Revisamos los textos que negociaron hace más de 20 años, cuando un acuerdo entre el Gobierno y las Farc parecía imposible.
Este 26 de septiembre, el Gobierno y las Farc firmarán, con presencia de las víctimas y de la comunidad internacional, el Acuerdo Final que construyeron en La Habana. Se trata del segundo proceso de paz que termina exitosamente con una guerrilla tras la Constitución de 1991 y, quizá, del más ambicioso acuerdo que se haya firmado con una organización insurgente en Colombia.
A diferencia de los otros pactos alcanzados en la década del 90, el texto que firmarán las Farc incluye reformas significativas para el campo, los sistemas político y judicial, y la lucha contra el narcotráfico, además de estrictos procedimientos para la implementación y verificación de lo acordado.
Revisamos los textos que pactaron cinco guerrillas colombianas con los gobiernos de Virgilio Barco, Belisario Betancur y César Gaviria para entender qué negociaron a cambio de dejar las armas. Esto fue lo que encontramos:
La firma de la paz con el M-19
El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo (Cauca), el presidente Virgilio Barco y el comandante general del M-19, Carlos Pizarro, firmaron el Acuerdo Político con el que pusieron fin a los diálogos que iniciaron en 1989.
- Carlos Pizarro, máximo comandante del M-19, durante la dejación de armas de esa guerrilla. Foto: Reconciliación Colombia
En ese documento se pactó la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, una Circunscripción Especial de Paz para las elecciones al Congreso de 1992, un Fondo Nacional para la Paz —con el que se financiarían programas sociales en las zonas de influencia de esa guerrilla— y una reforma electoral para ampliar la representación de las minorías en el legislativo.
También se acordaron reformas a la justicia, la creación de una comisión académica para estudiar las dimensiones nacionales e internacionales del narcotráfico y el consumo de drogas ilícitas, y la puesta en marcha de un Plan de Seguridad para proteger a los principales dirigentes del M-19. Para garantizar el cumplimiento de lo acordado, las partes crearon una Comisión de Seguimiento.
Además de las de Barco y Pizarro, el Acuerdo contó con las firmas de Rafael Pardo, negociador y consejero presidencial; Julio César Turbay, expresidente y director nacional del Partido Liberal; Antonio Navarro Wolf, comandante del M-19; monseñor Álvaro Fandiño, representante de la iglesia Católica, y Luis Ayala, representante de la Internacional Socialista —la organización mundial de partidos socialdemocrátas, socialistas y laboristas que participó como testigo de la negociación y la dejación de armas—.
Más tarde, el Gobierno condicionó la implementación del Acuerdo a una reforma constitucional, que se hundió en el Congreso. Por esa razón, el M-19 promovió, junto a otros sectores sociales, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y buscó comprometer al liberalismo con el cumplimiento de lo pactado.
Un mes después de la firma, Pizarro fue asesinado dentro de un avión que se dirigía a Barranquilla. Era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que surgió tras la desmovilización.
La firma de la paz con el PRT
El 25 de enero de 1991, el Gobierno y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) firmaron el Acuerdo Final que construyeron durante los seis meses que duró la negociación. La firma tuvo lugar en Ovejas (Sucre) y estuvo a cargo de Jesús Antonio Bejarano, consejero presidencial, y de Valentín González, comandante del PRT.
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El PRT lanzó sus armas al mar. Imagen tomada de la edición del periódico El Tiempo del 27 de enero 1991.
En el Acuerdo se pactó la participación de un integrante del PRT, con voz pero sin voto, en la Asamblea Nacional Constituyente. Así mismo, se acordó la conversión de esa guerrilla en un partido político, un indulto general por delitos políticos y conexos, un plan de seguridad para el vocero y otros integrantes del nuevo partido, el acceso a medios de comunicación para difundir la plataforma política del naciente movimiento, la creación de una Oficina Delegada para la costa Atlántica de la Consejería Presencial de los Derechos Humanos, la atención de los familiares de las víctimas que habitaban las zonas de presencia del PRT y la puesta en marcha de un plan de reincorporación.
Las partes también acordaron que el Gobierno daría a conocer las gestiones adelantadas para desmantelar grupos paramilitares, escuadrones de la muerte y bandas de sicarios. Además, definieron una serie de Planes Regionales para “contribuir a eliminar las desigualdades económicas y sociales” y la violencia, con un enfoque participativo y comunitario. Una Comisión Bilateral sería la encargada de hacerle seguimiento a la implementación.
