Pensemos desde ya en enfrentar la desigualdad, que puede empeorar después de la guerra. Análisis de Dejusticia.
- Foto: Sam Thompson/DFID Rwanda-Flickr DFID UK
Por Nicolás Torres Echeverry*
En las dos entradas anteriores he escrito sobre el perdón y los mecanismos informales de resolver los conflictos. Quisiera dedicar esta última entrada a pensar el desarrollo económico después del conflicto a partir del caso de Ruanda. La historia de este país me hizo pensar dos cosas para el caso colombiano: la necesidad de vincular economía y política y la importancia de enfrentar la desigualdad que puede empeorar después de la guerra.
En Ruanda murieron casi un millón de personas en 1994. Se conoce como el genocidio de Ruanda. Fue el punto culmen de un conflicto que inició en 1990 pero que tenía raíces mucho más profundas. En mi generación se hizo famoso por la película de Hollywood, Hotel Ruanda.
El conflicto tuvo orígenes antiquísimos pues Ruanda fue una colonia, primero alemana y luego belga, cuyos colonizadores alimentaron las diferencias étnicas y políticas entre la mayoría de la población Hutu (85%) y la minoría Tutsi. Las diferencias explotaron en 1994 cuando los Hutus extremistas, dirigidos por el Gobierno Hutu, mataron al 10% de la población. Especialmente a los Tutsi, contra quienes estaba explícitamente dirigida la violencia, aunque también a Hutus moderados. Fue demente.
El genocidio tuvo consecuencias económicas drásticas como el desplome del producto interno bruto (PIB) en 50% en 1994; el aumento de la pobreza, que pasó de 42.1% en 1984 a 56.1% en el 2000; y el incremento de la desigualdad, cuyo índice de Gini pasó de 0.28 a 0.48 durante los mismos años (un índice de 1 significa que una sola persona acumula toda la riqueza y 0 que cada persona tiene la misma proporción de la riqueza. Colombia tiene uno de 0.53).
El conflicto en Ruanda fue devastador en muchos sentidos. Pero igualmente sorprendente y rápida fue la recuperación económica de este país después del conflicto. En 1995 el PIB creció en 35%, en el 96 en 12% y entre el 97 y el 2014 en promedio en 8%. Un crecimiento sostenido mucho mayor al de antes de la guerra, que fue del 3.5% entre el 61 y el 89, y mucho mayor al de otras economías como la estadounidense y la colombiana que crecieron al 2% y al 4% respectivamente durante el 97 y el 2014. También la pobreza se logró reducir aunque apenas a los niveles anteriores a los de la violencia (42%).
Sin embargo, como consecuencia de estos dos hechos, la recuperación no ha logrado disminuir la desigualdad. En vista de que el país aumentó su producción y la pobreza no disminuyó significativamente, hubo sobretodo apropiación de rentas. Ese fue y sigue siendo el caso de Ruanda.
Lo que llevó a este éxito parcial de la economía en Ruanda fue vincular economía y política. Después del genocidio, la política económica fue dirigida por instituciones militares. Al ser la única institución con capacidad para dirigir la industria, esta estuvo a cargo de sectores económicos clave para el país como los insecticidas. La estrategia permitió vincular a élites políticas de los Hutus y de los Tutsis lo cual generó uno de los frenos de la violencia. Sin embargo, aunque el régimen autoritario paró la violencia, Ruanda todavía enfrenta grandes retos de derechos humanos.
A mí esta historia me pareció muy sugestiva y en particular me hizo preguntarme: ¿cómo puede ser un vínculo entre economía y política que enfrente de antemano los retos de desigualdad en Colombia?
Acá el Estado es como distintas luces que alumbran en puntos específicos del país y entre menos cerca de esos puntos menos luz y menos Estado.
Para vincular economía y política, el caso de Colombia es distinto al de Ruanda pues las crisis y la ausencia del Estado es más regional que nacional. Acá el Estado es como distintas luces que alumbran en puntos específicos del país y entre menos cerca de esos puntos menos luz y menos Estado. Hay zonas oscuras, sin Estado, y, por lo tanto, sin instituciones para garantizar derechos. Allí hay un control por parte de otros actores que el Estado debe debilitar y sustituir, como los señores fuertes (terratenientes, grupos armados, gamonales), y otros a los que debe empoderar (comunidades).
En estas zonas la estrategia política es clave y el arreglo local debe debilitar a estas élites que dominan. El impuesto predial es una herramienta para este objetivo. Este es el impuesto que se cobra a los inmuebles, edificios y tierras, principalmente. Mejorar este impuesto tiene tres ventajas: permite administrar mejor el suelo, garantiza recursos para las administraciones locales y debilita a las élites locales terratenientes. En una publicación de Dejusticia que está próxima a salir con el nombre El municipio en la construcción de paz estudiamos en detalle este impuesto.
Ahora, para adelantarse a los retos de desigualdad es necesario desarrollar sectores económicos cuyos excedentes remuneren más a los trabajadores que al capital y que requieran más mano de obra que máquinas. Por eso sectores que son intensivos en capital como el de minería e hidrocarburos no son una buena opción. Sí lo son sectores agropecuarios y de infraestructura. Este último además tiene la ventaja de conectar las regiones del país y de crear una infraestructura para la provisión de servicios públicos (vías, escuelas, hospitales, acueductos… tan necesitados en distintas regiones del país). En ese sentido, la creación de vías primarias es una buena iniciativa aunque no en la forma clientelista que ha caracterizado su manejo recientemente.
Se me acabó el espacio pero quisiera insistir en esos dos aspectos: desigualdad y política y economía. Dos retos en los que Ruanda nos hace pensar.
NOTA: me alegra que la Corte Constitucional haya aprobado el plebiscito. Votaré Sí porque creo que es una oportunidad para empezar a saldar las deudas sociales de este país y porque creo que el proceso de negociación ha sido llevado con seriedad, mucha más que en procesos anteriores.
* Investigador del Centro del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia
