Ecuador vive otro terremoto de envergadura. Pero esta vez no es un violento movimiento sísmico, si no un estallido social violentamente reprimido.
Este artículo es producto de la alianza entre ¡PACIFISTA! y DemocraciaAbierta. Lea el contenido original aquí.
Ecuador vive otro terremoto de envergadura. Pero esta vez no es un violento movimiento sísmico, si no un estallido social violentamente reprimido.
El país está atravesando por la ola de protestas más intensa de los últimos 12 años. La situación de protesta masiva en las calles ha alcanzado tal nivel de tensión que el presidente Lenín Moreno trasladó momentáneamente la sede del gobierno de la capital Quito a la ciudad de Guayaquil, protegida por un solo puente de acceso, fácil de controlar.
Ante la ola imparable de movilización social, Moreno ha adoptado el estado de excepción durante 60 días, y decretó el estado de sitio en Quito durante la huelga general de estos dos últimos días.
Además de múltiples detenciones ilegales, la mayoría en recintos policiales y militares, centenares de heridos, algunos de ellos graves, y hasta 7 muertos según algunas fuentes, la situación ha desbordado a las fuerzas de seguridad en demasiadas ocasiones.
Aunque desplegado, el ejército se mantiene expectante y deja a la policía actuar en medio de denuncias de que agentes infiltrados están aprovechando el caos y la violencia para alentar saqueos y así desacreditar las protestas como violentas y darle la razón al gobierno.
El malestar social viene de lejos y no es atribuible al actual gobierno en exclusiva. Pero la semana pasada, cuando Moreno anunció que eliminaría los subsidios adicionales a la gasolina y al diésel que estuvieron en vigor en Ecuador durante 40 años como parte de un “paquetazo” de medidas neoliberales, el malestar alcanzó un punto de ebullición.
Las medidas incluyen la precarización laboral y la eliminación de aranceles y fueron acordadas con el FMI para la activación de un urgente crédito multimillonario. Según el presidente, hay reducir el déficit fiscal del país de manera inmediata.
La eliminación de los subsidios generó un aumento del 123% en los precios de la gasolina, el galón de gasolina subió de US$ 1.85 a US$ 2.30 y el de diésel de US$ 1.03 a US $ 2.27. Moreno argumenta que la decisión ayudará a la economía además de combatir el contrabando de combustible. Pero los críticos de la medida del presidente dicen que su política de austeridad perjudicará la economía local al hacer que su transporte sea más del 100 por ciento más caro.
Las protestas también ganaron fuerza entre varios sectores sociales, especialmente las comunidades indígenas.
Como argumentó el politólogo Pablo Ospina, el subsidio al diésel era un elemento del sostenimiento de la competitividad de la producción ecuatoriana. Sin este incentivo, dice Ospina, los consumidores dependerán aún más de los productos importados, como los zapatos de Brasil, la carne peruana y la leche argentina.
¿Cómo empezaron las protestas?
Ante el anuncio de las medidas de Moreno, los gremios de taxistas y conductores de autobuses declararon una huelga, que duró solo unos pocos días. Pero la movilización de los sindicalistas atrajo el apoyo de estudiantes y de la oposición del gobierno, lo que provocó una ola de protestas sociales.
Pero las protestas también ganaron fuerza entre varios sectores sociales, especialmente las comunidades indígenas. Los miembros de las comunidades marcharon desde sus territorios hacia la capital para protestar y presionar al gobierno del presidente para que retire o renegocie varios de los ajustes económico y no elimine el subsidio estatal al combustible.
En los últimos días, miles de manifestantes salieron a las calles de Quito y otras ciudades, múltiples marchas de indígenas confluyeron en la capital, y cientos irrumpieron en los patios de la Asamblea Nacional el martes hasta ser desalojados por la policía. Los manifestantes exigen que el gobierno dé marcha atrás con el “paquetazo”, y en particular en su decisión de terminar con los subsidios al combustible.
Los aliados del gobierno, incluidos los principales medios de comunicación, están utilizando la resistencia de los indígenas para criminalizarlos y transformarlos en los reales responsables de esta crisis generalizada que está afectando a Ecuador. Se trata de una actitud abusiva y racista que alcanza dimensiones escandalosas.
