Un expediente de la Justicia Especial para la Paz, inédito hasta hoy, señala a unidades militares que ejecutaron en el año 2000 la “Operación Berlín” contra las Farc, de presuntamente ejecutar a niños reclutados por la insurgencia y que se rendían con las manos en alto en medio de los combates. Necropsias, fotografías (que revelamos) y testimonios de sobrevivientes dan cuenta de que les habrían disparado boca abajo y del estallido de sus cráneos.
Por: Nicolás Sánchez, Edinson Bolaños y Mathew Charles. Una investigación publicada en alianza entre PACIFISTA! y el periódico británico The Telegraph
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La “Operación Berlín”, ejecutada hace 21 años contra las Farc en Santander y Norte de Santander, fue calificada por el Ejército colombiano como “histórica” y más de 2.000 militares fueron condecorados. Sin embargo, hoy es cuestionada por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que pide llamar a declarar a cinco militares, entre ellos, el general retirado Eduardo Santos Quiñónez y otros comandantes de rango medio.
Entre la información que reposa en el expediente de la JEP hay fuertes indicios de que los militares ejecutaron al menos, según las necropsias y registros fotográficos conocidos por este medio, a seis menores de edad, a quienes les estallaron la mitad de sus cráneos por la cercanía de los disparos de fusil. Los testimonios de tres sobrevivientes, entregados bajo juramento a la JEP, dan cuenta justamente de esas atrocidades en contra de menores de edad que ya se habían entregado, con las manos en alto, a los soldados del Batallón Ricaurte.
Este hecho ocurrió en pleno desarrollo de la “Operación Berlín”, que duró cerca de dos meses. Según el diario de los militares, en poder de este medio, desde el 13 de octubre de 2000 la inteligencia venía siguiéndole los pasos a ‘Rogelio Benavides’, comandante de dicha columna guerrillera. El documento revela la poca e imprecisa información que tenían los militares para ese momento: “(se desplaza) con 100 bandoleros hacia el Magdalena Medio procedente de la zona de distensión (San Vicente del Caguán, Caquetá), conociéndose que ya ha pasado por los departamentos de Guaviare, Meta y Vichada, y en la actualidad se encuentra en Arauca”.
Dos semanas después, un menor de edad que integraba la columna se entregó a la Fuerza Pública en Fortul (Arauca) y contó el camino que llevaban sus compañeros. Un informe de inteligencia elaborado el 26 de octubre del 2000, por la Décima Octava Brigada del Ejército, evidencia que los militares desde ese momento sabían de la cantidad y tipo de niños y niñas que marchaban en la columna guerrillera: “en la columna móvil Arturo Ruíz hay aproximadamente 150 menores de edad entre los 14 y los 17 años”. Este documento, hasta hoy inédito, fue obtenido durante la investigación del documental ‘Operación Berlín’, que será estrenado el próximo miércoles 7 de julio.
El 29 de noviembre fue un día escabroso. Los hechos empezaron en la penumbra, a las 2:00 am. El soldado Jorge Barrera Solano, quien fue testigo presencial de ese operativo, relató que a esa hora les informaron de enfrentamientos entre el Batallón Ricaurte y un grupo al margen de la ley a tres kilómetros de donde estaban. Dijo que a las 4:30 am, encontraron a una guerrillera muerta y que horas después se iban entregando guerrilleros a las tropas de ese Batallón Ricaurte. El mismo militar contó que a las 4:00 pm ya se habían entregado tres menores más y que informaron a otra tropa que ahí cerquita, en la parte de abajo del cañón del río Cachirí (Santander), había unos 40 guerrilleros.
La contraguerrilla continuó el camino y mientras registraba el lugar fue sorprendida por disparos. Allí retrocedieron, un teniente les dio la orden de abrir fuego y, minutos después, de ir a registrar qué había pasado. Mientras eso sucedía, narró el soldado Barrera, “vieron seis guerrilleras (niñas) con las manos en alto diciéndoles que no las fueran a matar que ellas se entregaban”. Al ver esa actitud, Barrera les dijo que se quedaran quietas y decidieron ir por ellas, pero sintieron que les dispararon desde el monte. En ese momento el soldado Barrera resultó herido en una pierna, al igual que su compañero Carlos Barrio Zapata. Murió el soldado Luis Murillo Osorio. Minutos más tarde, el soldado Barrera se arrastró como pudo y fue rescatado por un helicóptero Black Hawk. Una vez en las instalaciones de la Quinta Brigada, en Bucaramanga, comentó que apenas se enteraba de los guerrilleros muertos y capturados, pero que no sabía qué más había sucedido.
