La ONU lo dejó claro: respaldará la JEP y el Acuerdo de Paz hasta el final

En su más reciente informe, Naciones Unidas llama la atención por los asesinatos a líderes sociales y excombatientes de las Farc.

Aunque ha pasado de agache en los medios de comunicación, el Consejo de Seguridad de la ONU presentó esta semana un nuevo informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, haciendo énfasis en el periodo de diciembre de 2018 y marzo de 2019. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue contundente con el gobierno de Iván Duque y dejó varias preocupaciones sobre la mesa. “El proceso de paz en Colombia se encuentra en una coyuntura crítica”, dijo en uno de los apartados del documento. ¿Por qué lo dijo? Aquí algunos argumentos.

1. El gobierno debe garantizar el funcionamiento de la JEP

Las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que garantiza el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) generaron un sentimiento de incertidumbre alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz. La ONU reseña lo siguiente al respecto: “El Procurador General, Fernando Carrillo, dijo que la decisión presidencial no tenía en cuenta las decisiones de la Corte Constitucional, que ya había revisado la medida legislativa y había confirmado su constitucionalidad”.

Más adelante, Guterres dice lo siguiente: “Tomé nota de los motivos de la decisión del presidente y destaqué la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteré las preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodeaba la aprobación de la Ley Estatutaria. También transmití al Ministro de Relaciones Exteriores mi esperanza de que se actuara prontamente para asegurar que esa base jurídica entrara en vigor lo antes posible, a fin de que se garantizaran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas”. Para la ONU, el retraso en la sanción de la Ley Estatutaria no es una buena noticia: es lamentable, señalan en el informe, que “más de dos años después de la firma del Acuerdo Final, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara con una Ley Estatutaria”.

A pesar de que todavía no cuente con una Ley Estatutaria que la blinde jurídicamente, la JEP ha hecho un gran trabajo. Así lo describe el secretario general: “La Jurisdicción Especial para la Paz se ha esforzado por asegurar a todas las partes implicadas que está determinada a seguir desempeñando las funciones que le fueron encomendadas por la Constitución. En verdad, el impresionante y cada vez más amplio trabajo de la Jurisdicción Especial se ve eclipsado en ocasiones por los polarizantes debates mantenidos sobre su función. En los 15 meses transcurridos desde el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz han suscrito actas de sometimiento 9.691 exmiembros de las FARC-EP, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares que solicitaron someterse a su autoridad”.

Señala la ONU que el trabajo de la JEP no es para nada despreciable y que los procesos que están llevando a cabo actualmente impactan a por lo menos 820.000 víctimas.

2. La sustitución de cultivos no da espera

Como lo habíamos contado esta semana en ¡Pacifista!, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se encuentra en vilo por diferentes retrasos  de ejecución del gobierno nacional. Actualmente, 99.097 familias están inscritas en el PNIS. De las 51.824 hectáreas  de coca declaradas por esas familias, se han erradicado voluntariamente 34.767 hectáreas. A la fecha, el 67% de las familias, cerca de 66.000, recibieron pagos para erradicar y comenzar a sustituir.

A la ONU le preocupa qué pasará con las familias que no han sido inscritas formalmente al PNIS: “El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, ha reiterado que el Gobierno cumpliría los compromisos hechos a las familias que ya están participando en el Programa. No está claro qué ocurrirá con las otras 30.000 familias que han solicitado acceder al Programa pero que todavía no se han inscrito oficialmente”.

3. La reforma rural es clave para la reincorporación

Naciones Unidas celebró que el 23 de febrero el gobierno anunciara que ya habían concluido las fases de formulación de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en las zonas en conflicto, donde habitan cerca 6,6 millones de personas distribuidas en 170 municipios. La Agencia de Renovación del Territorio (ART) elaboró estos programas con más  200.000 representantes de “agricultores a pequeña escala, organizaciones sociales, víctimas, mujeres, comunidades de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, autoridades étnicas, empresarios locales, el mundo académico y autoridades locales y regionales. En torno a unas 11.000 comunidades propusieron más de 33.000 iniciativas”.

La ONU espera que la implementación de estos planes se desarrolle de acuerdo a los cronogramas. Dicen, eso sí, que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “ debería prever recursos e indicadores específicos para ellos. De acuerdo con el plan ‘Paz con legalidad’, a medida que se empiecen a ejecutar los Programas, será fundamental que múltiples ministerios actúen de manera oportuna coordinados por la Consejería Presidencial”.

Sobre este punto, Naciones Unidas también dejó constancia que 170 organizaciones sociales llamaron a hacer un paro nacional el 25 de abril exigiendo el cumplimiento de varias promesas. Una de ellas: que el gobierno garantice que en el Plan Nacional de Desarrollo se verán reflejados recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.

4. Rodear la reincorporación

Primero, la ONU valoró que el gobierno extendiera la provisión de alimentos y servicios de salud hasta el 15 de agosto de 2019. Después, no obstante, llamó la atención porque en los primeros meses de 2019 “se ralentizó el mantenimiento de la infraestructura existente (en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR-), y hay dos casos en que es urgente llevar a cabo obras para eliminar riesgos potencialmente graves para la salud de 400 excombatientes y sus familias”.

