Entrevista con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia | ¡PACIFISTA!
Entrevista con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Ilustración: Juan Ruiz - ¡Pacifista!
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Entrevista con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Staff ¡Pacifista! - Julio 8, 2019

"Nadie que sea sano mentalmente llega a una guerra por gusto ni para eternizarse en ella", fue una de las respuestas que le dieron a ¡Pacifista!

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El pasado mes de mayo, en ¡Pacifista! recibimos un video. En él, un hombre con pasamontañas, uniforme camuflado y distintivos de las AGC, se presenta como el “Comandante Alberto” de la división político-militar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El video, de casi siete minutos, se refiere en su mayoría a la situación actual en el departamento del Chocó. (Recordemos que con la firma del Acuerdo de paz y la salida de las Farc de los territorios en los que hacían presencia empezó la disputa por el control territorial. Así fue en Chocó con la salida del Frente 57 de las Farc). 

Las AGC empezaron a disputarle el control territorial al ELN –guerrilla que ha tenido una importante presencia en la zona del río San Juan en Chocó. Desde el año pasado han empezado a incursionar desde el norte del departamento hacia el sur para intentar quitarle ese control al ELN (y controlar también las rutas del narcotráfico con salida al Pacífico). 

Según la Alerta Temprana Nº 068-18 emitida por la Defensoría del Pueblo en agosto del año pasado, el enfrentamiento entre ELN y AGC han derivado en señalamientos en contra de líderes y autoridades tradicionales de pueblos indígenas y comunidades negras; la incursión y ocupación de comunidades indígenas en la cuenca del río Truandó; la utilización de niños, adolescentes y jóvenes y el reclutamiento forzado; los desplazamientos forzado; la instalación de minas y artefactos explosivos, entre otros.

Decidimos contrastar la información dicha por ‘Alberto’ y le enviamos a las AGC un cuestionario con preguntas que van al final de este texto.

En el video, el Comandante Alberto dice que ellos –las Autodefensas Gaitanistas– son un grupo heredado luego del fallido proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Es cierto que las AGC surgieron luego del proceso de paz que adelantó en su momento el presidente Uribe con las AUC. Fueron creadas por el exparamilitar y narcotraficante alias ‘don Mario’ en el 2008. 

Según un informe publicado por León Valencia y Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) “en el 2007, ‘don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas (AUC), huyó hacia el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres, con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico. Bajo el nombre de ‘héroes de Castaño’ nació lo que hoy conocemos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘clan del Golfo’”. 

En octubre de 2008 empezó a circular un panfleto en la zona del Urabá antioqueño que decía que las AGC se habían “visto obligadas a regresar a su lucha antisubversiva para defender los intereses de las comunidades más vulnerables, víctimas del abandono estatal, producto de la corrupción político-administrativa”. Pero si bien casi desde sus inicios la organización, en cabeza de ‘don Mario’, reclamaba un estatus político en el marco del conflicto armado colombiano; muchos analistas políticos y miembros del Estado han declarado que las AGC son el brazo armado del Clan del Golfo, el más importante grupo narcotraficante en el país, que tiene incluso negocios con los carteles mexicanos. 

En 2009, la Policía capturó a ‘don Mario’ y las AGC quedaron a cargo de los hermanos Úsuga: Juan de Dios y Darío Antonio. En 2012 Juan de Dios Úsuga, alias ‘Geovanny’ fue muerto en combate por la Unidad de Comandos Jungla de la División Antinarcóticos. Desde entonces, las AGC están comandadas por Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, actualmente la persona más buscada por las autoridades nacionales.

Según el informe “Inseguridad, violencia y economías ilegales en las fronteras” publicado en 2018 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) “El narcotráfico es la principal fuente de ingreso de los actores armados de la región (de Urabá), especialmente de las AGC, quienes han monopolizado todo el negocio: desde el cultivo de coca, procesamiento y venta de cocaína en las zonas urbanas, hasta el transporte al exterior por medio de rutas marítimas y terrestres”. De acuerdo con otro informe de la FIP, de julio de 2017, “Las AGC o Clan del Golfo (antes Urabeños o Clan Úsuga) cuentan con 1.900 integrantes que hacen presencia en 107 municipios del país, según cifras oficiales”. 

En el informe de Pares, de otra parte, se califica a las AGC o ‘clan del Golfo’ como una organización criminal de tercera generación (siendo la primera generación los carteles de narcotráfico, como el de Medellín y la segunda las estructuras paramilitares en las que los mandos militares tenían el control de las rutas). 

“En el ‘clan del Golfo’” dice el informe de Ávila y Valencia, “hay una mesa directiva de la organización que se compone de cinco personas. Cada una de ellas tiene asignado un territorio amplio. Luego viene una especie de figura que podría denominarse como socios, compuesto por cerca de 50 mandos. Cada mando tiene un territorio asignado y el territorio es el que determina su jefe en la mesa directiva”.

En el video, ‘Alberto’ asegura que “ni para el departamento del Chocó, ni para el resto del país existe un proyecto paramilitar”.

