"Desde 2013 no se registraba un desplazamiento masivo en Caquetá", dice la ONU.
Las últimas semanas han sido difíciles para los indígenas huitoto de Caquetá. Por lo menos 91 personas de 18 familias, según la ONU, tuvieron que desplazarse desde el municipio de Solano, Caquetá, hasta el corregimiento La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo. La razón: las amenazas e intimidaciones de grupos armados. El hecho reciente más grave fue la desaparición y posterior asesinato del exgobernador indígena del resguardo indígena Agua Negra, Víctor Manuel Chanit Aguila.
Del total de personas desplazadas, agrega la ONU, a hay 52 niños, niñas y adolescentes y seis mujeres embarazadas. La misma fuente ha señalado que la población desplazada está alojada en casas de amigos y familiares de Puerto Leguízamo. “Desde 2013 no se registraba un desplazamiento masivo en Caquetá, siendo un motivo de preocupación el impacto humanitario por las nuevas dinámicas de la violencia armada en esta zona del país”, asegura la misma fuente.
En sus informes, la ONU ha hecho énfasis en el arraigo territorial que existe para la población huitoto. Para que retornen, dicen, se necesita una “ruta de protección para los pueblos indígenas”. Sin embargo, las condiciones están lejos de ser ideales y, de momento, lo que han solicitado las personas desplazadas son derechos básicos para la supervivencia: seguridad alimentaria, agua, saneamiento y salud. Hoy, resume la ONU, los indígenas “no pueden acceder a las chagras tradicionales (cultivos propios de pan-coger) para recoger alimentos como plátano, yuca o maíz, los cuales son la base de su alimentación; así mismo, tampoco han podido realizar sus actividades de pesca y caza”.
Por otro lado, ante la ausencia de una respuesta institucional inmediata, las familias han consumido agua que no es potable y están viviendo en condiciones de hacinamiento. El derecho a la educación, además, se ha visto vulnerado para los 52 niños, niñas y adolescentes que están en Puerto Leguízamo. La Alcaldía de este municipio, hasta el momento, ha entregado kits de alimentos. No obstante, Naciones Unidas pudo constatar que “la cantidad fue insuficiente para atender la cantidad de personas desplazadas; lo anterior (…) dicho apoyo hacía parte de un remanente de ayudas entregadas a personas afectadas por un incendio, razón por la cual este apoyo no constituye la ayuda humanitaria prevista para entregar en los casos de desplazamientos masivos”.
¿Qué hay detrás del asesinato?
El 23 de septiembre, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), denunció el asesinato del mayor Víctor Manuel Chanit, quien había trabajado como gobernador del pueblo Murui Muina – Huitoto – . Primero lo desaparecieron, el 20 de septiembre. Después, el 22, fue encontrado muerto por la comunidad en una platanera lejos de la población. “Lo habitantes del Resguardo Indígena manifiestan que el potencial responsable es el Ejército, ya que se evidenciaron rastros de botas militares cerca a la casa del Mayor”, dijo la Opiac en un comunicado de prensa. Además, dijeron, los militares rondaron un área no menor a 40 metros del lugar en donde fue encontrado el cuerpo.
El cuerpo, denunció la Opiac, tenía “signos de tortura, el rostro estaba en total desfiguración y fue encontrado sin prendas de vestir”. Uno de los aspectos más preocupantes, dijo la Opiac, es que los huitoto están reconocidos por la Corte Constitucional como un pueblo indígena en riesgo de extinción. El líder social, de 63 años, fue gobernador entre 2005 y 2010. Sin embargo, en la comunidad cuentan que hace 20 años era uno de los guías espirituales con más experiencia. Por eso su muerte dejó desorientada a la comunidad y muchos de los habitantes optaron por el desplazamiento como última salida.
En agosto pasado, la Mesa Nacional de Víctimas advirtió sobre amenazas contra las poblaciones indígenas en Caquetá. Las denuncias, como lo confirmó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), provenían de los municipios del sur, como Solano. Allí, señalaban entonces, los resguardos estaban siendo amenazados por grupos armados. Paradójicamente, los municipios de Cartagena del Cahirá, Solano, La Montañita, San Vicente del Caguán, San José del Fragua y La Montañita fueron los cinco municipios con mayor número de familias inscritas en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). En un departamento con un registro de 9.366 hectáreas de coca cultivadas, las familias que le están apostando a la sustitución deberían gozar de protección.
Hace un año exactamente, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) emitió un reporte en el que señalaba que 3.650 familias habían firmado un acuerdo municipal para sustituir cultivos. Sin embargo, dejó constancia de un “incumplimiento en la ruta de implementación del PNIS. En su integralidad no arranca y persiste la erradicación forzada”. Y aunque el asesinato del líder no ha sido relacionado con la implementación del PNIS, lo cierto es que en las denuncias por el aumento de las acciones de la disidencia del frente primero de las Farc persisten. De hecho, los bombardeos se agudizaron en Caquetá este año, y el gobierno ha mostrado resultados como el asesinato de alias Rodrigo Cadete. Esta disidencia, desde que comenzó a formarse en 2016, ha operado en la frontera con Putumayo, muy cerca de donde fue asesinado el líder indígena.
En 2017, un habitante de Caquetá le dijo a la Fundación Paz y Reconciliación lo siguiente: “En el fondo está la disidencia ―que es guerrilla― luego están las personas en las que ellos se están apoyando, que son personas cercanas a ellos, que no están por principios y por convicción, sino que están por intereses. De ahí para allá aparecen las bandas de delincuentes, por un lado los que se dedican a estar pendientes de cómo se ganan cualquier platica traficando, la otra banda que no solamente hace eso sino que también quiere generar un control territorial mediante el robo, el asesinato, la amenaza y otros que son propiamente degradados”.
