La ONU, la Unión Europea y la Defensoría del Pueblo enfocarán sus programas de protección en puntos clave para el proceso de desmovilización de las Farc.
Todos los días los defensores de derechos humanos hacen pedagogía por la paz, caminan los territorios diciéndole a sus paisanos por qué el texto de 310 páginas firmado en el teatro Colón de Bogotá les va a cambiar la vida. Al final, son los promotores de la paz que pactaron las Farc y el gobierno.
Por eso el hecho de que los estén asesinando está prendiendo todas las alarmas. Es un problema para el movimiento social, que está ante la oportunidad histórica de articularse sin guerra; un problema para el acuerdo de paz, que dedicó un capítulo completo a la posibilidad de que los grupos de oposición (no solo las Farc) puedan hacer política sin que los maten. Y un problema para el país, que ya ve cómo cada 4 días asesinan a un líder social. Desde que comenzó la implementación de los acuerdos, el 1 de diciembre de 2016, han matado a 35.
Protegerlos, entonces, es fundamental y lo difícil de la situación ha despertado incluso el interés de la comunidad internacional. Por eso la Defensoría del Pueblo hizo una alianza con las Naciones Unidas y la Unión Europea para invertir 2.3 millones de euros en dos proyectos que “buscan reforzar los mecanismos de monitoreo y veeduría nacional e internacional de violaciones de DDHH y ampliar el respaldo sobre todo a líderes sociales y defensores de derechos humanos en zonas sensibles de Colombia”, como dijo la Embajadora de la Unión Europea, Ana Paula Zacarias.
Los proyectos se llevarán a cabo en “Arauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Putumayo y Urabá, zonas claves en el proceso de desmovilización y agrupamiento de las Farc y en las cuales la presencia de ONU DDHH necesita ser reforzada para asegurar una cobertura adecuada de estas regiones”, de acuerdo a un comunicado de prensa de la Defensoría.
Estos son, para estas instituciones, los lugares más riesgosos para ejercer el papel de defensor de Derechos Humanos en el país.
Las dos iniciativas empezaron el viernes pasado, y se dividen así: “el primer proyecto por 800.000 euros (unos 2.500 millones de pesos) refuerza las acciones de la Defensoría del Pueblo en su promoción y protección de los derechos humanos en comunidades de doce departamentos sensibles del país”, dice la Defensoría.
El segundo proyecto tendrá una inversión de 1,5 millones de euros (más de 4.500 millones de pesos) y tendrá como objetivo “fortalecer el respeto de los derechos humanos y la protección de defensores y líderes en el proceso de construcción de paz a nivel regional y local”, según el comunicado.