En julio de 2014, durante el foro de víctimas organizado en Barranquilla por solicitud de la mesa de conversaciones de La Habana, exintegrantes del PRT denunciaron que paramilitares desaparecieron y asesinaron al grueso de los dirigentes del partido y a su base social tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno.
La firma de la paz con el EPL
El 15 de febrero de 1991, tras nueve meses de negociación, el Gobierno y el Ejército Popular de Liberación (EPL) firmaron el Acuerdo Final en Bogotá. Allí acordaron que esa guerrilla, una vez dejara las armas, tendría dos delegados en la Asamblea Nacional Constituyente. También pactaron acceso a medios, difusión de la plataforma política del EPL y de sus propuestas para la Constituyente, la conversión de esa guerrilla en un partido político, una amnistía general para delitos políticos y conexos, un plan de reincorporación, un plan de seguridad para dirigentes y excombatientes y la creación de una Comisión de Superación de la Violencia.
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El EPL era de tendencia marxista-leninista. Foto: Felipe Abondano
Al igual que el M-19 y el PRT, el EPL negoció con el Gobierno el desarrollo de planes regionales para sus zonas de influencia, esta vez por valor total de $2 mil millones. El objetivo era “beneficiar las comunidades y fomentar el desarrollo socio-económico general de las regiones”, según el texto.
El Acuerdo contó con las firmas del entonces ministro de Gobierno Humberto de la Calle y del comandante del EPL Jaime Fajardo.
Al menos en Urabá, donde el EPL tenía uno de sus mayores fortines políticos, buena parte de los excombatientes fueron asesinados por las Farc, que los consideraban “traidores de la causa revolucionaria”. Para 1996, y por distintas razones, 264 exguerrilleros del EPL habían sido asesinados.
La firma de la paz con el Quintín Lame
El 27 de mayo de 1991, en el resguardo indígena Pueblo Nuevo, en Caldono (Cauca), el Gobierno y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) firmaron un acuerdo final de paz. En él se pacto la entrega de armas, el indulto por delitos políticos y conexos, un plan de seguridad para dirigentes, auxilios económicos para la reintegración, mecanismos para la promoción del proyecto político de la organización y el desarrollo de obras en 16 municipios del nororiente del Cauca.
Previamente, el Gobierno se había comprometido a designar un vocero del Movimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, con voz, pero sin voto.
La firma de la paz con la CRS
El 9 de abril de 1994, en Ovejas (Sucre), el Gobierno y la Corriente de Renovación Socialista (CRS) firmaron un Acuerdo Político Final. Con ese documento pactaron la dejación de armas, un programa de reinserción, beneficios jurídicos para los excombatientes y la designación de dos integrantes de la organización como representantes a la Cámara para el periodo 1994-1998. Asimismo, se definió un programa de seguridad y protección para los dirigentes, y el Gobierno se comprometió a impulsar la constitución de una “cooperativa de vigilancia comunitaria” en dos barrios pobres de Medellín, que estaría integrada por milicianos desmovilizados de la CRS.
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Desmovilización de la CRS. Foto: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Las partes también acordaron un Programa de Inversión Social, que contaría con la participación de las comunidades y se financiaría con $2 mil millones. El Programa incluía proyectos de vivienda y de “dotación de tierras” para el municipio de Ovejas. En cuanto a la participación ciudadana, el Gobierno se comprometió a fortalecer a las oenegés, ampliar la discusión sobre los mecanismos de participación e impulsar la concertación en temas salariales y laborales. También se pactó la realización de un foro para analizar la situación de derechos humanos que, por entonces, atravesaba el país.
A diferencia de los otros procesos, el del CRS no incluyó la creación de un nuevo partido político ni la difusión de la plataforma ideológica de la organización, aunque posteriormente el movimiento fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral.
El Acuerdo fue firmado por el presidente Cesar Trujillo y por los comandantes de la CRS José Aristizábal, Fernando Hernández y Adolfo Bula. En los años siguientes, 79 exmilitantes de esa guerrilla fueron asesinados, 10 se vieron obligados a partir al exilio y varios otros fueron amenazados y hostigados.