Consultamos con una fuente de alta confianza en la zona del norte del Chocó, donde las AGC tienen una importante presencia. La fuente nos dijo que si bien se trata de una estructura muy distinta a la que había antes, no se parecen tanto a las AUC: “el mero hecho que ellos digan esto es porque tienen un proyecto paramilitar, que no necesariamente es un proyecto político, sino más bien económico”. 

La fuente asegura que las AGC han optado por no significarse políticamente, y que es una organización que opera mediante varias estructuras. Añade que en el norte del Chocó, las AGC hacen presencia en los municipios de Acandí, Carmen del Daríen, Riosucio y Ungía: cuatro muicipios estratégicos, en especial, por el manejo de las rutas de narcotráfico.

Presencia de las AGC en el país. Fuente: Fundación Ideas para La Paz (julio de 2017)

 

Según un informe de la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios publicado en el mes de abril de este año asegura que las AGC “se han expandido en las regiones del Bajo y Medio Atrato, y las regiones del Alto, Medio y Bajo Baudó, con el único fin de ejercer control total en la población civil y en los corredores municipales y transfronterizos que hacen parte de sus intereses económicos (actividades como cultivos ilícitos, narcotráfico y minería ilegal)”.  

El ‘Comandante Alberto’ asegura en el video que su único enemigo en el departamento del Chocó es la guerrilla del ELN: “ni los campesinos, ni los indígenas, ni las comunidades afro son nuestro enemigo. Por el contrario, sentimos un profundo respeto por sus vidas y por todas sus expresiones culturales”. Y añade que su “propósito en el departamento de Chocó es garantizar y velar por la tranquilidad y la vida de las comunidades en sus territorios”.

Esto contrasta por lo dicho por la Defensoría del Pueblo el año pasado. Esta entidad alertó la entrada de hombres de las AGC en la comunidad de Pichindé, del Resguardo Jagual Chintadó: “El grupo armado ilegal manifestó tener una lista de personas pertenecientes a la comunidad, que asesinarían bajo el señalamiento de hacer parte de la estructura o colaborar con el Eln, lo cual ha generado amenazas contra las autoridades indígenas, torturas, retenciones ilegales, estigmatización, confinamiento y riesgos de desplazamiento forzado masivo”. 

Nuestra fuente consultada dice que afirmar que las AGC garantizan la tranquilidad de las comunidades no es una aseveración acorde con la realidad. “Evidentemente quieren sacar al ELN del territorio pero para que les queden a ellos las rutas de la coca”. Y añade que no es cierto que el propósito de las AGC sea garantizar y velar por la tranquilidad de las comunidades en los territorios: “No, en absoluto. Dicen eso, pero su propósito es controlar territorios y comunidades. En Ungía y Acandí no se mueve un alfiler sin que ellos autoricen. Si la familia tiene al hijo por fuera, tiene que pedirle permiso a ellos para que pueda venir de vacaciones”.

En el video, también se habla de labores de desminado efectuadas por los hombres de las AGC. ‘Alberto’ dice que las AGC se han encargado de hacer labor de desminado en las comunidades de Clavellino, Pava y Platanillo instaladas por el ELN “poniendo en riesgo la vida de nuestros hombres”. La fuente en la zona norte del Chocó asegura que las labores de desminado las hacen las AGC pero también el ejército, cuando se encuentra en la zona. “Se trata de un desminado militar” dice la fuente, “si se encuentran con una mina, la desactivan. La detonan pero para que no les exploten a ellos mismos”.

La fuente agrega que con las minas empezaron los ‘elenos’ pero que enseguida les aprendieron las AGC la técnica. Dice que hay gente que se ha ido del ELN a las AGC y que “siempre ha habido una permeabilidad bastante grande entre guerrillas y AGC: se voltean y se van para el otro lado”.

El ‘Comandante Alberto’ asegura en el video que ellos están dispuestos a abrir un corredor humanitario para que llegue la ayuda a las comunidades que lo necesitan. La fuente consultada por ¡Pacifista! asegura que “lo que abren son corredores para que ellos puedan pasar. No creo que la comunidad les importe”. 

Aunque agrega que las comunidades sí reconocen que, respecto de organizaciones que tuvieron control territorial en el pasado (como las AUC), “ellos no son tan malos como antes: no están descuartizando como antes”. 

Finalmente, el ‘comandante Alberto’ asegura que las AGC no tienen ninguna clase de acuerdo o acción conjunta con las fuerzas del Estado (ejército o policía). La fuente consultada por ¡Pacifista! dice que esta afirmación es cuestionable. Por ejemplo, en la entrada del río Truandó, las AGC controlan quién entra y quién sale. “Todos sabemos que están allí y los vemos. La policía está a 400  metros y evidentemente saben de esa situación. Uno para salir a una cuenca tiene que ir a donde esta gente y decir que va a salir”. Es imposible, dice la fuente, que las autoridades no sepan del accionar de las AGC.

