El pasado 8 de abril, el representante a la Cámara Alirio Uribe citó a una audiencia pública en el Congreso para hacerle seguimiento al proceso de reparación colectiva del sindicalismo.
Ciento cuarenta muertos al año durante más de dos décadas, estigmatización y desaparición de organizaciones enteras, son algunas de las profundas heridas que la guerra le ha causado al sindicalismo en Colombia. A juicio de los líderes de los trabajadores, la gravedad de esos hechos hace imposible que la reparación del movimiento sindical se pueda realizar con los mecanismos contemplados en la Ley de Víctimas.
Por eso, las tres centrales obreras que existen en Colombia y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que ha puesto el 30% de los muertos, están a punto de conseguir que el gobierno de Juan Manuel Santos firme un documento histórico.
Se trata del decreto que creará un organismo sin precedentes, en el que los sindicalistas, el defensor del Pueblo; los ministros del Interior, Hacienda, Justicia, Trabajo y Educación, y los directores de Planeación, Prosperidad Social y la Unidad de Víctimas, negociarán la manera como el sindicalismo será reparado. El nuevo escenario se llamará Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales y Fecode para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical, y estará bajo la tutela de la Unidad de Víctimas.
Según consta en el proyecto de decreto, la nueva Mesa será el espacio en el que altos funcionarios y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Fecode, se pondrán de acuerdo en todas las medidas que deberá tomar el Estado para reparar y garantizar los derechos de los sindicalistas.
Vea aquí el documento: Proyecto de decreto para reparar al sindicalismo
Al decreto no le falta ni una coma y sólo resta que el Gobierno lo firme para que la Mesa cobre vigencia. Tuvieron que pasar dos largos años de concertación entre las partes para elaborar ese documento, con el que, por primera vez, el Estado pondrá en marcha una instancia del más alto nivel para diseñar la reparación de un grupo específico de víctimas.
Mirta Rodríguez, del comité ejecutivo de la CTC, dice que la Mesa es el resultado de “una reflexión nuestra, según la cual la Ley de Víctimas no es suficiente para reparar al sindicalismo”. Por eso, desde 2014, las tres centrales obreras le dijeron al presidente Santos “que era necesario generar un espacio adicional, diferente, en el que se pudieran validar nuestras exigencias con las entidades directamente involucradas en la toma de las decisiones”.
Y es que en opinión de los sindicalistas, la Unidad de Víctimas no tiene cómo resolver sus demandas en el campo de la reparación, que van mucho más allá de medidas económicas y simbólicas. Rodríguez asegura que “el daño causado al movimiento sindical es enorme y por eso se requiere una reparación proporcional. Está claro que con el debilitamiento del sindicalismo no sólo resultaron afectados los sindicatos, sino los colombianos en general, porque esa situación fue aprovechada por el Congreso para expedir muchas leyes adversas para los trabajadores”.
Es por eso que los dirigentes se sentarán a la Mesa a negociar con el Gobierno medidas de reparación en tres niveles: para los sindicatos en particular, para el sindicalismo en general, y para las desmejoradas condiciones laborales de los colombianos.
Según Fabio Arias, secretario General de la CUT —la central obrera más grande y más victimizada del país—, “a nivel de los sindicatos se trata de que nos dejen como estábamos antes de que empezara esta vaina (la violencia antisindical). Aquí hay sindicatos que fueron desaparecidos, con esos ya no hay forma de hacer nada. Pero hay unos que lograron resistir y con ellos hay que hacer unas labores específicas de reparación, tanto de parte del Estado como de los empresarios”.
En cuanto al sindicalismo en general, Arias dice que “debe ser reparado en dos temas gruesísimos. El primero es el esclarecimiento de la verdad de lo que fue la violencia antisindical. El segundo es la estigmatización, que no se resuelve sino con una política pública de largo aliento con la cual el Estado fomente el sindicalismo como una fuerza democrática y que le cambie el chip al empresariado, para que entienda la importancia del movimiento”.
Respecto a las condiciones laborales, el secretario General de la CUT asegura que “hay una cantidad de convenciones que desaparecieron y unos derechos que fueron mutilados producto de la violencia. Porque, como en un partido de fútbol, primero lograron lesionar a tres o cuatro jugadores importantes de nuestro equipo y después se nos vino la goleada”. Y agrega que “ese pedazo lo vamos a pelear duro en la Mesa”.
Carolina Albornoz, subdirectora de Reparación Colectiva de la Unidad de Víctimas, reconoce que muchas de esas demandas “no son competencia de la rama ejecutiva necesariamente, sino que también tienen que ver con reformas legislativas. Esto desborda las competencias de la Ley 1448 (o de Víctimas y Restitución de Tierras)”.
Según Albornoz, la amplias exigencias de los sindicalistas, las afectaciones que han sufrido y el tamaño de ese grupo de víctimas convencieron al Gobierno de la necesidad de “generar un mecanismo que permitiera tener un espacio de negociación del mas alto nivel entre el movimiento sindical y el Estado para concertar la reparación colectiva”. Sin embargo, el presidente Santos asumió ese compromiso el 9 de abril de 2014 y, dos años después, la demora en la expedición del decreto está generado molestias en las centrales obreras.
¿Para cuándo el decreto?
El pasado 9 de abril, cuando se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el Gobierno anunció que ya estaba listo el decreto que dará vida a la Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales y Fecode para la Reparación Colectiva. Pese a ello, no lo firmó.
La demora ha generado toda suerte de especulaciones en las centrales. Mientras del lado de la CTC se dice que el Gobierno le teme a dar ese paso, porque no tiene precedentes y porque abre la puerta para que las organizaciones sociales negocien la reparación, del lado de la CUT se especula que el Presidente está esperando a firmar el acuerdo final con las Farc, “pues no quiere verse en la molesta situación de tener dos reparaciones, en momentos y circunstancias distintas”.
Al respecto, Albornoz asegura que el decreto sí será expedido, que ello se hará a finales de junio o principios de julio, y que los tiempos obedecen a la naturaleza misma de la negociación y del mecanismo. Así, mientras el 2014 se invirtió en la elaboración de una propuesta para el diseño de la mesa, que estuvo a cargo del movimiento sindical, el 2015 se gastó en una larga revisión jurídica. Y aún falta, según ella, que se surtan un par de trámites y que las centrales definan la agenda.
Mientras tanto, los sindicatos siguen a la expectativa. Una vez se firme el decreto, se dará el primer paso para que, por primera vez en Colombia, un grupo de víctimas negocie cara a cara con el Gobierno su propia reparación.
