La sombra de los falsos positivos en el expediente del comandante del Ejército

La Procuraduría abrió una investigación preliminar para determinar si con el cambio de directriz en el Ejército corre riesgo la población civil.

El Senado aprobó, con 64 votos a favor y uno en contra, el ascenso de Nicasio Martínez, actual comandante del Ejército, a general de cuatro soles, el más alto rango que puede ostentar un integrante del Ejército. El Centro Democrático y los partidos afines al gobierno lograron que Martínez ascendiera, haciendo caso omiso a las quejas que elevaron organismos como Human Rights Watch en contra del general por su presunta participación en el escándalo de falsos positivos.

Las denuncias del diario El País de España, que habían sido recogidas en informes anteriores, no hicieron eco en el capitolio. ¿Qué sabemos de Martínez y su relación con las ejecuciones extrajudiciales en Colombia? Primero hay que decir que Martínez Espinel estuvo al frente de la Décima Brigada del Ejército, señalada de llevar a cabo al menos 283 ejecuciones extrajudiciales en La Guajira y Cesar. Entre 2004 y 2006, periodo en el que Martínez fue jefe del Estado Mayor de la brigada, la Fiscalía encontró 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada.

Este ascenso se presenta en medio de una serie de revelaciones que no dejan a Martínez bien parado. El diario The New York Times demostró que el Ejército cambió unas directrices para mejorar los resultados operacionales. Uno de los puntos a medir: el número de bajas; lo que para muchas organizaciones representa un incentivo  para que  el Ejército presente a civiles asesinados como insurgentes. De hecho, la Procuraduría abrió una investigación preliminar para determinar si con el cambio de directriz en el Ejército actual corre riesgo la población civil.

Durante 2005, como informó El País, dos batallones de esa brigada participaron en dos homicidios de la mano con las Autodefensas. Ese mismo año, dos soldados asesinaron en Cesar a Dagoberto Cruz, quien después fue presentado como muerto en combate. Después, en mayo, un grupo de militares participó en los asesinatos de Claudino Manuel Olmedo y Frank Enrique Martínez, un menor de edad con discapacidad mental. Ambos fueron reportados como integrantes de las Farc.

En los informes de la Fiscalía aparecen otras ejecuciones extrajudiciales de civiles. En los casos de Iván de Jesús Sierra, John Jairo Parejo, Alfredo Manuel Retamozzo y Wilberto Cohen, el Ejército les ofreció trabajo y luego los presentó como muertos en combate. En agosto de ese año, Espinel firmó una orden para otorgarles recompensas a los soldados que mostraron mejores resultados operacionales.

Antes de que Martínez se posesionara, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo lo siguiente: “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército. Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Según las investigaciones de Human Rights Watch, se han  “demostrado que patrones en los casos de falsos positivos —incluida su naturaleza sistemática y las circunstancias implausibles de muchas muertes que supuestamente ocurrieron en combate— que sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. Conforme al derecho internacional, los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”.

Human Rights Watch, además, reveló un documento firmado  por el entonces coronel Martínez Espinel que certifica “un pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) a un informante que habría proporcionado información que supuestamente permitió lograr ‘excelentes resultados’ en dos operaciones militares. En una de estas, los soldados reportaron que ‘d[ieron] de baja a un sujeto NN sexo femenino y un sujeto NN sexo masculino, al parecer pertenecientes al Frente 59’ de las FARC. Sin embargo, los tribunales han concluido que las personas asesinadas fueron Hermes Enrique Carrillo Arias, un civil que pertenecía a una comunidad indígena, y Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años”.