Este testimonio, que hizo parte de un proceso que adelantó la Justicia Penal Militar hace dos décadas, por la presunta ejecución extrajudicial de diez guerrilleros ese 29 de noviembre, es pieza clave en la investigación y encaja con los testimonios de los sobrevivientes entregados a la JEP en abril pasado, los cuales no fueron practicados hace 20 años para conocer otra versión de ese hecho. Una de esas declaraciones corresponde a la de una niña (hoy adulta) a la que le dispararon por la espalda mientras los soldados le decían que corriera por una carretera hacia una loma, donde supuestamente los esperaba un helicóptero para rescatarlas junto con sus compañeros:
“Nos dijeron ‘corran, salgan tres, párense tres y corran hacia arriba sin mirar atrás y corran que el helicóptero los está esperando en la parte de arriba’. Nosotros si escuchábamos un helicóptero. Entonces, mis compañeros, tres de ellos, no me acuerdo los nombres, corrieron y yo escuché cuando empezaron a disparar, eran como las 5:30 de la tarde cuando eso. Entonces, cuando nos dijeron, ‘ahora salgan ustedes tres’, que era la gordita Edith, que yo la ayudé a parar, el otro muchacho y yo, pero entonces, cuando yo salí a la carretera, yo sí me di la vuelta, y había cinco militares tendidos en el piso boca abajo apuntándonos, entonces un soldado me dijo que ‘no mire hacia atrás’ hijue no sé qué. Entonces yo me volteé, pero yo ya sabía que nos iban a disparar porque era lo que había pasado con los otros muchachos”, relata la sobreviviente que hoy busca protección para su vida y la de su familia, pues desde entonces la amenazaron de muerte si contaba lo que había vivido ese 29 de noviembre.
La sobreviviente manifestó que los soldados tenían rabia por la muerte en combate del soldado Murillo.
Los muchachos a los que se refiere su testimonio son los que, entre las 5:30 pm y 6:30 pm, en medio de la oscuridad que llegó pronto al páramo El Berlín, fueron tendidos en el piso y fusilados. Sobre estos hechos, este medio también tuvo acceso a las 28 necropsias que reposan en Medicina Legal, de las cuales, seis corresponden a menores de edad que habrían sido ejecutados extrajudicialmente en el operativo del 29 de noviembre y cuyo contenido incluye las fotografías de los menores que quedaron con una misma característica descrita por la Fiscalía: estallido craneal.
“Detalle de una herida abierta por estallido de bóveda craneana con exposición de masa encefálica ósea”, se lee en uno de los documentos del expediente judicial. A pesar de que dichas necropsias y fotografías también fueron evaluadas hace dos décadas por la Justicia Penal Militar, no fueron suficientes para continuar el proceso por homicidio que había contra los militares por este episodio. Por el contrario, la juez militar Elsy Berenice González Pineda dijo que todo había ocurrido durante un combate en el que los soldados utilizaron las armas de manera legítima.
A pesar de la acción de los militares, la niña baleada, hoy testigo de los hechos, quedó viva porque se hizo la muerta para poder ver y escuchar lo que seguía:
“Yo solo movía las manos tratando de tocar el sitio donde estaba y solo tocaba pasto, como tierra, arena, piedras, el dolor era muy intenso, yo duré un rato ahí, no puedo calcular el tiempo porque el dolor no me lo permitía. Yo buscaba algo con que pegarme en la cabeza, matarme, porque el dolor era tremendo… Pasó un tiempo y escuché pasos. Escuché varios pasos y un radio de comunicación, pero entonces era muy oscuro, yo la verdad no les vi la cara ni nada a ellos porque estaba muy oscuro. En el radio decían que los mataran a todos, que los rematan, decían en el radio”.
