Luego de la firma del Acuerdo de paz, el conflicto no ha terminado en este pueblo del norte de Antioquia. El desplazamiento masivo del pasado domingo no es el primero que ocurre. A esto se suman las amenazas de grupos armados ilegales y el asesinato de excombatientes de las Farc.
La imagen de cientos de campesinos llegando a la plaza principal de Ituango, con maletas al hombro o cargando costales, muestra una vez más que el conflicto no se ha ido de este pueblo antioqueño, a pesar del Acuerdo de paz y la puesta en marcha de los programas del posconflicto. El pasado domingo varias organizaciones de derechos humanos denunciaron desde temprano que al menos 860 habitantes de 12 veredas decidieron dejar sus fincas y hogares por las amenazas de los grupos armados ilegales que están en la región.
Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia, le dijo al diario El Colombiano que miembros de un grupo armado les comunicaron recientemente a los campesinos de esas zonas que debían irse porque se iban a producir enfrentamientos. Ahora están refugiados en el coliseo Jaidukamá y la escuela Pío X desde el domingo en la noche.
No informan que van en camino a Ituango las veredade Santa Ana y La Vega (Peque) en condición de desplazamiento. No parece que se hayan activado los protocolos de la Gobernación ni de la Alcaldía de manera clara, faltan colchonetas, cobijas, y mejores condiciones de atención. pic.twitter.com/VOMqkyCLQK
— Fundación Sumapaz (@FunSumapaz) February 24, 2020
Este desplazamiento masivo es un episodio más de la continuación del conflicto en Ituango luego de la firma del Acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016. Los responsables de esa situación son las disidencias de los frentes 36 y 18 de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparrapos y el Clan del Golfo, que luchan por el control de los territorios que dominaban el hoy partido político Farc.
La Defensoría del Pueblo reportó hace casi dos años que entre el 18 de enero y el 9 de marzo de 2018 fueron desplazados 2.192 habitantes del Norte de Antioquia —la región en donde queda Ituango—, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. También denunció en ese momento que la disidencia del frente 36 y las AGC se estaban fortaleciendo en Ituango; y que se habían presentado casos de confinamiento de familias indígenas y campesinas por el temor a posibles combates.
Seis meses después se dio una alerta de un nuevo desplazamiento. En septiembre, cerca de 300 familias de la vereda El Cedral denunciaron amenazas por parte del Clan del Golfo y plantearon irse de la zona si no mejoraba la seguridad.
En 2019 la situación no mejoró. Se presentó un nuevo desplazamiento masivo en marzo, donde esta vez los perjudicados fueron campesinos que apoyaban el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. En noviembre, 95 familias de la vereda La Miranda decidieron huir hacia la cabecera del pueblo por miedo a que se presentaran enfrentamientos entre el frente 18 de las disidencias y el Clan del Golfo. El conflicto no se había ido del todo en Ituango.
El comienzo del 2020 fue violento. El 28 de enero asesinaron al excombatiente César Darío Herrera, quien vivía en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Díaz. Un mes antes habían matado a otro exFarc en el municipio. Estos crímenes llevaron a que las cerca de 70 personas que viven en el antiguo ETCR pidieran una reubicación de sus casas y proyectos productivos.
Justo cuatro días antes del asesinato de Herrera, la periodista María Eugenia Durango, quien trabajaba para una de las emisoras de pedagogía de paz, tuvo que salir de Ituango por amenazas que le llegaron a su WhatsApp. Le exigieron abandonar el pueblo en 24 horas.
¡Pacifista! estuvo a principios de febrero en Ituango hablando con líderes sociales de la región. Nos contaron que sienten zozobra por los problemas de orden público de los últimos meses. Aunque en la calles de la cabecera hay tranquilidad, les preocupa que incremente la violencia en las zonas rurales, pues temen que se repitan historias como la del corregimiento de El Aro, recordada porque en 1997 ocurrió una masacre donde paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 15 campesinos y desplazaron a otros tantos.
Pese a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (la última se emitió el 24 de enero de este año) y las repetidas denuncias de organizaciones de derechos humanos, aún no hay una respuesta efectiva para la violencia en Ituango. Más allá de trasladar militares a las partes más críticas, los campesinos y líderes del municipio piden acelerar la implementación del Acuerdo de paz y la inversión social para así cerrarle los espacios a los grupos armados ilegales.
