Los manifestantes, liderados por dos combatientes de las Farc, le exigen al Gobierno negociar un pliego de peticiones para mejorar la atención de los enfermos.
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Presos enfermos del patio cuatro de la cárcel La Picota, de Bogotá. Foto: Cortesía - En una carta remitida al director de la cárcel, Jorge Contreras, y al comandante de Vigilancia, capitán Julián Chávez, los reclusos del patio cuatro de La Picota, en Bogotá, se declararon en desobediencia civil este 19 de julio. La protesta, liderada por dos guerrilleros de las Farc y por el sociólogo y exprofesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán, sumó a los presos políticos y sociales en una “operación tortuga”: retrasan el conteo que hace la guardia, se demoran en recibir la comida, no estudian, no van a los talleres de manualidades y no limpian.
En vez de seguir la rutina, mueven sus televisores hasta la reja de salida del patio, ponen música, practican deportes y juegan parqués. Lo hacen para protestar por la crisis de salud que se vive en las cárceles, donde la atención escasea y los procedimientos son dispendiosos, según cuentan.
Los presos exigen una reunión para negociar un pliego de peticiones con los ministerios de Salud y de Justicia, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Consorcio Fondo de Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad 2015, la Procuraduría, la Defensoría, Medicina Legal, la Comisión de Derechos Humanos del Senado y oenegés.
El pliego incluye exigencias sobre las remisiones a especialistas, cirugías, suministro de medicamentos, valoración nutricional y el diseño de un plan de salud para todos los reclusos de La Picota. Los huelguistas también piden atención prioritaria para los enfermos crónicos y terminales, contratación de fisioterapeutas y agilidad en la entrega de resultados de laboratorio. Protestan, además, porque algunos de los 30 guerrilleros que el Gobierno indultó como gesto unilateral de paz no estarían recibiendo atención en salud.
Ese gesto del Ejecutivo, que fue anunciado en noviembre de 2015, también incluyó la puesta en marcha de brigadas de salud para atender a los presos de las Farc que estaban gravemente enfermos. Los retrasos en la realización de las jornadas motivaron una huelga de hambre en 15 cárceles a comienzos de febrero, que sólo se levantó cuando intervino la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA).
Jhonier Martínez, uno de los voceros de las Farc en La Picota, asegura que ocho meses después del anuncio gubernamental el balance es de más de 300 presos valorados en medicina general, de los cuales 37 fueron remitidos a especialistas, aunque hasta ahora no se han hecho efectivas las remisiones. Según él, “no hemos logrado la primera cirugía o el primer examen de ninguno de los compañeros e incluso hay medicamentos que se recetaron desde el año pasado y todavía no se han entregado”.
Pero Martínez dice que mientras los guerrilleros pueden gestionar servicios médicos gracias a la negociación que adelantan el Gobierno y Farc en La Habana, los presos sociales están atados de manos y atraviesan una “situación deplorable, deprimente y grave”. Según un comunicado del Movimiento Nacional Carcelario, el pasado 29 de junio murió en La Picota el preso común Alexander Morantes luego de padecer “fuertes escalofríos, fiebres muy altas e intensos vómitos”. Días antes también había muerto el preso José Trujillo “por falta de atención preventiva y a tiempo”, de acuerdo con el Movimiento Carcelario.
El problema está lejos de solucionarse. En enero de 2014, el Congreso expidió una ley en la que le encargó al Ministerio de Salud y a la Uspec diseñar un nuevo modelo de atención y creó el Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad, con el fin de que el Gobierno depositara en él los dineros necesarios para garantizar el bienestar de los presos.
- Protesta en La Picota. Foto: Cortesía
El Ministerio de Justicia se demoró casi dos años para reglamentar esa orden y sólo hasta diciembre de 2015 la Uspec pudo contratar al consorcio integrado por las fiduciarias Fiduprevisora y Fiduagraria para que manejaran los recursos del Fondo y contrataran atención médica dentro y fuera de las cárceles. El consorcio arrancó operaciones en febrero de este año, por lo que la implementación del nuevo modelo sólo lleva cinco meses.
Desde entonces, y de acuerdo con la Fiduprevisora, el consorcio ha recibido la orden de contratar a 1.061 médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, higienistas y auxiliares de odontología para que trabajen en los penales. Con ese personal, cuya contratación se ha cumplido en 89%, el Fondo espera atender a los más de 121.200 presos que hay en las 137 penitenciarías del país. Según cifras del Inpec, más de 42 mil de esos reclusos ni siquiera han sido condenados y el hacinamiento general es superior al 55%.
En cuanto a la atención por fuera de los muros, que debe ser autorizada por los médicos de las cárceles, la Fiduprevisora asegura que la cobertura es del 80%. La entidad también contrató los exámenes de laboratorio con el Laboratorio Clínico e Inmunológico Lorena Vejarano y el suministro de medicamentos con Cafam y la compañía Genéricos Esenciales.
Pero mientras se afina la gigantesca maquinaria técnica y humana que se requiere para atender adecuadamente a los reclusos, el inconformismo sigue creciendo en los penales. En mayo, el recién posesionado Ministro de Justicia reconoció que el nuevo modelo de salud no había entrado en operación y que faltaban servicios médicos en 74 establecimientos. Por eso, consiguió que el Inpec decretara la emergencia carcelaria, lo que le otorgó facultades especiales a esa entidad y a la Uspec para que mejoraran las áreas de sanidad y pusieran al personal médico que estaba en funciones administrativas a atender a los pacientes.
En el último reporte sobre el estado de emergencia, elaborado por director del Inpec, brigadier Jorge Luis Ramírez, se lee que el número de establecimientos sin personal de salud se redujo a 19. Además, que se han realizado 530 brigadas, se han valorado más de 29 mil internos, se han firmado 85 nuevos contratos con Instituciones Prestadoras de Salud y se ha empezado a determinar cuáles presos están tan enfermos que no pueden permanecer tras las rejas. Entretanto, la Uspec ha avanzado 0% en el mantenimiento, dotación y construcción de áreas.
En el caso particular de La Picota, fuentes de la Uspec aseguran no tienen conocimiento de la huelga, pero que “la salud de los internos ya está cubierta por la Fiduprevisora” y que “existen algunos casos puntuales de internos con enfermedades de alto costo que al acceder al servicio deben realizar el procedimiento que existe para estos casos, como en toda entidad”.
Sin embargo, los presos insisten en que ni el nuevo sistema implementado por el Gobierno ni la emergencia carcelaria han mejorado sus condiciones de vida, al punto de declarar que “hay una pena de muerte de facto en la cárcel por falta de atención médica”. Por ahora han concertado con el Inpec y la Fiduprevisora la realización de diagnósticos por patios, que arrancaron el jueves en un área del patio seis conocida como la “Casona”, donde están recluidas personas de la tercera edad con enfermedades como cáncer, leucemia y Parkinson.
