Los campesinos del Catatumbo han tenido que lidiar desde hace décadas con problemas más profundos que el secuestro de periodistas.
- Fotos: Santiago Mesa
Antes de que canten los gallos se sacude levemente el Catatumbo. Es sábado y, mientras parte de los habitantes de un pueblo en la Cordillera Oriental están a punto de ver el amanecer en las cantinas, más de 800 campesinos terminan de cargar camiones con comida y materiales para sobrevivir durante varias semanas. En caravana salen desde Cartagenita, un corregimiento del municipio de Convención, y se dirigen hasta un potrero gigante en el Cesar, cerca de la frontera con Norte de Santander.
Cartagenita tiene apenas un par de calles. Entre un andén y otro cuelgan pendones alusivos al aniversario 52 de las Farc, que se cumplió la semana pasada, y en las paredes de las casas hay graffitis de consigna del ELN. Allí habían empezado a llegar desde el viernes las delegaciones de los demás municipios del Catatumbo. Las razones para reunirlos en ese pequeño pueblo en la mitad de las montañas son dos: es una especie de punto intermedio en la región y no tiene presencia fuerte de la Fuerza Pública.
La misión de los catatumberos es llegar hasta el punto final antes de que caiga la tarde. En ese lugar se instalarán y, cuando se les ordene, saldrán a taponar un tramo de la Ruta del Sol, que conecta el interior del país con la Costa Atlántica. A través de radioteléfonos los líderes coordinan el operativo, que debe evitar que los detenga la Policía o el Ejército en el camino. Toman vías alternativas y hablan en código para que sus comunicaciones no sean interceptadas. En una movilización similar, en 2014, la Fuerza Pública cruzó la caravana y los tuvo detenidos durante tres días. Esta vez los desvíos fueron tan bien planeados que, en una región fuertemente militarizada, apenas se encontraron un par de uniformados en todo el día.
Mientras las delegaciones de Norte de Santander hacen lo posible por encontrarse con las de Cesar y Bolívar, en las principales vías del resto del país también aparecen miles de campesinos, negros e indígenas que se suman a la autodenominada Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Desde el lunes detuvieron sus actividades y se dirigieron a lugares clave, donde el resto de la sociedad pudiera escuchar sus reclamos. Los voceros de la minga a nivel nacional han explicado que la protesta se fundamenta en que el Gobierno no ha cumplido los puntos que se negociaron durante el paro de 2013.
Esa gran movilización quedó en el recuerdo del país más por los disturbios que por las propuestas. Entre junio y agosto de hace tres años, diez mil campesinos salieron a marchar en el Catatumbo, a raíz del descontento por las políticas agrarias del Gobierno, pero los enfrentamientos con el Esmad, que trató de disolver la protesta, opacaron el diálogo de fondo. Cuatro labriegos murieron en medio de ese pulso. El sacudón de los catatumberos se sumó al que meses atrás habían protagonizado los cafeteros y desembocó en el enorme paro agrario de 2013.
En Norte de Santander conviven dos procesos sociales fuertes: la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), de la línea de Marcha Patriótica, y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), de la línea del Congreso de los Pueblos. Ascamcat movilizó a su gente en 2013, pero Cisca no. Desde entonces, a pesar de que ideológicamente comparten varios puntos de los que se quieren volver a negociar ahora con el Gobierno, parece que ha habido roces entre las dirigencias de uno y otro.
Este año Ascamcat no saldrá al paro, que en la región correrá por cuenta del Cisca. En un comunicado afirman que se debe a la crisis que generó el fenómeno del niño, que impide que los campesinos detengan sus labores pues no soportarían generar más pérdidas, y que además se enfocarán en una movilización posterior. El rumor que corre en el Catatumbo, sin embargo, es que se trataría de una cuenta pendiente por el paro de 2013.
Mientras la caravana del Cisca avanza por las trochas sinuosas de Norte de Santander, Edíver Suárez, uno de los dos voceros de la organización, desmiente el rumor acerca de la disputa con Ascamcat y prefiere pasar a explicar sus propias motivaciones en vez de discutir sobre las de alguien más. “A los puntos que contempló la Cumbre Agraria nosotros le agregamos tres más: el desmonte efectivo del paramilitarismo, el reconocimiento del campesino como sujeto político y la derogatoria de la ley de Zidres”.
Entre esas tres exigencias, la que pisa con más fuerza en el Catatumbo es la del reconocimiento del campesinado. En líneas generales, demandan que los campesinos sean incluidos en la Constitución como sujetos políticos, dándoles las garantías que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes. Quieren que al campesinado se le consulte, por ejemplo, cuando se vayan a intervenir sus territorios, y que se ejecuten políticas claras para asegurar la posibilidad de acceder y trabajar sus tierras. Piden declarar grandes extensiones de tierra como territorios campesinos agroalimentarios. Todo ese proyecto ya se discute en el Congreso, de la mano del senador Alberto Castilla, muy cercano al movimiento social en la región.
