“No aguantamos más”: el grito de la minga indígena de Chocó | ¡PACIFISTA!
“No aguantamos más”: el grito de la minga indígena de Chocó
Leer

“No aguantamos más”: el grito de la minga indígena de Chocó

Santiago Valenzuela A - Noviembre 19, 2018

Divergentes |“Hay reclutamiento de menores, violación de mujeres por armados e irrespetos a la comunidad. Los grupos armados llegan al territorio como si les perteneciera", nos dijo una líder indígena.

Compartir

Jueves, 15 de noviembre. Bogotá.

La carrera Séptima estaba despejada. Se podían ver, desde el Museo del Oro, las puertas metálicas de los locales comerciales cerrados. Eran las nueve de la mañana.  No pasaban muchos transeúntes, sólo policías. La ciudad estaba preparada: ese día, 15 de noviembre, los estudiantes saldrían a marchar y se tomarían la vía que los llevaría hasta la Plaza de Bolívar. En la esquina de la calle 12 aparecieron, de repente, dos indígenas con sus bastones de mando. Estaban buscando desayuno. Este era su cuarto día en Bogotá; ciudad que recibió su minga sin una cama, sin comida, sin interés. Acudieron a la sede de la Organización Nacional Indígena (ONIC), pero el espacio para recibirlos fue insuficiente. 

Días a atrás habían llegado en sus champas (pequeñas embarcaciones de madera) a Riosucio, desde los resguardos a orillas del río Atrato y en la selva del Darién. Su objetivo era llegar a Bogotá –después de incontables horas en bus– a ser oídos por el presidente Duque, a pedirle que la paz llegara a su región. Su única arma era la palabra y el testimonio de los asesinatos, desplazamientos, reclutamientos forzados y asedios por el territorio que están sufriendo ellos y sus comunidades por cuenta del abandono del Estado. 

Viajaron a Bogotá porque hoy viven en medio de una guerra por el control del tráfico de armas, cocaína y personas, de la minería ilegal y la explotación de maderas finas.  Llegaron a la capital porque el control de las armas en su región no lo ejerce el Estado sino el Bloque ‘Juan de Dios Úsuga’ de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la compañía ‘Néstor Tulio Duran’ del ELN. Para entender un poco su desesperación, basta con ver los datos de la ONIC que dicen que de los 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, 62 están en peligro de extinción física y entre ellos se encuentran los Embera, Zenú y Wounaan de Riosucio y Carmen del Darién, en el Chocó.

 

Foto: Twitter Onic Colombia.

 

“Salimos en bus desde Riosucio (Chocó) y nos demoramos tres días en llegar a Bogotá. Llegamos el domingo y en la entrada a Bogotá unos policías nos bajaron del bus, nos dijeron que no podíamos entrar los 12 buses en los que veníamos. Caminamos nueve horas hasta el centro, con niños y muchas familias. Somos como 400”. Alberto, un indígena Emberá de unos 22 años, decía estas palabras mientras caminaba agitado por la calle 12, subiendo hacia la sede de la ONIC, donde estaban las familias indígenas resistiendo.

A la familia le Alberto le dieron bienestarina y pan. Dos funcionarias del ICBF caminaban en zigzag por los pasillos de la sede, tratando de no pisar a las familias que permanecían acostadas en el suelo; las más afortunadas con colchonetas. “Muy jodido esto hermano”, le dije a Alberto. “Jodido lo que está pasando en Riosucio. Los niños se están muriendo por desnutrición, están abandonando el colegio, los están reclutando los paramilitares. Estamos acá para que nos escuchen porque en Bogotá no saben nada de esto”. Ahí, en ese refugio improvisado, las familias tenían acceso a pastillas para el dolor de cabeza y pastillas antidiarreicas; insumos que difícilmente encontrarían en sus resguardos.

Por lo menos 400 indígenas pasaron tres noches en las calles del centro, esperando una respuesta del gobierno nacional o, por lo menos, de la Alcaldía de Bogotá. El diálogo con el Ministerio del Interior se pudo llevar a cabo en el auditorio de la Personería de Bogotá. Con la presión de la marcha estudiantil, el gobierno aceptó entablar una mesa con los líderes de las comunidades Embera dóbida, katío, Zenú y Wounaan que viven en Riosucio, Bajo Atrato y Carmen del Darién, Chocó. No querían que las protestas se les salieran de las manos.