Las fuerzas de seguridad, que con el gobierno del anterior presidente Correa se reforzaron y rearmaron considerablemente, están especialmente instruidas para impedir a los indígenas ingresar a varios lugares públicos. “Los tratan como si no fueran ciudadanos ecuatorianos, sino parte de una invasión extraterrestre”, dijo la activista ecuatoriana de derechos sociales Juana Francis Bone en una reunión de urgencia realizada el Martes (9) con varios miembros de la Red de Innovación Política en América Latina.
Además del refuerzo policial, que incluye exoesqueletos para los agentes, el actual gobierno puso en marcha un sistema de vigilancia, llamado ECU-911, fue fabricado en gran medida por dos empresas chinas, la estatal CEIEC y Huawei. El sistema cuenta con 4.700 cámaras instaladas por trabajadores chinos especialmente desplazados al país, como contó el New York Times, y que pueden ser utilizadas para identificar e incriminar a los manifestantes.
Correa y Venezuela
El factor Correa (ex presidente de Ecuador que tuvo a Moreno de vicepresidente) juega un rol importante en esta crisis. Al estallar la crisis, expresó fuertes críticas desde Bruselas, donde reside actualmente por razones familiares y para protegerse de la justicia ecuatoriana que lo acusa de corrupción. Correa apoyó fuertemente la candidatura de Moreno, a quien pensaba monitorear, lo que sin duda lo ayudó llegar a la presidencia en 2017.
Pero una vez en el poder, Moreno se distanció definitivamente de su antecesor lo que acabó en un enfrentamiento personal de alto voltaje en que Correa incluso tuiteó que Moreno era un “traidor”. En el mismo tweet, Correa dijo que Moreno “está acabado”, y afirmó apoyar nuevas elecciones. En los días siguientes, Correa afirmó que estaría dispuesto a presentarse como candidato.
A su vez, Moreno contraatacó, acusando a Correa de orquestar un golpe de Estado utilizando la movilización de algunos sectores sociales, especialmente los indígenas. Además, Moreno incluso dijo esta semana en un comunicado nacional que Correa está trabajando en colusión con Venezuela.
“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, dijo en un video. “¿Creen que es coincidencia que Correa, Patiño, y demás hayan viajado a Venezuela? (…) Desde allá están planeando este golpe de Estado”.
Ante la aplicación abusiva de la violencia policial contra grupos de manifestantes y contra periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación.
En realidad, Moreno manipula y exagera el rol de Correa o de Maduro en el levantamiento popular, y Correa aprovecha la virulencia de las protestas para cargar contra Moreno y recuperar parte del terreno perdido desde que salió del país rumbo a Europa.
Un papel para los medios independientes
Según el doctor en comunicación Pablo Escandón, que también participó en la citada reunión de urgencia, la base de apoyo de Moreno y su gobierno está constituida básicamente por los sectores empresariales y las grandes corporaciones mediáticas de Ecuador. Escandón sostiene que el ejecutivo no utilizó una estrategia coherente para comunicar sus medidas, generando así la reacción explosiva de la población.
Por lo tanto, los medios de comunicación, que tradicionalmente tienen en mente los intereses del gobierno, están desempeñando el papel de comunicadores entre el ejecutivo y la gente. Es ahí donde los medios alternativos entran en primer plano, dice Juana Francis Bone.
Ante la aplicación abusiva de la violencia policial contra grupos de manifestantes y contra periodistas (algunas fuentes afirman que ya hay 57 periodistas agredidos por la policía y 13 han sido encarcelados), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a expresó su preocupación.
Ante la situación confusa y falta de serenidad, el objetivo es reducir la tensión, evitar más víctimas, y avanzar en un diálogo efectivo. Todos los medios deben mantenerse fieles a los hechos y a los derechos democráticos. A los medios independientes les toca contrastar la información oficial y de los grandes medios al servicio de intereses espurios, y denunciar abusos, manipulaciones y mentiras.
En este momento crucial para el país, cuando proliferan todo tipo de desinformaciones en las redes sociales y se desatan operaciones de propaganda política a gran escala, es importante dar prioridad y voz a la gente.
