condiciones de vida digna, especialmente en la transición hacia la legalidad. Tanto las Farc como el Gobierno coincidían en que para el proceso de sustitución era importante la participación comunitaria, lo que se consolidó con la necesidad de una participación de abajo hacia arriba en el proceso, y un proceso de sustitución voluntaria (concertada, pero no opcional). La aspiración área y el uso del glifosato no se discutieron; esa no era una opción.
Con respecto a las víctimas, se acordó satisfacer de la mejor manera posible sus derechos a través de la verdad, la justicia, la reparación integral, la no repetición y la participación. Además, había que garantizar la seguridad jurídica de los excombatientes de las Farc y los agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto. La Comisión de la verdad y Jurisdicción especial para la paz (JEP) nacieron de estas discusiones. De la JEP depende encontrar las responsabilidades de los crímenes e impartir justicia con base en la verdad y en la reparación de las víctimas. Para las Farc, un sometimiento a la justicia ordinaria fue siempre inaceptable.
Para que las negociaciones y lo acordado garantizara legitimidad y seguridad jurídica para el Gobierno, las Farc y la sociedad en general, era necesario llegar a consensos sobre la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo final. Aquí se puso sobre la mesa una idea fundamental: la calidad de un acuerdo de paz es solamente igual a la calidad de su implementación. Las Farc propusieron desde el principio la creación de una Asamblea nacional constituyente, argumentando que era el único mecanismo que garantizaba la participación general de la sociedad. Sin embargo, para el Gobierno era más adecuado el plebiscito para darle legitimidad política al acuerdo (lo que terminó demostrando, con la victoria del “no” en las urnas, no tanto el error de haberlo hecho sino la profunda división política colombiana).
Al interior de las Farc se presentó otro proceso de refrendación interna a través de la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, en la que se reunieron fuera de la clandestinidad. Para garantizar la continuidad del acuerdo se estipuló entre las Farc y el Gobierno un bloque de constitucionalidad, lo que suponía incluir el cumplimiento del acuerdo dentro de un nuevo artículo de la Constitución.
Para darle una mayor legitimidad al Acuerdo, y como consecuencia de la presión de la sociedad civil, se aseguró que en el proceso de implementación existiera un énfasis especial en el rol fundamental de mujer en la construcción de la paz. También se hizo visible la discriminación y la violencia contra la población indígena, afro y LGBTI durante el conflicto. En esta área era necesario intervenir, acordaron.
Este libro es importante para pensar desde adentro el proceso de negociación. Sin embargo, debe tenerse cierta cautela con esta afirmación. Hay que reconocer que se trata de la perspectiva de los negociadores del Gobierno, por lo que sería urgente y necesario tener su contrapartida, es decir, la voz de los negociadores de las Farc, de tal forma que haya puntos de comparación y evidencias de los debates que, para las Farc, existieron en el proceso de negociación y cómo se resolvieron para ellos. Sin embargo, y a pesar de esto, leer a los negociadores del Gobierno esclarece muchos de los puntos del Acuerdo y genera una sensación esperanzadora y crítica: el proceso de negociación fue arduo, riguroso y profundamente enriquecedor para pensarnos como un país capaz de restaurar la dignidad de las victimas a través de la paz.
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