Fueron dos días de diálogo con los delegados del Ministerio del Interior. La Directora de Asuntos indígenas y minorías del Ministerio, Hilduara Barliza, escuchó a las comunidades y se comprometió, como lo ha hecho el gobierno en años anteriores, a cumplir con acciones urgentes: enviar unidades de salud a los resguardos indígenas, establecer medidas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), crear una estrategia para prevenir el reclutamiento de menores… en fin, obligaciones que el Estado debió asumir años atrás.

Los líderes tocaron temas sensibles en la reunión. Hablaron sobre la constitución de resguardos nuevos, el saneamiento de las minas antipersonal en el territorio  y las muertes por desnutrición. El Mininterior solo prometía nuevas reuniones con delegados del Ministerio de Salud, del Alto Comisionado para la Paz, del ICBF… “No vamos a venir hasta acá para que nos prometan más cosas y no cumplan nada”, dijo un líder social sentado en el auditorio. Después alzó la voz: “Doctora, por lo menos metámosle indicadores a esto, que en un año podamos ver si están cumpliendo o no”.

Foto: Twitter Onic.

Desde 2013, las comunidades indígenas están pidiendo el realinderamiento de 10 resguardos y la constitución de cuatro más. Estos proyectos se quedaron engavetados en años anteriores y cuando las comunidades preguntaron por las razones, el argumento del gobierno fue que no había plata, que tocaba esperar a 2019. Los delegados del Ministerio propusieron entablar una comisión de verificación el 26 de noviembre, sin dar respuesta concreta sobre la petición de las comunidades. Los indígenas Zenú, por ejemplo, habitan justo al lado de la carretera de Riosucio y el gobierno no les ha reconocido un resguardo. Se sienten en el aire y así lo hicieron saber.

Roberto Carpio Bautista, líder Wounnan de Riosucio, Chocó, veía con incredulidad al equipo del Ministerio. Su razón era la siguiente: “Hace muchos años están las Autodefensas y el ELN y nos tienen confinados por los enfrentamientos. El gobierno ya lo sabe, nosotros hemos hablado con Alcaldía, Personería, Gobernación, con la Defensoría….En esta ocasión queremos y esperamos una respuesta diferente. Somos 17 cabildos de Riosucio los que estamos acá, representando a los habitantes de las cuencas Truandó, Cacarica y Salaquí”.

“¿Qué va a pasar con el resguardo que se está solicitando en el Parque Natural Katíos?”, “¿Qué va a pasar con la constitución del resguardo de los Zenú?”, “¿Cómo van a garantizar nuestra tranquilidad?”; “¿Qué vamos a hacer con las diarreas, las fiebres y la desnutrición que les da a los niños?”; “¿Qué vamos a hacer sin un médico en los resguardos?”. Estas fueron algunas de las preguntas que les planteó el líder wounnan a los delegados del ministerio en la reunión, sumadas a una aparentemente más sencilla y para la no hubo respuesta: ¿Cómo garantizarnos la tranquilidad?

El problema de los indicadores es evidente. Las cifras que pueden consultarse las proporcionan las comunidades indígenas de los municipios. En agosto, por ejemplo, reportaron 20 niños muertos por desnutrición en la región del Alto Baudó. Al revisar los informes epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud (INS) se tiene que, a corte de noviembre de este año, 16 menores de cinco años han fallecido por desnutrición en Chocó. No obstante, esta cifra puede ser mayor, pues los casos que cuenta el INS son los que reportan los hospitales, a donde difícilmente llegan los menores de las comunidades indígenas.

“Es que el gobierno parece que ocultara lo que está pasando en Chocó con eso de las cifras”, aseguró en la calle Isabela Nembaché, líder de la comunidad Wounnan. El problema con los indicadores, así como de la constitución de nuevos resguardos, fueron temas que tocaron con el gobierno de Juan Manuel Santos y no pasó nada. “Por eso es que en salud y educación estamos mal. Y con la violencia peor, por eso estamos aquí reunidos y venimos todos para ver si nos escuchan. El tema de los niños está muy difícil porque los reclutan y los que se quedan están sufriendo de desnutrición porque en medio del conflicto ya casi no podemos cultivar nada, ya los hombres no pueden pescar… hay una falta de alimentación grave”, decía Isabela.

