Un informe de la Fundación Ideas para la Paz demuestra que la cuarentena fue aprovechada por los grupos armados ilegales para seguir incorporando niños y adolescentes a sus filas.
Ni el Acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc ni la pandemia de Covid-19. Nada ha logrado frenar el reclutamiento de menores de edad para la guerra en Colombia. Así lo demuestra la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en su informe El problema del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, publicado este mes. La FIP le hizo seguimiento a este delito en el sur de Córdoba, Catatumbo, norte del Caquetá y Guaviare.
Según el informe, la cuarentena para evitar la expansión del virus fue aprovechada por los grupos armados ilegales para seguir reclutando niños y adolescentes en este 2020. El cierre de los colegios o la imposibilidad de continuar las clases en casa y la disminución de los ingresos económicos en muchas familias les facilitó las cosas al Eln, al Epl, a las disidencias de las Farc y a grupos paramilitares como Los Caparrapos y el Clan del Golfo. Vale la pena mencionar que estos grupos aumentaron su control sobre ciertos territorios durante el aislamiento obligatorio.
En el 30 por ciento del país estos actores armados tienen en sus filas a menores de edad. El norte del Cauca, el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y las regiones del sur de Bolívar, del Meta y del Tolima son las zonas donde más los reclutan, de acuerdo con la FIP. Justamente en estas áreas hay fuertes disputas territoriales y se están consolidando subgrupos armados ilegales, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento.
La FIP en su informe cita unos datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa: entre 2003 y 2018, unos 5.119 niños y adolescentes se desvincularon de grupos armados ilegales. Aunque la cifra puede ser mayor según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 5.799 menores desvinculados durante el mismo periodo de tiempo.
Algo similar pasa con las cifras más actuales: el Ejército asegura que en el primer semestre de este 2020 fueron recuperados 219 menores de edad, pero el GAHD dice que apenas se registraron 35 casos hasta el pasado abril. Estas diferencias entre los datos son un problema, pues dificulta que se sepa con certeza la magnitud del reclutamiento forzado de menores en el país. Para la FIP, a esto hay que añadirle la falta de denuncias debido a las persecuciones y amenazas que pueden aparecer contra quienes se atreven a hablar.
Por otro lado, el informe señala que la Defensoría del Pueblo advirtió entre 2017 y 2019 el riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en 182 municipios. Y durante este 2020, la entidad ha emitido 17 alertas tempranas sobre el tema. Además, se ha detectado que los actores armados han incorporado a menores migrantes, especialmente de origen venezolano y ecuatoriano, en los últimos meses.
La FIP también logró identificar las tareas que les delegan a los niños y adolescentes dentro de los grupos armados ilegales: la vigilancia de campamentos, el cobro de extorsiones y el transporte de armas y drogas. A los menores que hacen parte de pueblos étnicos los utilizan como informantes dentro de los resguardos o consejos comunitarios. Y las niñas, principalmente, son víctimas de agresiones sexuales.
El reclutamiento de menores no ha vuelto: realmente nunca se fue
Este informe sale justo cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está escuchando a exintegrantes de las Farc en el marco del caso 07: Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Desde el pasado septiembre, la JEP viene llamando a exaltos mandos de esa desmovilizada guerrilla para que rindan versión acerca del reclutamiento de menores para la guerra. Hasta el momento, 15 de ellos han hablado en la jurisdicción.
Pese a este importante paso de la JEP, los grupos armados ilegales que siguen activos no han dejado de reclutar menores de edad. Por esta razón, la FIP le recomienda al Gobierno Nacional fortalecer las políticas y entidades públicas encargadas de frenar este delito, como lo son la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA).
La fundación también pide la aplicación del decreto 1434 de 2018 (‘Por el cual se adopta la línea de política pública de prevención del reclutamiento’). “A pesar de que su expedición creó muchas expectativas alrededor de materializar los planes de acción de prevención en esta materia, esto no ha ocurrido”, se explica el informe. Implementar estas medidas permitiría tener información precisa y crear mecanismos de prevención temprana con enfoques diferenciales de territorio, género y etnia para proteger a los niños y adolescentes.
Pueden revisar el informe completo aquí.