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La camioneta en la que viaja Edíver atraviesa un retén del Ejército recién instalado. Seis jóvenes bien armados se afeitan desprevenidos cuando la seguidilla de camiones, motos y camionetas les pasa por el lado. No saben cómo reaccionar y les permiten el tránsito. Edíver coordina por el radioteléfono y se toma un par de gotas de algún medicamento para la ansiedad. Cuando pasa el susto, coge su celular y lee en voz alta una noticia que le acaba de llegar: el presidente Santos había comparado al Catatumbo con el Bronx, una peligrosa ‘olla’ en el centro de Bogotá.
El mensaje es recibido con rabia, con angustia, porque hace parte de una cadena de comentarios que afianzan el estigma con el que carga esa región. La semana anterior, cuando se anunció el paro, el gobernador del departamento, William Villamizar, dio unas declaraciones que confundían la movilización campesina con un paro armado, sugirió infiltraciones guerrilleras, ofreció recompensas por información sobre actos terroristas y restringió el transporte de delegaciones hacia los puntos de encuentro.
No es un secreto, sin embargo, que la región, que representa una quinta parte de Norte de Santander, está copada por grupos armados ilegales. Desde hace años allí conviven, negocian y disputan las Farc, el ELN y el EPL. A finales de los noventa, bajo el mando de Salvatore Mancuso, entró también a la pelea el bloque Catatumbo de las Autodefensas, que a punta de masacres hizo desplazar a buena parte del campesinado hacia la zona donde habitan los indígenas Barí, a varios días de camino de los centros poblados. Más recientemente, tras la desmovilización de los paramilitares en 2004, las bandas criminales han intentado hacerse con el control de una zona que en varios sentidos es estratégica para el crimen.
La ubicación geográfica del Catatumbo, que limita en algunos puntos con Venezuela, ha sido óptima para el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina y el control militar en las zonas montañosas y selváticas de la cordillera. Esas condiciones han permitido que varias células del Frente de Guerra Nororiental del ELN, un par de frentes de las Farc, lo que queda del EPL tras la muerte de Megateo y al menos dos bandas criminales busquen el control territorial de una región donde apenas viven 280 mil personas, menos que en una ciudad del tamaño de Armenia.
“Aquí los problemas no empezaron con el secuestro de los periodistas —apunta un campesino menudo, en una parada de la caravana pocos kilómetros antes de coronar el sitio de destino—. Hace mucho rato esto se le había salido de las manos al Gobierno y ahora, como nos compararon con el Bronx, entonces la solución va a ser entrar a dar bala a ver si retoman el control”.
La llegada del Estado, explicará horas más tarde Yermín Sanguino, el segundo vocero del paro, debe ser con políticas integrales: no sirve erradicar los cultivos de coca si no hay garantías para el agro, no sirve entrar con violencia al territorio si no se plantean soluciones estructurales para desmontar los grupos armados, no sirve negociar de palabra con los campesinos si las acciones reales benefician únicamente a la industria mineroenergética.
No se puede decir que el Estado no tiene presencia en el Catatumbo. Lo que reclaman los campesinos es que esa presencia esté orientada a apoyarlos en sus procesos. Ese no ha sido el caso y la sociedad civil ha tenido que involucrarse como un actor más en el pulso por el control. A través de las Juntas de Acción Comunal, que funcionan en veredas y corregimientos, los campesinos se han unido y en algunas zonas han logrado establecer una especie de gobierno propio. Ponen peajes por toda la región para recoger fondos que invierten en infraestructura y desarrollo social, resuelven conflictos entre miembros de la comunidad, dictan normas de convivencia y mantienen diálogo con los grupos armados para evitar roces y violencia.
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Mientras las delegaciones de los distintos municipios descargan cajas, maletas y costales de los caminones, Belyamil Pérez, un concejal campesino que también hace parte del Cisca y lidera el paro, anticipa una discusión que posiblemente tardará meses en ser abordada. Dice que, en caso de que las negociaciones con las insurgencias sean exitosas y el Gobierno abra caminos para imponer su presencia en la región, los campesinos no permitirán que les desmonten el control que ejercen las Juntas de Acción Comunal. “Aquí no se va a lograr nada —dice el concejal, de ojos juntos y voz ronca— si no se construye sobre lo que nosotros ya tenemos. Este sistema funciona bien, entonces en vez de destruirlo hay que fortalecerlo”.
