EDITORIAL | Las víctimas están identificadas: líderes de Juntas de Acción Comunal, reclamantes de tierras, voluntarios de los proyectos de sustitución de cultivos. ¿Y el gobierno? ...
Seis líderes sociales asesinados en los primeros seis días de enero. Este es el comienzo de 2019 para Colombia, un país que se acostumbró a los asesinatos sistemáticos de líderes y defensores de derechos humanos. Con estas muertes, la cifra de líderes asesinados desde diciembre de 2016, cuando comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz, ascendió a 157. Hasta el momento, el gobierno de Iván Duque no ha encontrado medidas para enfrentar este problema. Ni siquiera, parece, lo comprende.
Es más, pareciera que Iván Duque no se ha enterado de lo que está pasando. No se ha referido a los asesinatos de seis líderes en ninguna de sus declaraciones públicas recientes. Su prioridad, durante los últimos días, ha sido solo una: buscar protagonismo en el exterior. Primero fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo —en la que ratificaron el obsoleto enfoque de la lucha contra las drogas — y después vino la declaración del Grupo de Lima, en la que no se reconoce el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.
La agenda de Duque, hoy, está más en Venezuela que en Colombia. Por eso es necesario recordarle lo que ha pasado en el país. Hablemos de los casos.
El primer asesinato ocurrió a las siete de la mañana del primero de enero en Suárez, Cauca. La víctima, Gilberto Valencia, era conocido por su trabajo como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Pueblo Nuevo y por su proyecto cultural de paz y reconciliación. En 2015, con su grupo musical “Los Herederos”, se ganó un premio de la Federación de Personerías por su aporte a la paz a través del arte. Las primeras versiones de prensa señalan que un joven en estado de embriaguez lo atacó con un arma de fuego hechiza y lo hirió de muerte en el pómulo izquierdo. Según la Policía del Cauca, el asesinato no tiene que ver con su trabajo como líder social, aunque no han entregado los detalles del caso ni han presentado al capturado.
El 2 de enero, en Caicedonia, un municipio al norte del Valle del Cauca, mataron a tiros a Jesús Adier Perafán Correa, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Valle y fundador de la organización Coraje Caicedonia. Perafán Correa aspiraba a ser concejal del municipio. Según la Secretaría de Seguridad de la Gobernación del Valle, al líder lo mataron cuando estaba en su tienda de abarrotes, lugar en donde también quedaba su casa. Dos sicarios, en una motocicleta, fueron, al parecer, los responsables de este homicidio. El concejal Juan Pablo López, de Caicedonia, pidió garantías políticas, pues Perafán era “un dirigente político preocupado por la salud y por el bienestar de las comunidades”.
Pasó un día y, desde el mismo departamento, Cauca, se reportó el asesinato de Wilmer Antonio Miranda en el municipio de Cajibío. Miranda, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibio (ATCC), fue asesinado, de acuerdo con información preliminar, por cuatro hombres que lo interceptaron en el corregimiento de Carmelo. Miranda, además de ser un líder campesino, estaba vinculado al movimiento político Marcha Patriótica y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Sobre su caso, ninguna autoridad se ha pronunciado.
Ese mismo 4 de enero, pero en la noche, fue asesinado José Rafael Solano González en la vereda Puerto Jobo, ubicada entre los municipios Caucasia y Zaragoza, en el Bajo Cauca Antioqueño, zona disputada por el Clan del Golfo y la disidencia del frente 36 de las Farc. Solano era presidente de la JAC de la vereda en la que fue asesinado. La escena, según la Policía, fue la siguiente: después del atardecer lo llamaron a la puerta de su casa, salió y le dispararon. Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, dijo que Solano era un defensor de la minería ancestral “con altura” y rechazó su asesinato.
Pasó un día y desde Santa Marta denunciaron el primer asesinato de una líder social en lo que va del año: Maritza Quiroz, suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder en los procesos de desplazamiento de mujeres afro en las zonas rurales de la ciudad. Un grupo de hombres armados llegaron a la casa de Quiroz, en la vereda San Isidro, y le dispararon en varias oportunidades. Su vivienda estaba ubicada en un predio más grande que el gobierno le había restituido por ser víctima de desplazamiento a ella y a nueve personas más. Además de liderar procesos de restitución de tierras, a Quiroz la recordaban por su liderazgo comunal en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PATR) en la Sierra Nevada y Perjiá.
El último caso, el de Wilson Pérez Ascanio, ocurrió en el municipio de Hacarí (Norte de Santander), el pasado domingo 6 de enero. El sábado fue herido con armas de fuego en la vereda Los Cedros. Aunque campesinos de la zona lo trasladaron al hospital La Playa de Belén, los médicos no alcanzaron a salvarle la vida. Pérez, integrante del Movimiento Popular por la Constituyente, MPC, trabajó en el transcurso de 2018 en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito. En la zona, disputada por el ELN, el EPL y bandas criminales como Los Rastrojos, también sufrió un atentado Dima Jalecci Parada Trigos, presidenta de Asojuntas y militante del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), el viernes 4 de febrero.
Estos seis casos resumen lo que está pasando en Colombia en los últimos tres años: existe una persecución contra los líderes que llevan procesos de restitución de tierras o que trabajan en la sustitución de cultivos de uso ilícito. En las zonas en conflicto los gestores de paz no tienen garantías, tampoco los integrantes de asociaciones campesinas que le quieren apostar a la política y que probablemente se lancen en las elecciones regionales de este año, en octubre. Los grupos armados están saboteando la paz en la cara del gobierno, que parece desconectado de esta realidad.
Hace dos meses, como lo contamos en ¡Pacifista!, el gobierno de Iván Duque lanzó un Plan de Acción Oportuna (PAO) para los defensores de derechos humanos en Colombia. Este plan le da continuidad a diferentes estrategias del gobierno Santos, como el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en las “Zonas Estratégicas de Intervención” (ZEI). El objetivo: llegar a los territorios donde el liderazgo social está costando la vida. Con el Cuerpo Élite de la Policía, el gobierno Santos buscó lo mismo: asegurar medidas de prevención. Sin embargo, todo este entramado burocrático ha dado muestras de ser inefectivo.
Lo dijo claramente Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación: “Estos planes no han tenido ningún efecto a nivel territorial. La Fiscalía está haciendo un buen trabajo capturando a los autores materiales, pero no lo ha hecho con los intelectuales. En el 70 % no se sabe quién manda a matar a los líderes”.
Según el estudio ¿Cuáles son los patrones? : asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo, realizado por la Universidad Nacional, el Cinep, y otras organizaciones, el 23 % de los líderes asesinados después de que se firmó el Acuerdo eran dignatarios de Juntas de Acción Comunal; 20 % eran líderes comunales, reconocidos por la comunidad; 12 % de comunidades étnicas; 11 % líderes campesinos, 12% líderes de víctimas, 9 % líderes sindicales activistas; 7 % activistas ambientales, 3 % líderes juveniles y 2 % activistas LGBTI .
Los patrones en los asesinatos de los líderes sociales se siguen repitiendo en 2019 y los perfiles de las víctimas están identificados. Lo que parece desconocer Iván Duque —y en este punto también falló Santos— es la situación por la que están pasando los líderes y las necesidades en sus territorios.
Ya es hora, como era hora hace más de 100 muertos atrás, de que el gobierno reconozca que este es una tragedia prioritaria y actúe en consecuencia. No más frases vacías del tipo “el que la hace la paga”, ni zalamerías con gobiernos extranjeros. El problema está aquí, justo en frente de nuestras narices.
