En Dabeiba se tenía reporte de 32 cuerpos, sin embargo, la JEP cree que son más de 50. La Justicia Penal Militar solo tiene 10 en proceso y no hay avances.
La fosa encontrada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una prueba de que la justicia transicional, pese a los obstáculos, está marchando. La JEP ha estado reuniendo información y priorizando estos crímenes para esclarecer cuáles son las dimensiones de los atroces crímenes; quiénes son los responsables y cómo era el modo de operación de los militares que cometían los asesinatos.
La diligencia en Dabeiba, Antioquia, tuvo lugar el lunes pasado, pero este proceso lleva en marcha algunos meses en la JEP. De hecho, en septiembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le pidió a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes, tras considerar la importancia de la verdad que allí podría estar enterrada.
Para priorizar los casos de ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado así como los de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual identificó a diez brigadas militares por cometer, presuntamente, “homicidios conocidos como falsos positivos”. El siguiente paso que dio la JEP fue comenzar a llamar a los integrantes de la Fuerza Pública para que contaran sus testimonios ante la justicia. Vale la pena señalar que, a la fecha, de 2.124 miembros de la Fuerza Pública que se han acogido a la JEP, 965 se beneficiaron con libertad transitoria en el marco de la justicia transicional.
Estos comparecientes están clasificados así: 255 oficiales, 488 suboficiales, 1.380 soldados y 1 civil. De este total, 774 miembros del Ejército Nacional permanecen en actividad y 1.350 en retiro. Muchos de estos funcionarios de la Fuerza Pública tienen investigaciones por falsos positivos en varias zonas del país. Incluso, el soldado Buitrago (quien llevó a la JEP hasta Dabeiba y dio las declaraciones que Revista Semana denunció) también tenía abierto un proceso en el Huila por lo mismo.
De acuerdo con la Fiscalía, en Colombia están registradas un total de 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales desde 1998 hasta 2014. El 48 % de las víctimas corresponde adultos jóvenes (todos son hombres) entre los 18 y 30 años de edad. La etapa más crítica, según información de la Fiscalía, fue entre 2006 y 2008. En meses pasados, un informe entregado por la Fiscalía a la JEP da cuenta de 470 casos en 2006; y 733, en 2007. Sin embargo, la información que la JEP ha podido concretar (por ejemplo en Dadeiva) daría evidencia de que son más víctimas que aún no se han reconocido.No obstante, este cálculo de la Fiscalía es uno de los que podría sostener altos niveles de subregistro, pues hay cálculos de otras organizaciones que señalan que en Colombia hubo entre 5.000 y 10.000 falsos positivos.
Los perfiles de las víctimas, según los testimonios reunidos por la JEP y la Fiscalía, incluyen defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, las víctimas y las minorías, incluyendo a la comunidad LGBTI, a las personas con discapacidad física o mental y miembros de comunidades indígenas, en especial Kankuamos, Wiwas y Wayúus.
En Dabeiba los casos han sido variados y atroces. Una de las victimas, era un hombre que sufría de una parálisis en la mitad del cuerpo y sufría de ataques de epilepsia. Su estado era tan delicado que vivía bajo el cuidado de la comunidad, que le daba lo mínimo para vivir. Una noche, los miembros del batallón de Briceño, lo sacaron de su casa y lo ejecutaron. Otro caso, por el cual se juzgo al sargento Pedraza, es la ejecución de un joven habitante de calle.
Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 29 de los 32 departamentos del país. Sin embargo, Antioquia, Cesar, Meta, Norte de Santander y Casanare fueron los más afectados. De otro lado, cuatro divisiones del Ejército (la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima), concentran el 60 % de los casos. De momento, según los informes recopilados por la Fiscalía, existen 2.100 procesos judiciales por muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Las preguntas para la Justicia Penal Militar y la Fiscalía
El batallón al cual pertenece el soldado Buitrago pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en los dos años que estuvo en Dabeiba. Según lo que dijo a Semana, él pudo participar en 20. No obstante, un documento de la JEP habla de alrededor de 50 asesinatos. Y la mayoría de estos casos han pasado desapercibidos por la Justicia Penal Militar.
Solo el sargento Pedraza, quien Buitrago dijo le ordenó desfigurar una victima con una M60, lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes que han permanecido en la Justicia Penal Militar por años (incluso más de una década) sin avances.
¿Y por qué la Justicia Penal militar no ha proferido ninguna condena por los falsos positivos?
Según el Ministerio de Defensa, desde el año 2006, cuando se comenzaron a conocer los casos, se firmó un convenio entre el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal general la nación de la época, Mario Iguarán, en donde se acordó que sería la Justicia Ordinaria la que asumiría las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía.
El acuerdo, según fuentes consultadas por Caracol Radio, dejaba en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la facultad para decidir si la investigación de un hecho era competencia de la Justicia Penal Militar o de la Justicia Ordinaria, de acuerdo al tipo de crimen.
En Dabeiba hay 32 necropsias que el Ejército reportó como dadas de baja en combate. De estos 32 cuerpos solo 10 tienen actuaciones en la Justicia Penal Militar y la mayoría no ha avanzado. Además, según la información del soldado Buitrago, en varias ocasiones las ejecuciones se realizaban en lugares de difícil acceso y conocidos como “zona roja” para que la Fiscalía no hiciera el levantamiento sino el Ejército. De esta manera facilitaban el ocultamiento de los cuerpos en fosas comunes que hoy están siendo descubiertas.
El Ministerio de Defensa en un comunicado oficial aseguró que “está atento a cualquier requerimiento que haga la Justicia Especial para la Paz o la Justicia Ordinaria a la Justicia Penal Militar, con el fin de prestar la colaboración necesaria para contribuir en el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y no repetición”. También aseguró estar dispuesto a prestar todas las medidas de seguridad para realizar las investigaciones.
Sin embargo, hay varios hechos que darían señales de que alguien ha estado intentado ocultar la verdad detrás de esto crímenes. Según denuncia Semana, las tumbas encontradas en Dabeiba anuncian fechas de fallecimientos muy distantes entre sí –con hasta 50 años de diferencia–, pero la mayoría de las cruces de concreto se ven recién pintadas con el mismo tono de blanco, como si llevaran el mismo tiempo de pintadas.Igualmente, las cruces están marcadas en su mayoría con pintura negra y una caligrafía similar, como si la misma mano las hubiera marcado todas.
¿Qué le sigue al descubrimiento de la fosa?
El descubrimiento en Dabeiba aún deja interrogantes muy grandes, sobre todo con relación a la aparente actuación de encubrimiento de los crímenes allí cometidos. En la visita al municipio se recogieron declaraciones de testigos que llevaron a ampliar la zona de búsqueda respecto a la que había indicado inicialmente el soldado Briceño.
Por ejemplo, gracias a la información dada por una persona sobre una fosa de la que tenía conocimiento, llegaron hasta dos cuerpos completos que vestían camuflados y portaban insignias militares. La pregunta es el por qué de esta vestimenta y de su enterramiento irregular.
El magistrado de la JEP Alejandro Ramelli ya ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) estudiar el riesgo del informante, dado que hace un mes sobrevivió a un atentado en el que recibió cinco impactos de bala.
La inspección del cementerio, que comenzó el lunes, se extendió hasta el domingo. De allí se espera un informe de policía judicial que abra nuevas líneas de investigación. Una de las dificultades de la investigación en ese cementerio de Las Merecedes, tiene que ver con que tanto el actual sacerdote como el sepulturero llevan poco tiempo en sus cargos, pues el sepulturero anterior ya falleció y los sacerdotes de la época fueron cambiados de parroquias.