A ella la botaron al hueco con todos los muertos, los que cayeron cuando les disparaban mientras los ponían a correr y los que ajusticiaron boca abajo o boca arriba dejándolos sin la mitad de sus sesos, como relataron los testimonios ante la JEP. Pero corrió con suerte de encontrarse con un soldado que le salvó la vida. Él fue quien se opuso a que le dispararan cuando ya tenía el tubo del fusil sobre su cabeza:
“Cuando volteé la mirada yo miré a todos mis compañeros con la cabeza, les habían volado toda la cabeza a ellos…Allí el soldado me dijo si usted está viva, muévase. Entonces yo obviamente no me movía por el miedo que tenía, yo paré completamente la respiración, no me moví, o sea, nada. Entonces pasó un rato así, y volvió y me dijo, ‘si usted está viva, muévase, apriéteme la mano’. Entonces él me cogió mi mano, metió el dedo, y me dice, si usted está vivía apriéteme la mano, y yo seguía sin hacerlo del miedo que tenía.. él ya se iba a ir entonces yo le cogí la mano, bueno, que sea lo que dios quiera, le cogí la mano y le apreté la mano, y me dijo, ‘yo sabía que usted estaba viva y la vamos a sacar’, llamó como a cuatro militares más, hicieron como una forma de una hamaca, me sacaron del hueco donde yo estaba. El militar me dijo, ‘la vamos a ayudar, la vamos a curar’. De ahí me sacaron…”.
Durante el proceso judicial en la Justicia Penal Militar, un procurador dejó una constancia que revela que el caso se archivó sin mayores pruebas: no se tomaron en cuenta los testimonios de los sobrevivientes, testigos presenciales de los hechos y, por tanto, “no está plenamente demostrado que no se hayan dado irregularidades”, escribió Óscar Carrillo Vaca, quien era el procurador judicial en Ocaña (Norte de Santander) y quien pidió no archivar el caso hasta tanto no se practicaran pruebas que permitieran concluir que los diez guerrilleros, seis de ellos menores, habían muerto en un combate con el Ejército. Este medio buscó a Carrillo para saber por qué finalmente cerraron el caso, pero ahora como magistrado en Nariño escribió: “salí de Ocaña hace varios lustros con amenazas hacia mi familia; no creo que recuerde mayores cosas de lo que sucedió en tan remotos tiempos y, además, no quiero recordar”.
Algunas de las pruebas que se dejaron de practicar también fueron los estudios de balística. Según certificó Medicina Legal en ese entonces, aunque las prendas de los cadáveres sirvieron para determinar que sí se trató de “guerrilleros muertos en combate”, no pasó lo mismo para establecer la distancia desde la que les dispararon: “se determina que las prendas de vestir no son aptas para la estimación de los análisis de distancia del disparo”, dicen todas las actas de levantamiento de los seis cadáveres.
Otro sobreviviente le contó a la JEP que tuvo que identificar a sus compañeros por petición de los soldados, y así describió la forma cómo encontró a sus amigos:
“Muertos por armamento de largo alcance, porque las cabezas estaban explotadas por los morterazos, por las ojivas de las ametralladoras…Había niños que no se reconocían. Uno los reconocía porque uno había andado con ellos casi seis meses y uno sabía quiénes eran por las botas, los uniformes, debajo del bolsillo traía el nombre, la tez de piel, entonces uno sabía quién era, si era mayor de edad o menor de edad”.
Sobre las necropsias, que incluyen actas de levantamiento y álbumes fotográficos, este medio consultó a Renee Willmon, antropólogo forense de Toronto, Canadá, quien expresó lo siguiente al analizar los informes forenses del 29 de noviembre de 2000:
“Es más probable que las lesiones mortales sufridas en una batalla involucren múltiples áreas del cuerpo, contrario a lo que se observa en estos informes. En los casos en los que la direccionalidad de las lesiones en la cabeza por arma de fuego puede evaluarse a partir de las imágenes, la posición relativa del fallecido y el tirador parece inconsistente con una posición cara a cara o con ambas personas de pie, según el patrón y la ubicación de las heridas de entrada y salida que se observan”.
Un crimen de guerra
Los hechos que cuestiona la JEP dentro del expediente están todos relacionados con posibles violaciones del Ejército colombiano al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Por ejemplo, resalta en la orden de operaciones una instrucción clara para la tropa: “recabar sobre la disciplina de fuego y concientizar al soldado de que cada disparo debe ocasionar una baja enemiga”.
Igualmente, “el engaño” al que fueron sometidos los menores que recibían desde un helicóptero volantes con propaganda para que se entregaran y “quienes salían con las manos en alto y se les disparaba, lo que se constituiría en un crimen de guerra”, subraya un documento del expediente de la JEP. Otro hecho que está tipificado como violación al DIH es el de no dar cuartel, y el cual habrían materializado los militares cuando recibieron la orden de no dejar con vida a nadie, y cuyo contenido salió de los radios y fue escuchado por una de las sobrevivientes que declararon ante la JEP.