Existen avances que no pueden perderse de vista. La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN]) aprobó 162 proyectos que benefician a 1.592 excombatientes de las Farc y se desembolsaron fondos para 9 proyectos colectivos y 133 proyectos individuales. Se creó, además, el Registro Nacional de Reincorporación, en el que están inscritos más de 10.000 exguerrilleros. Ahora hay 118 cooperativas de excombatientes inscritas en el gobierno que tienen 4.284 miembros. Este trabajo no puede detenerse.

“Mantener el impulso hacia delante es fundamental para contrarrestar la sensación de inseguridad económica y la erosión de la confianza entre los exmiembros de las FARC-EP, lo que, junto con las amenazas a la seguridad y la incertidumbre jurídica, podría repercutir negativamente en el proceso de reincorporación. Es de suma importancia que los excombatientes sigan confiando en el proceso de paz”, dijo Guterres.

5. ¿Y la seguridad para excombatientes de las Farc?

Hasta el 15 de marzo, la Unidad Nacional de Protección había aprobado 198 esquemas para excombatientes. Sin embargo, agrega Guterres, “siguen pendientes 14 esquemas de protección individual, así como medidas de protección para 2 sedes del partido político FARC. En total, la Subdirección ha contratado a 1.124 escoltas, incluidos 696 excombatientes de las FARC-EP y 134 mujeres. A pesar de los progresos realizados en materia de contratación y capacitación, la Subdirección sigue careciendo de un marco institucional sólido. Los actuales déficits presupuestarios podrían limitar su capacidad de funcionar eficazmente y, en particular, de ampliar su presencia regional”.

Entre diciembre y marzo de 2019, según la ONU, fueron asesinados 12 exintegrantes de las Farc, entre ellos, por primera vez, un “beneficiario del programa de reincorporación de menores”. La Misión de Verificación de Naciones Unidas “ha verificado el asesinato de 99 exmiembros de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz. La Unidad Especial de Investigación ha recibido información sobre otros tres asesinatos que la Misión está verificando. Son especialmente preocupantes algunos casos de violencia sexual y de género tanto en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación como en los nuevos puntos de reagrupamiento. Son necesarios mayores esfuerzos de prevención a este respecto”.

6. Los líderes sociales, bajo fuego

Este es quizás uno de los puntos que más le preocupa al secretario general de la ONU: “Sigo profundamente preocupado por los continuos ataques contra líderes sociales y contra defensores y defensoras de los derechos humanos y pido que se adopten medidas rápidas para evitar nuevos asesinatos y para llevar a los autores ante la justicia. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el período que abarca el informe se denunció el asesinato de 29 personas, incluidas 4 mujeres. Hasta la fecha se han verificado seis de esos casos. La Oficina ha verificado un total de 226 casos desde la firma del Acuerdo de Paz”.

Las cifras son contundentes y el gobierno, pese a lanzar el Plan de Acción Oportuna (PAO) para líderes sociales, no ha logrado disminuir las cifras de asesinatos a líderes, que van en aumento.  “El alcance y la urgencia de las amenazas a las que se enfrentan los líderes comunitarios y sociales exigen un esfuerzo colectivo entre las instituciones gubernamentales, las autoridades regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes políticos y empresariales”, concluye Guterres.

7. El enfoque de género, en veremos

En este punto, el secretario general de la ONU fue bastante crítico. En sus palabras: “Si bien el Acuerdo de Paz ha recibido elogios por incluir un enfoque de género, la aplicación de este enfoque ha avanzado poco. Me sigue preocupando enormemente la limitada implementación de las disposiciones de género del Acuerdo de Paz relacionadas con la reincorporación y las garantías de seguridad. Exhorto al Gobierno a que dé prioridad a la pronta aplicación de las medidas de género de la política nacional para la reincorporación”.

Dentro de esas políticas están las que fueron acordadas en el Acuerdo de Paz para la reincorporación social de las mujeres excombatientes de las Farc. También, en concordancia con la construcción de paz territorial, se debería garantizar la seguridad de lideresas y defensoras de derechos humanos. “El asesinato de la destacada lideresa social Maritza Quiroz el 6 de enero dio lugar a la creación de un foro permanente para la seguridad y la protección de las lideresas y las defensoras de los derechos humanos en el departamento del Magdalena. Solicito al Gobierno que acelere la aplicación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y el establecimiento inmediato por la Ministra del Interior de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas”, concluyó Guterres.

Este es, quizás, uno de los informes más críticos del secretario general de la ONU. Aunque señala, eso sí, que no se puede perder la fe en la construcción de paz: “Colombia sigue siendo una fuente de inspiración para quienes en todo el mundo siguen atrapados en ciclos de conflictos armados, ya que ha acabado con cinco decenios de confrontación y ha demostrado la resiliencia de su sociedad y sus instituciones. Es vital que los colombianos y las colombianas mantengan la fe en un proceso de paz que ha producido grandes beneficios pero que todavía tiene promesas que cumplir”.