Al grave problema del asesinato a líderes sociales en Colombia, se le suma una posible persecución judicial en su contra.
A eso de las 3 y media de la tarde, en la entrada de la Fiscalía General de la Nación, unas 20 personas se reunieron y se pusieron camisetas blancas para dar inicio a un plantón convocado por la organización política y social Congreso de los pueblos. La consigna de la manifestación, repetida una y otra vez por los más de 100 asistentes, fue “ser líder social no es un delito”.
El objetivo del plantón, que se realizó de manera simultánea en Cali, Medellín, Bogotá y Popayán, fue hacer una protesta contra el asesesinato sistemático, persecución, criminalización y judicialización de los líderes y lideresas sociales, campesinos, sindicalistas, ambientalistas y partidos democráticos en Colombia.
Hay una razón especial para que el evento haya sido convocado en la sede de la Fiscalía. Olimpo Cárdenas, organizador del plantón y miembro del equipo nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, dice que “la Fiscalía se ha constituido como un aparato de persecución de la protesta social. No hay casi procesos que hayan sido adelantados con seriedad por este organismo, sino que la gran mayoría de ellos se descubre temprano o tarde un concierto para delinquir por parte de funcionarios, investigadores, organismos de seguridad y de inteligencia”.
A la manifestación asistieron unas 100 personas.Diego Pinto Millán, dirigente social del Polo Democrático que también asistió, tiene una idea parecida: “lo que creemos es que hay un plan sistemático de parte del régimen para que las fuerzas alternativas no seamos poder. Pensamos que la oligarquía de este país en este momento tiene miedo porque saben que nos hemos vuelto una alternativa viable”.
De acuerdo con las cifras del Congreso de los Pueblos, en los últimos 8 meses han sido judicializados de manera errónea, irregular e injusta al menos 52 de sus miembros en lo que describen como “montajes”. A esto se le suman los 106 asesinatos de líderes en el último año según la organización Somos Defensores, y la muerte el fin de semana pasado de Evelia Francisca Atencia Pérez y Héctor Santiago Anteliz, líderes en La Guajira y Norte de Santander.
La situación de riesgo y amenaza contra los líderes sociales en Colombia, hasta ahora, no ha sido descrita ni abordada por el próximo gobierno, pues la resolución de este problema no aparece en las propuestas de Iván Duque, ni el presidente electo se ha referido a este tema en sus declaraciones recientes.