La investigación del documental ‘Operación Berlín’ también pudo establecer que la columna guerrillera estaba conformada por 361 personas: 27 menores de 15 años; 114 que tenían entre 15 y 17 y 220 mayores de edad. Aunque la información de inteligencia habla de cerca de 150 menores en las filas de la columna guerrillera, la investigación del documental también conoció cifras reveladoras de Medicina Legal: practicó 78 necropsias de esa operación, de las cuales, 28 corresponden a cuerpos de menores de edad.
Por eso, la Sala de Reconocimiento de la JEP, que adelantó esta investigación, también corrió traslado de la información a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que indague si en el cementerio Campohermoso de la ciudad de Bucaramanga yacen 35 cuerpos de menores que murieron en la denominada Operación Berlín. En once cementerios de otros municipios también se pide investigar por más cuerpos.
La injusticia colombiana
En 2010 la justicia ordinaria condenó a siete comandantes de las Farc por el reclutamiento forzado de menores de edad para conformar la columna guerrillera Arturo Ruíz. La sentencia, dictada por la jueza Floreddy González Sánchez, no hace ninguna referencia a las posibles ejecuciones extrajudiciales en el marco de la operación. Años después de esos hechos, González tuvo en sus manos un caso de una ejecución extrajudicial en la que estaban implicados ocho militares. Ella, como jueza Tercera Penal del Circuito Especializado, los absolvió, pero en segunda instancia fueron condenados.
Otro hecho relacionado con los militares, a pesar de que siempre hubo muchas preguntas sobre esta operación, es que un mes después de terminado el operativo, el presidente Andrés Pastrana Arango condecoró a 36 miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y la Aviación Militar y a 3 más de la Aviación de la Policía Nacional que participaron en dicha acción. Esto incluyó a 24 oficiales, 13 suboficiales y 2 técnicos. Igualmente, fueron condecorados “los 2.944 miembros que participaron en la Operación Berlín” y al brigadier general Martín Orlando Carreño, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, quien “recibió del general Fernando Tapias, la distinción en servicio distinguido al orden público y el valor”.
El general Martín Orlando Carreño Sandoval, quien firmó la orden de operaciones, ya falleció. En cambio, en el expediente de la JEP se recomienda llamar a declarar por cadena de mando al general retirado Eduardo Santos Quiñónez, quien era el comandante de la segunda División del Ejército y debió conocer de la planeación y ejecución de la orden de operaciones 046 del 18 de noviembre de 2000. Según la JEP, el general Santos, -férreo opositor del acuerdo de paz con las Farc-, conocía la información de inteligencia suministrada por el G-3 que advertía acerca de la cuantiosa presencia de menores en la columna guerrillera.
Fueron condecorados y no investigados, y ni la Fiscalía ni la Procuraduría abrieron investigaciones en contra de los militares que participaron en la Operación Berlín, dice el expediente. No obstante, la Justicia Penal Militar sí abrió 14 indagaciones por los homicidios cometidos por las tropas, cinco de las cuales se archivaron y de las otras nueve, pese a haber insistido, los magistrados de la justicia especial de paz aún no han obtenido respuesta. Tampoco la obtuvieron por parte del Ministerio de Defensa sobre siete unidades militares, de las nueve que participaron, cuando le solicitaron las hojas de vida y la identidad de los soldados que estuvieron en la operación. A esa justicia sólo llegó información de dos unidades.
Este podría ser, sin duda, el caso emblemático de la guerra colombiana que más ayuda a comprender la dimensión del drama del reclutamiento forzado. Por eso, la magistrada que ha investigado hasta ahora estos hechos, y quien se negó a entregar información sobre el particular, llama la atención en el expediente para que el tribunal de paz continúe en su propósito de buscar verdad y justicia para las víctimas, y contribuir en la no repetición de estos hechos, como pasó a principios de este año en zona rural del Guaviare donde murieron cuatro menores tras un bombardeo contra las disidencias de las Farc, y nuevamente bajo la justificación del Gobierno colombiano de que son menores combatientes y por lo tanto “máquinas de guerra”.
El expediente de la JEP contiene muchas pruebas desgarradoras de esta historia y ahora el tribunal de paz tiene la palabra para decidir si llama o no a los militares que participaron en el operativo. Del lado de las Farc hay condenados por su papel como reclutadores, pero está pendiente el papel de la Fuerza Pública en ese momento de la guerra frente al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
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Por: Nicolás Sánchez, Edinson Bolaños y Mathew Charles. Una investigación publicada en alianza entre PACIFISTA! y el periódico británico The Telegraph
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