El presidente Santos dijo que así como se buscó el máximo de justicia para las Farc, se buscará el máximo de beneficios para los militares.
Frente a un auditorio repleto de militares en la Primera División del Ejército, en Santa Marta, el presidente Juan Manuel Santos dijo a mediados de febrero que aquellos integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto y permanezcan presos en cárceles ordinarias serán trasladados a reclusiones militares.
El presidente dijo que a la par que se han concedido beneficios a integrantes de la guerrilla de las Farc, como los indultos de 30 prisioneros que empezaron a hacerse efectivos a finales de enero, los militares también recibirán un tratamiento especial.
“Así como hemos hecho unos gestos para ir acercándonos cada vez más a la paz, gestos como sacar de las cárceles a miembros de la guerrilla, indultarlos, de la misma forma le he pedido al señor Ministro (de Defensa) y a los señores comandante de las Fuerzas Militares que nos den una lista de aquellos miembros de nuestras fuerzas armadas que están en cárceles ordinarias por crímenes o delitos cometidos con relación al conflicto armado para que podamos trasladarlos a su fuero carcelario apropiado, que es el fuero carcelario militar”, dijo Santos.
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De acuerdo con el Presidente, de esa forma podrá alcanzarse el máximo posible de beneficios para los integrantes de la fuerza pública que permanezcan presos, al tiempo que en los acuerdos logrados con las Farc en el tema de víctimas se buscó el máximo de justicia posible que permita la paz.
¿Y por qué no los liberan como a los guerrilleros?
En esa misma declaración, Santos aseguró que la idea de ofrecer una amnistía para miembros de la Fuerza Pública no es factible porque pondría en riesgo la seguridad jurídica futura de los militares que recibieran ese beneficio.
En otras palabras, de acuerdo con la explicación del presidente, de adoptarse una figura de ese tipo se abriría la puerta a que intervenga la justicia internacional que ya se ha expresado en contra de esos mecanismos. Por eso, dijo, la amnistía sería “una manzana envenenada”.
“Algunos personajes han venido circulando unas propuestas de amnistías para todo el mundo, y dicen que el Gobierno Nacional no quiere aceptar la amnistía para los miembros de nuestra Fuerza Pública. Eso no es cierto, ese ofrecimiento de las amnistías para unos es una manzana envenenada y lo digo por lo siguiente: no existe, no pueden existir amnistías para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, eso está establecido con toda claridad en las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derecho Humanos”, dijo el mandatario.
Sin embargo, aclaró que una figura que sí puede aplicarse es la renuncia a la acción penal, que aplica para aquellos que no hayan cometidos delitos graves y, en la práctica, tiene los mismos efectos de una amnistía:
“Lo que si va a existir, lo que se va a hacer es equivalente a una amnistía, es que para todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que no hayan cometido crímenes graves, o sea crímenes de guerra y de lesa humanidad, se les aplica la renuncia al ejercicio de la acción penal, que en la práctica equivale a una amnistía”.
¿Cómo sería el proceso?
Tania Parra es la directora de la Fundación Fuimos Héroes, organización que agrupa a 3.100 integrantes del Ejército y 200 de la Policía que están siendo investigados o ya están condenados por delitos cometidos en servicio. Según dijo, la fundación que representa confía en que el anuncio del presidente Santos sobre el traslado de los militares que permanecen presos en cárceles regulares se hará efectivo en los próximos días.
“Este anuncio no es nuevo, ya lo conocíamos. El general Alberto José Mejía, desde que asumió su cargo como comandante del Ejército, se preocupó por las personas que están en las cárceles ordinarias y creó un programa para buscar los recursos y los medios para adecuar las instalaciones para que todos los militares lleguen a las cárceles que les corresponden”, dijo la abogada.
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Agregó que el anuncio lo que hace es dar cumplimiento a la ley 1704 de 2014 que creó el fuero carcelario militar y que no se ha aplicado por falta de capacidad en la cárceles militares. Esa norma, dijo, contempla que los integrantes de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad mientras avanzan sus procesos, como los que ya están condenados, permanezcan en centros de reclusión especiales para garantizar condiciones óptimas de seguridad.
De acuerdo con Parra, aplicar esa norma también es avanzar en condiciones de igualdad para los militares: “No pueden estar revueltos con los insurgentes porque eso representa riesgos para su seguridad. Además, también se aplica un principio de igualdad porque, si hay unos en cárceles militares, ¿por qué hay otros en cárceles civiles?”.
Por otra parte, la abogada expresó que los asociados de la fundación Fuimos Héroes no solo respaldan el acuerdo de justicia logrado en La Habana sino que están de acuerdo con que a los militares no se les pueden otorgar amnistías o indultos.
“Felicitamos que no se vayan a dar indultos y amnistías a los militares porque esas figuras solo aplican para delitos políticos, para alzados en armas, y los militares portan las armas del Estado. Ese acuerdo nos da más seguridad jurídica porque lo que se va a tratar con nosotros son figuras diferentes, como la extinción de la acción penal, siempre que se cumpla con los requisitos. Celebramos también que sea un tribunal diferente el que va a investigar los casos de los militares a la luz del DIH y no del Código Penal y que los casos de los militares que afirman haber sido condenados injustamente puedan ser revisados”, expresó.
Así las cosas, el proceso para trasladar a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que están presos en las cárceles ordinarias a centros de reclusión especiales requeriría solo que se garanticen las condiciones logísticas. A partir de ese momento el Gobierno podría empezar a cumplir una norma que se ha quedado en el papel.