La constitución de resguardos, comentaba la líder, les daría más autonomía sobre el territorio. Por eso, lo primero que ella pide es que “el gobierno deje en paz el territorio, que por lo menos nos ayude desminando porque ahora todo está minado por los grupos armados. Necesitamos que atienda a nuestros niños, no solo con el tema de alimentación sino de educación: no hay profesores, las clases no se dan completas, los niños están perdiendo el año y a muchos les toca desplazarse varias veces en el año. Y si ni siquiera nos reconocen los resguardos es mucho más difícil”.

A la voz de la líder wounnan se sumó en el auditorio la de Sorelia Salazar, de la comunidad Emberá. Su testimonio fue contundente: el gobierno tiene que tomar medidas con las Autodefensas y el ELN: “Hay reclutamiento de menores, violación de mujeres por armados, irrespetos a la comunidad. Ellos llegan al territorio como si les perteneciera. Ahora quieren estabilizarse en nuestra tierra y hay varias comunidades que no lo hemos permitido. Estamos en riesgo por eso. Y con el ELN no hay con quien hablar, no se sabe quién manda para decirle lo que muchos de ellos están haciendo en nuestro territorio. No hay paz en nuestro territorio, por eso estamos acá señores del gobierno”.

Cuando Sorelia terminó su intervención, por unos segundos, solo quedó el silencio en el auditorio.

Todos estos testimonios llegaron a los oídos de Hilduara Barliza. Ella intentó conciliar, proponiendo que se instalarán varias mesas con los delegados del Ministerio de Educación, Salud, ICBF…. En dos días logró unos acuerdos puntuales que permitió el regreso de los indígenas a sus territorios. “Son cuatro ejes que acordamos : seguridad y paz, educación, salud, territorio y gobierno. Esos ejes engloban muchísimos temas que tenemos que evaluar en detalle. En este gobierno tenemos algo claro: por presión no vamos a ser irresponsables y a prometer cosas irrealizables. Hemos tenido discusiones claras, con mucho respeto”, aseguró la funcionaria.

¿Y cómo van a abordar el tema de la seguridad con los diálogos de paz con el ELN estancados y con el avance de las Autodefensas? Le preguntamos. “Ellos (los indígenas) tendrán un espacio con el Alto Comisionado para la Paz para buscar una solución. Es lo que le puedo decir por ahora” y se marchó después de responder.

No obstante, este espacio con el Alto Comisionado, que está por agendarse, no es suficiente para las comunidades indígenas, las cuales reclamaron medidas urgentes — que no están a la vista por el aumento de hostilidades entre el ELN y las AGC en el territorio.

Los acuerdos

En esta oportunidad, los indígenas contarán con el respaldo de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA para verificar el cumplimiento de los recientes acuerdos. Primero se instalará una mesa de trabajo con las comunidades indígenas y el Ministerio de Defensa para tomar medidas por la situación de orden público. Ambas partes aceptaron una misión de verificación en el primer trimestre de 2019 para evaluar la ruta sobre el desescalamiento del conflicto.

En el transcurso de los próximos meses, además, se deberá emitir un informe sobre los avances judiciales y de investigación en la Fiscalía con respecto a las denuncias que han interpuesto las comunidades indígenas. Entretanto, el gobierno se comprometió a implementar un proyecto de prevención por el uso de minas antipersonal en el territorio indígena. En este plan también estará presente la Unidad Nacional de Protección (UNP) para implementar medidas de protección colectivas e individuales en las comunidades afectadas.

En relación a las peticiones sobre el territorio, el gobierno propuso una reunión con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para revisar los linderos de los consejos comunitarios y evaluar la creación de cuatro resguardos. En reuniones simultáneas se deberán abordar otros temas: el fortalecimiento de la Guardia Indígena, la estrategia del Ministerio de Salud para establecer un plan inmediato con las comunidades indígenas en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién. El ICBF, como quedó acordado, debe enviar unidades móviles a los territorios afectados por desnutrición.

Los próximos 6 y 7 de diciembre se llevarán a cabo reuniones claves para evaluar la implementación del Acuerdo de Paz en esos territorios. Dentro de los temas están: proyectos productivos, planes de sustitución de cultivos, planes de desarrollo territorial (PDETS), violencia social, violencia de género y justicia propia. En este espacio será clave la participación del Alto Comisionado de Paz.

Las familias indígenas, cansadas por el frío, la indiferencia y la crudeza de la ciudad, regresaron a sus territorios conscientes de que estas son, por ahora, promesas. “Si tenemos que volver, volvemos”, dijo Alberto al despedirse.