Mientras las acciones de guerra han bajado, aumenta el riesgo por ejercer el liderazgo político. Las víctimas son, en su mayoría, de izquierda.
Los asesinatos de líderes sociales durante las últimas semanas han aumentado las alertas por la amenaza que aún representa el paramilitarismo en muchas regiones del país. La situación, que ha sido calificada como una de las mayores amenazas para la estabilidad de un eventual postacuerdo, ha sido, además, una preocupación reiterada de las Farc porque, según esa guerrilla, el escenario actual no les ofrece garantías para entregar las armas y ejercer la política.
En su más reciente informe, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) advierte que durante 2015 aumentó la violencia política que no se explica directamente por el conflicto armado. A la vez que los diálogos entre el Gobierno y las Farc en Cuba han servido para que disminuyan significativamente las acciones de guerra, el Cerac afirma que “la violencia política es una de las amenazas más serias para la seguridad y se presenta a pesar de la caída en la intensidad del conflicto armado interno”.
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Después de que en 2014 el balance fue positivo, en 2015 el número de muertes asociadas a la violencia política subió 35% comparado con el año anterior: de 82 a 110. Las amenazas, en cambio, se redujeron de 630 a 427. Es decir que en 2014 hubo un muerto por cada ocho amenazas, mientras que en 2015 fue uno por cada cuatro. El Cerac explica que la falta de judicialización efectiva de las amenazas podría explicar por qué estas bajaron pero los muertos y los heridos subieron.
Para el Cerac, clasifican como violencia política todos los daños intencionales que pretendan, atacando a personas o comunidades, afectar las preferencias políticas o la toma de decisiones colectivas. Explica esa organización que desde 2009, cuando empezó a medir ese fenómeno, la situación, con excepción de 2014, ha empeorado. En 2013, por ejemplo, la violencia política se duplicó “jalonada por un aumento significativo en las amenazas relacionadas al ejercicio del rol político de las víctimas”.
Si se mira desde el territorio, ese tipo de violencia se ha concentrado con mayor fuerza en algunos lugares. Según el documento, los departamentos de alto riesgo para ejercer el liderazgo político son Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Bogotá, Cauca y Córdoba. Además, agregan que en Atlántico, Tolima y Santander “se registró un deterioro en el “perfil de riesgo” de líderes sociales, militantes políticos, sindicalistas, entre otros grupos vulnerables durante los últimos tres años”.
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La violencia política de los últimos años confirma la tendencia de que los que más reciben ataques son los sectores de izquierda. El año pasado, en el marco de las elecciones de octubre, se registraron al menos 15 amenazas contra integrantes del Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el MAIS y Marcha Patriótica. Este año la violencia ha continuado y la han padecido líderes comunitarios que, por ejemplo, se han opuesto a la minería ilegal o han integrado sectores de oposición en regiones desde esos mismos movimientos y partidos de izquierda.
El informe aclara que, si bien la balanza se inclina hacia ese lado, la violencia no es exclusiva contra la izquierda. Durante 2015, el Cerac registró 38 asesinatos de miembros de partidos políticos, 21 de ellos pertenecientes a la oposición. De esas víctimas, cuatro pertenecían al Centro Democrático y tres a la Alianza Verde. A ellos se suman siete liberales, cuatro de La U, cuatro conservadores y dos de Cambio Radical.
Por otra parte, agrega el informe que los dirigentes de organizaciones de víctimas y de reclamantes de tierras tienen diferente tipos de riesgo: “Por su activismo legal en favor de las víctimas, por estar en contra de intereses ligados a aparatos armados ligados a la desmovilización paramilitar, por ser líderes campesinos, ser mayoritariamente mujeres cabeza de hogar y por estar en zonas rurales”. El Cerac apunta, por otro lado, a que el año pasado se sumó un nuevo perfil de riesgo que no hay que perder de vista: la comunidad LGBTI.
En materia de prevención, el informe señala que, aunque la creación de la Unidad Nacional de Protección en 2011 “se tradujo en una mejor respuesta inmediata a casos de riesgo extremo”, la “casi total ausencia” de judicialización y la carencia de mecanismos de prevención adecuados han impedido que sea efectiva la lucha contra la violencia política en el país, puesto que el enfoque de la UNP, según el Cerac, ha sido solo reactivo.
Debido a la aparición de nuevos perfiles de riesgo, al aumento de la violencia contra la población rural y a la falta de mecanismos de prevención efectivos, el Cerac sugiere al Gobierno ajustar los esquemas de protección estatales. No todas las amenazas están ligadas a la violencia política tradicional, derivada del conflicto armado, sino que hay nuevos focos de violencia que se originan en la discriminación étnica, racial o de género.
Haría falta, además, que se elaboren patrones de seguimiento a los casos, para que no sean abordados solo como hechos aislados. Y aunque el Cerac reconoce la dificultad de ese proceso “por el carácter soterrado y anónimo de los responsables”, recomienda la concentración regional y por grupo poblacional de los riesgos “porque hace más fácil la focalización, la investigación judicial y la priorización de los esfuerzos estatales para combatir esta violencia”.
El informe concluye que es necesaria una estrategia específica para prevenir y luchar contra toda la violencia política, pero advierte que, en el contexto en que se encuentra el país, hay que poner especial atención a las denuncias sobre la reagrupación de paramilitares que han hecho distintas comunidades. De lo que se haga en ese sentido, explica, dependerán las garantías de seguridad para que, tanto los grupos sin armas que se deriven de las guerrillas como todos los otros movimientos y partidos participen políticamente en el posconflicto.
