Las organizaciones de víctimas ya se están moviendo para exigirle a las instituciones del Estado que cumplan con lo pactado en el Acuerdo de Paz.
El general Nicasio Martínez, comandante del Ejército nacional, no está pasando por un buen momento. Logró sortear una serie de cuestionamientos en su contra en junio pasado, cuando lo ascendieron a general de cuatro soles sin que él aclarara su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, ahora los medios de comunicación lo tienen en la mira porque pretende, como lo demuestra una directriz firmada por él, posicionar la versión del Ejército en el informe sobre el conflicto armado que está elaborando la Comisión de la Verdad.
El diario El País de España reveló que Martínez firmó una directriz para que los militares se acogieran a la “construcción de una narrativa en el marco del conflicto armado colombiano” cuando fueran interrogados en la Comisión de la Verdad o en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento, firmado el 13 de marzo de 2019, fue entregado a los jefes del Estado Mayor de Comando del Ejército. La instrucción es clara: construir una verdad institucional sólida sobre las razones del conflicto. Esta narrativa, como reveló El País, “busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica”. Se deben priorizar, señala el documento, “las líneas de contra argumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”.
Esta directriz llegó en un momento sensible. De acuerdo con cifras de la JEP, 2.059 militares se han sometido a la jurisdicción buscando beneficios judiciales a cambio de verdad. Y uno de los casos que priorizó la JEP atañe no solo al Ejército sino a altos funcionarios del gobierno: el escándalo de los 1.300 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales de civiles) durante el gobierno de Álvaro Uribe. En paralelo, altos mandos militares tendrán el deber de dialogar y entregarle informes a la Comisión de la Verdad para que construya su informe sobre el conflicto armado. Informe que, vale la pena decirlo, tiene como eje central dignificar a las víctimas.
Según El País, Martínez envió una directriz muy clara frente a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) tanto de las Farc como de las fuerzas militares. “La información de las víctimas del Ejército Nacional será enmarcada dentro de dos circunstancias particulares, cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o graves infracciones al DIH”. Martínez también ordenó, en el plan de consolidar la versión del Ejército, mostrar las acciones sociales de los militares en los territorios y la designación de un sociólogo para que ayude a construir esa narrativa.
A esta directriz de Martínez se suman otras que han causado polémica, como la orden de aumentar las “bajas en combate”, lo que podría llevar al Ejército a un escenario similar al de los falsos positivos, cuando los militares asesinaron incluso civiles para obtener beneficios de la institución militar. Cuando el The New York Times hizo pública esa directriz, el Ejército tuvo que derogarla y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que salir a los medios a señalar que para el gobierno, como primera opción, estaba la desmovilización antes que el aumento de “bajas”.
Posicionar la “verdad” en otros frentes
Al parecer, el intento por consolidar una verdad institucional trasciende la directriz de Nicasio Martínez. El pasado 25 de julio fue sancionada la ley de veteranos de guerra, en la que se le otorgan beneficios a los militares retirados y se les rinde homenaje. El artículo 9, en todo caso, pasó desapercibido en los últimos debates de la pasada legislatura en el Congreso. Y este artículo señala explícitamente que el Centro Nacional de Memoria Histórica deberá disponer de un “espacio físico en el Museo de la Memoria destinado a exponer al público las historias de vida de los Veteranos de la Fuerza Pública exaltando particularmente sus acciones valerosas, su sacrificio y contribución al bienestar general”.
Seis meses después de que entre en vigencia esta ley, es decir en enero de 2020, el Centro Nacional de Memoria Histórica deberá trabajar de la mano con el Ministerio de Defensa y el Consejo de Veteranos para incorporar en el programa de memoria histórica a los veteranos de la Fuerza Pública con el fin de “acopiar, preservar, custodiar y difundir el material documental, audiovisual y testimonial que honre su memoria”.
Aunque este proyecto de ley tenía como motivación inicial otorgarles ciertos beneficios a los militares veteranos, la congresista María Fernanda Cabal incluyó algunos artículos mientras el proyecto era discutido. De hecho, el artículo 9 fue añadido en el último debate de la plenaria del Senado. La crítica, más allá de que el artículo no esté directamente relacionado con los beneficios para los veteranos, radica en que busca, como la directriz de Martínez, consolidar una verdad oficial en unas instituciones que tienen como misión garantizar la pluralidad de voces en el conflicto armado.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, encargado de sacar adelante el Museo Nacional de Memoria Histórica, ha guardado silencio frente esta polémica. Antes de que saliera a la luz pública la ley, el Centro había dejado claro, a través de un comunicado, que este el museo, aún en construcción, será “de las víctimas para las víctimas”. En el cronograma del Centro está estipulado que el Museo abra sus puestas en 2021 y buscará, agregan, “fortalecer la memoria colectiva acerca de los hechos desarrollados en la historia reciente de la violencia en Colombia y realizar acciones para restablecer la dignidad de las víctimas”. La preocupación, con la ley que fue sancionada, es que no se fortalezca la memoria colectiva sino la memoria oficial de las fuerzas armadas.
El alcance que puede tener el interés por posicionar una verdad institucional puede afectar el espíritu de la Ley de víctimas y restitución de tierras, justamente en la que se le otorga la responsabilidad al centro Nacional de Memoria Histórica de crear el museo. En los últimos años el equipo del Centro de Memoria ha trabajado por crear un museo vivo, itinerante y a su vez plural. De hecho, existe un guion museográfico sobre diferentes ejes narrativas para contar lo que sucedió en el conflicto armado y reivindicar a las víctimas. Es más, el Museo de la Memoria sigue los lineamientos del Consejo Internacional de Museos y estará articulado con la Comisión de la Verdad.
El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, habló sobre lo que parece ser un intento del Ejército por posicionar una versión en los informes y espacios históricos. En entrevista con RCN Radio aclaró que la Comisión sí le ha pedido al Ejército su versión sobre varios hechos, pero que el informe final no reflejará una “verdad oficial”. Así lo dijo: “Nosotros sí le hemos pedido a las instituciones estatales y a los diversos sujetos sociales que expresen su punto de vista desde sus responsabilidades sobre la manera en que ellos vivieron y enfrentaron el conflicto. Igual se lo hemos pedido a los guerrilleros (…) Nosotros somos la institución del Estado creada para el esclarecimiento de la verdad, pero no habrá una verdad de Estado, eso no existe. Lo que habrá es la búsqueda de un sentido comprensivo, de qué fue lo que nos pasó en una de las tragedias más grave que ha tenido el mundo”.
La directriz del general Nicasio Martínez, así como la ley que le otorga un lugar especial a las fuerzas armadas en el Museo de la Memoria, son dos pruebas de que existe un interés por legitimar una narrativa del conflicto armado que a no privilegia a la totalidad de las víctimas. Las organizaciones que sufrieron la violencia del Estado, de los paramilitares y de las Farc ya se están moviendo para reivindicar el derecho a la reparación estipulado en el Acuerdo de Paz.