A esto habría que añadirle lo que dice un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en enero de 2017 en el que dice que “gran parte de la población del Bajo Atrato tiene la percepción de que la Fuerza Pública presente en la zona (Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo cual ha derivado en una profundización de la crisis de legitimidad del Estado en la subregión”.

Publicamos a continuación el cuestionario enviado por ¡Pacifista! a las AGC, después de la publicación del video citado. Las respuestas tardaron varias semanas en llegar. 

¡Pacifista!: ¿Por qué están en armas?

AGC: Somos el producto de un proceso de paz mal hecho, el que se hizo con lo que fueran las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Una vez desmovilizados, muchos de nosotros empezamos a recibir amenazas, y no solo los desmovilizados, sino también  nuestras familias y las comunidades que nos habían acogido. Cientos de los antiguos combatientes fueron asesinados. Las denuncias fueron presentadas, pero nadie hizo nada, ni las fuerzas de seguridad del Estado, ni la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, ni ningún organismo de derechos humanos, que son tan dados a acusar cuando se trata de exguerrilleros. Nos vimos precisados a rearmarnos, para defender nuestras vidas. De esta manera con unos pocos hombres inicialmente conformamos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

¿Existe alguna posibilidad de dejarlas y apoyar la paz en Colombia?

Nadie que sea sano mentalmente llega a una guerra por gusto ni para eternizarse en ella. Durante el gobierno del señor Santos estuvimos en conversaciones para desactivar la estructura armada de la Autodefensa. Fueron diálogos por más de dos años, en los cuales buscábamos alternativas jurídicas realistas para lograr la desmovilización. Sin embargo, el marco jurídico que se presentó al Congreso de la República por parte del gobierno nacional no tenía nada distinto a lo que ya existe en las leyes ordinarias vigentes al día de hoy y pese a que insistentemente nuestros delegados así lo señalaron, finalmente fue aprobada tal cual. La ley ya venció, pues daba un plazo de seis meses para acogerse a ella, el cual se cumplió en diciembre del año pasado. Claro que apoyamos la paz en Colombia, pero una paz para todos y con justicia social.

Si es así, ¿cuáles serían las condiciones para ello?

No se trata sólo de solucionar nuestros problemas jurídicos y ya está. Creemos que es irresponsable desmovilizar una fuerza armada sin que previamente el Estado destine sus esfuerzos y sus recursos en solucionar la inmensa deuda social que tiene con la Colombia olvida de la que somos los más genuinos representantes. Por ello, presentamos en el marco de las conversaciones que ya mencionamos los requisitos que consideramos indispensables para proceder a acogernos a la justicia, a saber:

Planes de inversión social para las comunidades de las zonas que nos han dado alojamiento, y sin cuyo apoyo incondicional, ya habríamos desaparecido. 

Proyectos de vida sostenibles para todas nuestras estructuras sociales, políticas y armadas. De ello depende que la tranquilidad se aposente por fin en amplias regiones de la patria, al darle sentido a la vidas de miles de mujeres y hombres, que tendrían mucho que perder si un eventual proceso de desarme.

Un marco jurídico benigno el cual, a cambio de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ofrezca penas reducidas a quienes cumplan con la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto, en condiciones especiales de reclusión, en centros carcelarios controlados por el Inpec. 

Por último, mientras se cumpla con todo este proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción en la sociedad, deben suspenderse los pedidos de extradición sobre los comandantes y demás personal de las AGC involucrados. Esta exigencia no es casual. Se trata de garantizar la reparación de las víctimas, además del derecho de la sociedad a conocer las realidades del conflicto desde la óptica de nuestra comandancia. Además de mantener cohesionados a quienes fueran miembros de las AGC, con planes organizados de Reinserción.

¿Si no se consideran un grupo paramilitar y no son un proyecto político, por qué la fuerte presencia en zonas del país?

No somos un grupo paramilitar porque no somos un apéndice del Estado para combatir a la insurgencia, ni ejércitos privados para estar al servicio de oscuros intereses, como los que se oponen a los legítimos derechos de a quienes se les arrebataron las tierras. Mucho menos asesinamos líderes sociales, como perversamente se denuncia todo el tiempo en los medios de comunicación. 

Tampoco aspiramos a tomarnos el poder con la fuerza de las armas, ni tenemos aspiraciones electorales, porque un proceso electoral con actores armados sería ilegítimo. 

Nuestra presencia en tantas zonas del país, y eso que no hemos seguido creciendo por decisiones responsables que ha tomado el Estado Mayor, se debe a la necesidad de defender tantas comunidades del asedio de grupos armados legales e ilegales. 

Son un grupo armado fuerte, es costoso mantener un grupo desde lo militar, ¿de dónde salen los recursos para ello?

No es nuestra responsabilidad que en esa Colombia olvidada a la que hacemos alusión, las rentas de las que sobrevive la mayoría de la gente sean ilegales. Nosotros cobramos el impuesto al gramaje a quienes comercian con la coca. De eso hemos vivido, sin que ello implique que estemos involucrados en el negocio del narcotráfico, ni que seamos un cartel de las drogas.

Vea acá el archivo original con las respuestas de las AGC.