Tras la salida de las Farc, las comunidades indígenas de Chocó se encuentran confinadas por la disputa territorial entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas.
Aquileo Mecheche Baragón era un líder indígena del pueblo Embera Dovida, fue presidente del Cabildo Mayor de Camizba (Asociación de Cabildos del Bajo Atrato) en Chocó y en los últimos meses trabajó como rector de la Institución Educativa Indígena Jagual. Fue, además, uno de los voceros de la Minga del Chocó, la cual se hizo notar con todas sus fuerzas en Bogotá, durante noviembre de 2018.
El pasado 12 de abril, a las 10 de la noche, Macheche fue asesinado por desconocidos. Después de presidir una misión humanitaria en Riosucio, Chocó, hombres armados lo sacaron de su casa y lo mataron. En esa zona, justamente el líder denunció las consecuencias del conflicto que sostienen las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el líder había denunciado la presencia de diferentes grupos armados que hostigaban a los pueblos Emberá Katío, Dóbida, Zenú y Wounaan del Bajo Atrato. Estas comunidades indígenas están conformadas, según la ONIC, por 170 familias de Unión Embera y 46 de Pueblo Antioquia, del resguardo Indígena Salaki Pabarandó.
A causa de dichas denuncias, Aquileo había recibido amenazas y hostigamientos por parte de las AGC desde el 25 de marzo de 2019: “Hombres pertenecientes al grupo armado AGC ingresaron a la comunidad el Jagual con el fin de intimidar, hostigar y amenazar a toda la comunidad y especialmente al compañero Aquileo (…) posteriormente, el 26 de marzo de 2019, se emitió una Acción Urgente solicitando al Gobierno Nacional y a organizaciones de Derechos Humanos el apoyo y coordinación”, explicó la ONIC. Dos días después, el 27 de marzo, la comunidad presenció un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las AGC.
En vista de lo ocurrido con el asesinato del líder indígena, la UNP se pronunció: “Apenas tuvo conocimiento de las amenazas en contra de los hermanos Julio y Aquileo Mecheche, la UNP inició el trámite de urgencia, que terminó en una concertación con ellos para que abandonaran Riosucio y se instalaran el otro lugar del país donde sus vidas no corrieran peligro (…) La Unidad, incluso, se ofreció para evacuarlos de la zona en helicóptero. Sin embargo, se argumentó por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que el operativo de extracción ponía en riesgo a la comunidad.”
Para la ONIC, este informe fue una manera de justificar la negligencia de la entidad y pidieron una rectificación: “Exigimos a la UNP que se retracte inmediatamente respecto de la afirmación que hace en relación a la Organización Nacional Indígena de Colombia, pues debe la UNP demostrar la veracidad de ese hecho y si no tiene soportes de tan alarmante falsedad deberá no solo retractarse sino disculparse con esta organización por atentar contra la dignidad de ésta. Le exigimos que demuestre como ha llegado a afirmar que la ONIC de alguna manera impidió el operativo de extracción”.
En su más reciente informe, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo que existe una alta preocupación por la falta de protección que están viviendo los líderes sociales en Colombia. Antioquia y Chocó están en altos niveles de violencia, pues, como señalan, “son regiones en donde existen disputas entre grupos armados ilegales por el control del territorio y existe una escasa presencia del Estado”. La ONU ha verificado un total de 226 casos de líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.
El gobierno no escuchó a Chocó
La situación en Chocó ya había sido un tema de discusión cuando se hizo la minga en Bogotá. En ese entonces los indígenas habían llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la protección de los Derechos Humanos de la población. No obstante, dichas garantías nunca llegaron.
Chocó ha sido uno de los departamentos que ha vivido los efectos negativos de la salida de las Farc, pues los frentes Cimarrón y de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ahora se disputan los sectores donde están ubicados los ríos Baudó y San Juan, ambos con desembocadura al Pacífico, para poder transportar droga hacia Centroamérica.
Diferentes sectores del país se prenunciaron respecto al asesinato del líder indígena:
Desde hace mas de un año venimos denunciando la presencia paramilitar en Rio Sucio – Choco. Lo hice frente a los mandos militares de la zona, lo hicimos frente al gobierno en la Minga. Y nos siguen matando a nuestros dirigentes. @ONIC_Colombia @PGN_COL @DefensoriaCol
— Luis Kankui (@luiskankui) 13 de abril de 2019
Rechazamos el asesinato del líder, docente indígena y defensor de DDHH Aquileo Mecheche en el Resguardo de Rio Chintadó- RioSucio #Chocó. @TierradePaz hace un llamado urgente al Estado para que proteja la vida de lideres y lideresas. pic.twitter.com/j3T0dP8KwG
— Tierra de Paz (@TierradePaz) 15 de abril de 2019
Aquileo Mecheche. MUERTE ANUNCIADA. MUERTE QUE NO SE ESCLARECERÁ. MUERTE EN LA QUE NO SE CAPTURARÁ AL AUTOR INTELECTUAL. Tres premisas que hay en los asesinatos de los líderes sociales. ¡EL ESTADO NO EXISTE PARA CAPTURAR A LOS ASESINOS NI TAMPOCO PARA PROTEGER A LOS LÍDERES!
— Armando Benedetti (@AABenedetti) 13 de abril de 2019
