El alcalde de Medellín pidió al Gobierno "medidas urgentes" frente a la crisis carcelaria. Sectores sociales exigen lo mismo de la administración municipal.
- Según la Alcaldía de Medellín, la cárcel Bellavista tiene un índice de hacinamiento del 211%. Foto: Inpec
Hasta la semana anterior las estaciones de Policía y la sala transitoria del búnker de la Fiscalía en Medellín albergaban a 694 detenidos. Ambos calabozos –que solo deberían ser usados para retenciones momentáneas– tienen, sumados, capacidad para 290 internos. El hacinamiento sobrepasaba el 100%.
La situación de esas cárceles improvisadas es el reflejo de lo que ocurre en los centros penitenciarios del Valle de Aburrá. A la crisis del sistema carcelario se suman la decisión de los sindicatos del Inpec y de varios fallos judiciales que impiden la entrada de más reclusos a los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la prisión de máxima seguridad de Itagüí está en el 315% de su capacidad, la cárcel Bellavista en un 211% y El Pedregal en 190%. Ese es el panorama de una crisis que, si bien no es una novedad, sí se encuentra hoy en uno de sus momentos más complejos.
Las cifras las expuso el alcalde Gutiérrez en una carta que envió el pasado 19 de julio al presidente Juan Manuel Santos. En el documento solicita “la implementación de medidas urgentes tendientes a conjurar la crisis que hoy resulta insostenible para la ciudad de Medellín”.
De acuerdo con Gutiérrez, “a pesar de haberse emprendido todas las acciones posibles para apoyar al sistema carcelario, las mismas resultan insuficientes para solucionar un problema histórico que continúa en crecimiento y que afecta gravemente la seguridad en la ciudad”.
Problema humanitario y de seguridad
Entre las preocupaciones que Gutiérrez expone en su carta, destaca el efecto que la situación de las cárceles puede tener sobre la operatividad de los organismos de seguridad. Asegura que, en muchos casos, no ha sido posible dar cumplimiento a órdenes de captura emanadas de autoridades judiciales “por no existir lugares habilitados para el internamiento de los capturados, en condiciones seguras y con garantía del respeto por derechos fundamentales como la salud y la alimentación, entre otros”.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que el primer factor que deben considerar las autoridades es la difícil situación humanitaria que padecen los reclusos en las cárceles de la capital de Antioquia. La situación se ilustra, por ejemplo, en la mala calidad de la alimentación, el limitado acceso a servicios sanitarios y a la atención en salud.
Sin embargo, esa es apenas una pequeña parte del “rosario” de problemas que enfrenta la población carcelaria. Carlos Contreras, defensor de derechos humanos y director de la corporación Presos Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, asegura que “la situación humanitaria en las cárceles es la misma de siempre. Esto se volvió paisaje: el Gobierno fracasó, la sociedad fracasó, las instituciones –y no solo en Inpec– fracasaron”.
Contreras agrega que el Estado no está cumpliendo con la función de resocialización que, sobre el papel, debería tener una condena y una reclusión en un centro penitenciario. Uno de los indicadores sobre la materia es el nivel de reincidencia, que entre los presos de la regional Noreste del Inpec, de la cual hace parte Antioquia, es del 35%.
- El Pedregal es la más reciente de la penitenciarías construidas en el Valle de Aburra. Foto: Inpec
“Hay un problema de dignidad humana. Es un desastre que en el siglo en el que estamos haya pico y placa para dormir. El problema de la salud mental al interior de las cárceles también es aterrador. Eso no se está trabajando y hay que entender que esto impacta a la sociedad. Los familiares que van a una visita salen, en mayor o menor medida, con el mismo resentimiento que tienen los internos”.
Y es que ese resentimiento, de acuerdo con el defensor de derechos humanos, es un factor que no se ha tenido en cuenta. Asegura que la mayoría de los internos que cumplen sus condenas salen de las cárceles reconociendo que debían ser sancionados por sus conductas, pero aseguran que el pago de sus infracciones no tendría que haber pasado por lo que enfrentaron en la cárcel.
“Van presos porque violentaron los derechos de alguien más, pero cuando van a pagar por lo que hicieron se encuentran con que el mismo Estado les violenta sistemáticamente sus derechos fundamentales. Eso crea un nivel de resentimiento que le hace mucho daño a la sociedad”, dice Contreras.
Responsabilidad compartida
Si bien la carta del alcalde Gutiérrez puso nuevamente en la agenda de los medios el problema carcelario que enfrenta Medellín, para algunos sectores se trata de una acción insuficiente que, a su vez, desvía la responsabilidad, que también recae en las administraciones municipales.
“El señor alcalde manifiesta su preocupación frente a la problemática de los establecimientos carcelarios y por el estado de los calabozos y sitios de paso donde se encuentran una gran cantidad de internos. Pero para nosotros es absurdo porque hemos tratado por todos los medios de tener una reunión con él para presentarle algunas propuestas que son de su resorte y que podrían ayudar a la descongestión, pero no nos ha escuchado”, dice el dragoneante del Inpec Luis Alberto Pinzón, presidente de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios en la seccional del municipio de Bello, donde está ubicada la cárcel Bellavista.
Solo el patio 4 de la cárcel Bellavista, construido para 340 internos, alberga hoy a 1.800.
Según dice, las alcaldías, como responsables de la población sindicada, –es decir, aquellos reclusos que no han sido condenados– están en la obligación por ley de aportar recursos al sistema penitenciario. Sin embargo, en el caso de Medellín, Pinzón asegura que sí se han hecho inversiones, “pero sin un estudio de prioridades, por lo que se quedan en poco o nada. La mayoría de los aportes se hacen en programas que han perdido su objetivo”.
La propuesta del sindicato de Inpec es que las inversiones de la Alcaldía de Medellín se dirijan a programas que mejoren no solo las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios, sino también la situación de hacinamiento.
“Le decimos al alcalde que contrate unos profesionales, pero que los ponga al servicio del sistema penitenciario. Necesitamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales y hasta gerontólogos porque tenemos un patio de la tercera edad totalmente abandonado. Con la contratación de los profesionales tendríamos la posibilidad de descongestionar por medio de la redención de penas y de gestionar las libertades condicionales”, explica Pinzón.
Por su parte, Carlos Contreras dice que el cumplimiento de esas responsabilidades por parte de la Alcaldía de Medellín no se logra solo con una carta que alerte sobre la problemática. Además, asegura que, en campaña, el equipo de Gutiérrez formuló una serie de propuestas para los presos que aún no se han puesto en marcha.
“Al alcalde hay que decirle que debe levantar esa bandera con más fuerza. Es una responsabilidad de tipo legal. La población reclusa generó un voto de confianza en él y en las promesas que se habían planteado también por parte de Carlos Arcila, actual subsecretario de Derechos Humanos [en las pasadas elecciones Arcila fue candidato al Concejo por el movimiento Creemos del alcalde Gutiérrez], quien usufructuó en el buen sentido de la palabra a esa población. Por eso las acciones no se pueden limitar a emitir una carta al Gobierno donde se dice lo que todos ya sabemos”, dice Contreras.
