#OPINIÓN | Como en el conflicto, la estrategia de protección de nuestros gobernantes parece estar enfocada principalmente en vigilarnos.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
A nuestros gobernantes no les parece suficiente con que cada quién se lave las manos, evite tocarse la cara y se quede en casa. Bajo la bandera de proteger nuestra salud, estas personas insisten en que debemos contarles cómo nos sentimos y en dónde estamos.
Daniel Quintero en Medellín y Claudia López en Bogotá se quejan de que la gente no quiera verse obligada a entregar información sobre sus desplazamientos y estado de salud. Quintero acepta a regañadientes una tutela que lo obliga a exigir menos información de la que tenía prevista. López deroga un decreto en tiempo récord para que quede claro que, cuando decía que era obligatorio registrarse en la aplicación Gobierno Abierto Bogotá y en Bogotá Cuidadora, había querido decir que era voluntario.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud saca y saca protocolos de bioseguridad en los que pide que los jefes vigilen el estado de salud de sus empleados y contratistas. El Ministerio da varios lineamientos para que la gente esté segura y a renglón seguido pide que la gente entregue información que en el pasado ha causado discriminaciones. Para dar un ejemplo, el Ministerio pide que las fincas cafeteras medianas y grandes lleven un registro escrito de su personal por medio de un formulario que “indique si sufre de: obesidad, tensión arterial alta, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer y/o VIH”.
En una investigación del Índice Coronavirus y Derechos Digitales (iniciativa de la que formo parte) nos encontramos con una vocera del Ministerio de Salud dice que estas medidas no son obligatorias aunque las resoluciones estén escritas a modo de obligación. Justo como pasó con Claudia López. Más allá de esto, según esa misma investigación, varias empresas y entidades están pidiendo esta información bajo el entendido de que es obligatorio.
“No estamos pidiendo nada que no le das gratis a Facebook o a Google”, decía López en una entrevista para defender a Bogotá Cuidadora. Mientras tanto, Quintero dice en Twitter que “están dispuestos a darle su información a empresas privadas para hacerlas ricas, mientras rechazan entregársela al Estado para salvar vidas”. ¿Cuántos jefes no pensarán algo parecido? Cuántos no dirán: ¿es que no confían en nosotros?
Y sí, quizá es cierto que muchas personas no están preocupadas por su privacidad. Hay muchas razones por lo que esto sucede, en especial la falta de conocimiento sobre qué pueden hacer las empresas o el Estado con la información de uno. El argumento de López y Quintero suena parecido al de algunas personas que dicen que no tendrían problemas si los chuzaran porque no tienen nada que esconder. Edward Snowden, quien reveló el espionaje por parte del gobierno gringo a buena parte de la población de Estados Unidos y del mundo para combatir el terrorismo, dice que esto es lo mismo que decir que “no te preocupa tu libertad de expresión porque no tienes nada que decir”. Que un derecho no haya sido causa de preocupaciones para muchas personas no significa que no deba ser protegido. Más aún, que Facebook y Google se estén haciendo ricos con nuestra vida privada no significa que el gobierno pueda aprovecharse de las malas prácticas de ese negocio.
La decisión de vigilar a las personas en la lucha contra el terrorismo o contra el coronavirus se parecen en que ambas se basan en la excepcionalidad: necesitamos información para combatir la crisis y esto implica renunciar a algunas garantías y libertades. Esto fue lo que llevó a que Estados Unidos, como lo explica Shoshana Zuboff en La era del capitalismo de la vigilancia, incrementara el espionaje de la ciudadanía después del 11 de septiembre.
Un riesgo que existe es que, como pasó con la guerra contra el terrorismo, la excepción se puede convertir en el nuevo normal. La posibilidad de que la pandemia acabe pronto es distante, por lo que se necesitarán medidas de protección durante un buen tiempo. La decisión de incluir más y más excepciones a la cuarentena significa que más y más personas tienen que adoptarse a esas medidas. Bajo la visión que se ha adoptado ahora, serán más personas que tendrán que entregar información de su salud durante varios días de su vida.
Después de las luchas de varias personas que habían sido discriminadas por estar diagnosticadas con VIH, diabetes o por estar embarazadas, tenemos la protección de no tener que entregarle esa información a nuestros jefes. Es por esto que duele que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad encargada de la protección de los derechos de las personas en las bases personales, simplemente se limite a citar que la ley de habeas data permite que las autoridades accedan a información personal sin pedir autorización cuando existan casos de emergencia médica o sanitaria. También es por eso que preocupa que, como lo cuenta la investigación del Índice Coronavirus y Derechos Digitales, haya jefes que pidan esta información como parte del trabajo.
Nuestra ley de habeas data, la que se encarga de estos temas, es basada en las que se tienen en la Unión Europea. Allá se ha dicho que la regla que cita la SIC solo debe aplicar cuando hay que hacer un procedimiento de emergencia y la persona no puede decir que acepta porque está inconsciente. En Europa también han sido enfáticos en decir que tiene que haber reglas para garantizar que la información que sea recogida durante la pandemia sea la más mínima posible y sea destruida cuando no sea necesaria, algo que no parece fácil acá con tantas vías que están creando o promoviendo para averiguar sobre la salud y movimientos de las personas.
La organización británica Privacy International dice que muchas de las medidas de vigilancia que se han adoptado en las empresas alrededor del mundo son señal de malas condiciones para los trabajadores. Después de todo, ¿por qué va a mentir alguien sobre su estado de salud? ¿Por qué va a ir a trabajar en lugar de cuidarse? ¿Será que tiene miedo de que lo echen por estar enfermo?
Es normal que haya gente que no se sienta cómoda entregando información al gobierno o a sus jefes y que pelee para que las garantías sean las más fuertes. Los derechos fundamentales existen principalmente para defendernos de los abusos de los poderosos, pero también para evitarles la tentación y detenerlos cuando esta exista. Colombia tiene una larga historia de excusas para saltarse esas protecciones, no es hora de inventarse una nueva.
*A Emmanuel lo encuentran por acá.
