Carlos March plantea que los gobiernos no tienen políticas para reducir la pobreza, solo la administran y la perpetúan
Por Carlos March
Este artículo es producto de la alianza entre ¡PACIFISTA! y DemocraciaAbierta. Lea el contenido original aquí.
La inequidad es la peor pobreza porque es su causa. Medir pobreza y destinar presupuesto sin implementar políticas públicas contra la inequidad, equivale a hacer un torniquete debajo de la herida. Según la OCDE, en el año 2013 se invirtieron 134.000 millones de dólares en ayuda oficial para combatir la pobreza. Sin embargo, los pobres en el mundo no disminuyen.
El número de pobres en esta región, pasó, en 2015, de 168 millones a 175 millones de personas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En cuanto a indigencia la cifra es de 75 millones de personas.
La pobreza en un individuo implica la carencia de lo necesario para vivir. En cambio, la inequidad en una sociedad es la condición de carencia estructural que genera pobreza y es causada por cinco motivos:
- Inexistencia de bienes públicos de calidad;
- Ausencia de institucionalidad pública;
- Falta de entramado social;
- Incapacidad de organización colectiva;
- Negación de acceso a oportunidades.
En contextos de inequidad –América Latina es la región más desigual del mundo- los programas de gobierno se limitan a implementar planes de asistencia y no se estructuran políticas públicas para abordar los cinco ejes descritos, el resultado entonces se reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de terminar con el principal problema.
El primer factor se da cuando un sector de la población convive con la inexistencia de bienes públicos de calidad, porque una sociedad que carece de aquellos bienes y servicios que deben estar a disposición de todos en igual cantidad o calidad, niega la inclusión social en escala. Un hospital es un bien público no porque lo maneje el Estado, sino porque la persona con más recursos y la persona más necesitada de una comunidad reciben la misma cantidad y calidad de servicio, más allá de quien lo administre. Si el sistema de salud brinda atención deficiente a los segmentos vulnerables y deriva la atención de calidad al sistema privado de prepagas, entonces solo los sectores más acomodados podrán pagarla y la salud deja de ser un bien público, porque ya no garantiza la inclusión de toda la población en estándares de calidad de vida. Por lo tanto, la primera política de un gobierno debe ser articularse con la sociedad civil y el sector empresarial para producir, administrar, distribuir y custodiar bienes públicos de calidad. Pues los tres actores aportan cada uno elementos distintivos a la generación de bienes públicos: el Estado suma escala, el sector empresarial calidad y las organizaciones sociales especificidad.
La ausencia de institucionalidad pública es otro aspecto determinante de inequidad, pues quienes más sufren esa carencia son los sectores que viven en la pobreza, aquellos que no tienen manera de impedir que los impactos de la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos, de la concentración de poder y abuso institucional, del asistencialismo (mezcla de asistencia con cinismo), del clientelismo, de la corrupción estructural y del delito organizado deterioren sus condiciones de vida. No hay pobreza cero sin corrupción y discrecionalidad cero. Para enfrentar la debilidad institucional deben implementarse las herramientas de la democracia participativa y formar ciudadanos capaces de reclamar la plena vigencia del estado de derecho, así como el empresariado debe asumir un activo rol de ciudadanía empresaria.
Otra característica de inequidad social es la falta de entramado social. Los sectores pobres tienen vínculos acotados a un entorno reducido, con relaciones en posición socioeconómica aislada y con limitados o nulos contactos con aquellos que facilitan el acceso a posibilidades de escalamiento social. La falta de vínculos de calidad atenta contra la consolidación de la movilidad social ascendente, expone a las personas a la falta de espacios de contención y las pone a la intemperie frente al abuso de poder, tanto de las instituciones públicas como de los poderes fácticos. El Estado debe generar las condiciones para que los espacios públicos y los bienes y servicios públicos sean los ámbitos de construcción de vínculos transversales en lo social y económico, como alguna vez lo fue el sistema de educación pública en América Latina, que por ejemplo forjó la clase media argentina.
La incapacidad que tienen los sectores vulnerables para organizarse colectivamente es otra de las causas que genera la inequidad que los somete a la pobreza. Poblaciones fragmentadas, víctimas del clientelismo político, incapaces de crear las condiciones de organización social para defender sus derechos, controlar la discrecionalidad de los gobernantes e incidir en la calidad de vida colectiva, están condenadas a ser objeto de asistencia de dirigentes que fracturan el entramado social. El Estado debe promover la formación cívica que brinde a la comunidad las capacidades para organizarse colectivamente desde un rol social de sujetos de cambio, capaces de definir la propia calidad de vida, incidir en la calidad de vida colectiva y acotar el poder discrecional de los dirigentes. Además, el Estado tiene que facilitar la formalización de las organizaciones sociales, modificando los actuales regímenes legal, fiscal y laboral que mantiene al 90 por ciento de las entidades en la informalidad, impidiendo el acceso a personería jurídica y a los requisitos formales necesarios para recibir donaciones.
El quinto aspecto de la inequidad se refiere a la negación de acceso a oportunidades. Las políticas públicas deben facilitar los medios para que los habitantes de una comunidad accedan de manera equitativa a las capacidades que aseguren estándares elevados de dignidad humana, garantizando los derechos humanos y los servicios públicos en estándares de calidad. Restablecer la calidad del sistema de educación público estatal en imprescindible pues la educación es la fuente primaria de acceso equitativo a oportunidades.
La situación descrita requiere que se luche contra la pobreza desarmando el sistema de inequidad, esto es, generando bienes públicos de calidad, estableciendo institucionalidad democrática, promoviendo la construcción de entramado social, asegurando la capacidad de organización colectiva y garantizando el acceso a oportunidades.
En 1965 la población mundial era de 3.300 millones de habitantes. Hoy asciende a 7.300 millones con una población que vive bajo la línea de pobreza cercana a los 4.000 millones. Es decir que la cantidad de pobres en el mundo es equivalente al incremento poblacional de los últimos cincuenta años, cifra que indica que pese a los millones de dólares invertidos en combatir la pobreza, no se ha logrado aumentar la población que goza de estándares de calidad de vida. Por lo tanto, solo se estará combatiendo la pobreza cuando los gobiernos dejen de encararla como problema de los pobres, para pasar a definir políticas públicas desde la perspectiva de la inequidad, que requiere abordarla como problema de los estados.
Este es un espacio de opinión. No compromete la posición de ¡Pacifista!