El lugar donde los catatumberos dormirán durante los días que dure el paro es un potrero extenso y llano, enmalezado y con esporádicos árboles que intentan dar sombra al sol que abrasa en Cesar. Cerca hay dos caseríos, un poco más lejos está Aguachica y en cuatro horas se llega a Valledupar. El potrero linda con las carreteras amplias y estiradas de la Ruta del Sol, por donde pasan día y noche cientos de tractomulas. Algunas, al ver la congregación de campesinos junto a la vía, suenan el pito para mostrar solidaridad. Antes de empezar la travesía, Edíver había dicho que la decisión de hacer un paro del Catatumbo en Cesar obedecía a que bloquear su propia región solo les iba a afectar a ellos, mientras que en la Ruta del Sol bloquean los caminos entre las principales ciudades y los puertos costeros, “porque ahí es donde les duele”.
Después de instalar decenas de cambuches de plástico, cocinas de leña y un pozo que hace las veces de baño, cae la primera noche del paro. Aunque en algunos departamentos ya han empezado los bloqueos y los disturbios, las delegaciones del Catatumbo tienen orden de esperar a que se les sumen los de Cesar y el sur de Bolívar y aguardar a los avances que logre la Cumbre con el Gobierno. En el perímetro del potrero, más de cincuenta campesinos pasan la noche apuntando con linternas para velar por la seguridad del resto del campamento. Las mayores amenazas, explica uno de ellos, son una intervención de la Fuerza Pública para desalojarlos o una “entrada violenta de paramilitares”.
Los líderes dicen que en los últimos meses han matado a 40 campesinos en la región. Cuando se les pregunta por los responsables, aunque ninguno ha sido condenado y los 40 casos siguen impunes, sospechan con mucha más fuerza de los paramilitares que de las guerrillas. La desconfianza y el odio que le guardan a los paramilitares viene de más de quince años atrás, cuando entre mayo y agosto de 1999 entraron 200 hombres al Catatumbo y aterraron a la población con una ruta de masacres que dejó decenas de muertos y miles de desplazados.
Muchos de los campesinos que ahora protestan vieron caer familiares y compañeros a manos de la violencia, ya no solo paramilitar sino guerrillera y estatal. En 1999, tras la entrada del bloque Catatumbo, los homicidios se duplicaron. La guerra que se formó entre todos los bandos, incluida la Fuerza Pública, dejó su huella más grande en 2002, cuando la tasa de homicidios fue cuatro veces más alta que el promedio nacional. En municipios como Tibú la tasa alcanzó a ser ocho veces mayor. El miedo a que las balas de una guerra ajena les atravesaran la sien hizo que entre 1999 y 2006 se desplazaran más de 30 mil personas.
Con el aumento de la violencia llegó también el aumento de los cultivos ilícitos. Para financiar sus guerras, los grupos armados ilegales crecieron la producción de pasta de coca y cocaína. La zozobra en el territorio hacía que fuera muy difícil comercializar alimentos y, para sobrevivir, una enorme cantidad de campesinos tuvo que ponerse a sembrar coca. Entre 2003 y 2010, a pesar de que todavía se hacían aspersiones aéreas con glifosato, los cultivos se multiplicaron más de seis veces. Después de retornar del desplazamiento, para muchos también fue la única opción.
El aumento de los cultivos no ha parado y hoy hay cultivadas más de 6.800 hectáreas de hoja de coca. El negocio, explican varios cultivadores de coca sentados en círculo junto a uno de los cambuches, es redondo para el narcotráfico. En las mismas montañas del Catatumbo donde se cultiva la hoja, también se procesa la pasta base y se producen más de dos toneladas de cocaína cada mes, que además son fáciles de transportar por los linderos con Venezuela.
Para los campesinos del Cisca, la única opción viable para detener el narcotráfico, que financia guerras y riega sangre, es darle prioridad a los cultivos que realmente generan desarrollo en la región. Durante los días que preparan el paro, recitan de memoria un dato que abre varias preguntas sobre las prioridades: hay 6.800 hectáreas de coca, sí, pero también hay 27 mil de palma aceitera, que poco los beneficia, y hay más de 60 mil de alimentos, que carecen de apoyo estatal para tecnificar los procesos y comercializar los productos.
“Es que este paro no apareció de la nada —apunta un hombre de bigote espeso, mientras devora hambriento un pedazo de yuca cocida—. Muchos están diciendo que es por lo que está pasando ahora. Eso es mentira”. El paro se planeaba meses antes de que el secuestro de los periodistas pusiera al Catatumbo en el ojo del huracán. Las necesidades son tan viejas como la región misma. Hace tres años, y también hace dos, el Gobierno se sentó a negociar e hizo unas promesas. Los campesinos dicen que no las ha cumplido y que la discusión tendrá que volver a comenzar desde abajo. Ellos no le ven problema. Mientras dure el paro, los catatumberos moverán cielo y tierra para alcanzar su objetivo: que el país no les vuelva a voltear la mirada cuando se acabe la coyuntura.
