Existen tres retos urgentes en materia de víctimas: circunscripciones especiales, reforma de la Ley de 2011 y cumplir con lo acordado en La Habana.
En los últimos siete años, la agenda de las organizaciones de víctimas en Colombia ha girado en torno a la Ley 1448, también conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras. Sin esta norma sería imposible hablar sobre reparación para las 8’600.000 víctimas que están registradas ante el Gobierno. Tampoco sería posible pensar en devolverles las tierras a más de 100.000 familias que fueron despojadas de sus territorios por la violencia.
Hoy, en el Día Nacional de las Víctimas en Colombia, más que homenajes y actos de reconocimiento, las organizaciones de víctimas le están pidiendo al Estado que cumpla con sus promesas legales. La ambiciosa Ley de víctimas, como lo han advertido los entes de control, no se ha implementado de acuerdo a los cronogramas e incluso corre el riesgo de quedarse sin recursos. Según cifras del mismo Gobierno, por temas de ajustes fiscales, la inversión para la población desplazada se ha mantenido en un rango de 10 y 11 billones de pesos entre 2016 y 2018.
Las inversiones posteriores, si todo sale bien, aumentarían un billón de pesos cada año, dependiendo del contexto económico del país. Para las organizaciones de víctimas, la incertidumbre sobre los recursos podría causar nuevos incumplimientos. Como lo dice la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas en su último balance, “no existen partidas presupuestales adecuadas para el fortalecimiento organizativo de las víctimas (…) El plan de ejecución de la Ley de víctimas cuenta con pocos recursos para la implementación de medidas de carácter individual y colectivo, pues al ser de carácter integral conllevan una relación entre derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, territoriales y étnicos”.
Con el Acuerdo de Paz que firmó el gobierno con las Farc-Ep, se abrieron otros espacios de reparación para las víctimas. Uno de los puntos acordados tiene que ver con la participación política. Según el Acuerdo, este año el congreso tendría 16 curules reservadas para las víctimas provenientes de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Esta idea se quedó en el papel desde el año pasado cuando, por un voto, el Congreso hundió el proyecto de ley que creaba las curules para víctimas, también conocidas como circunscripciones especiales para la paz.
Además de la Ley de Víctimas y de las curules en el Congreso, las organizaciones de víctimas están esperando que el Gobierno cumpla con el punto 5 del Acuerdo de Paz con las Farc, el cual trata justamente sobre la reparación de víctimas. Del cumplimiento de este capítulo depende que funcione un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los actores del conflicto y revelar la verdad sobre cada episodio de guerra que afectó a la población.
Existen otras preguntas que en teoría deberían quedar resueltas con la implementación del Acuerdo de La Habana: ¿Dónde están las personas desaparecidas? ¿Quiénes desaparecieron a estas personas? ¿Cómo van a proteger a las víctimas del conflicto? ¿Cómo van a garantizar que la violencia no se repetirá? A través de entidades como la Unidad para la Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la JEP – todas creadas con el Acuerdo – avanzaría la reparación integral de las víctimas.
¿Promesas que se están quedando en el aire?
Aunque el Gobierno Nacional defiende su gestión señalando que ha cumplido con la inversión para la reparación integral de las víctimas, la cual asciende a 54 billones de pesos en 10 años, lo cierto es que existen obligaciones como el enfoque diferencial a la hora de reparar a las víctimas que el Estado no ha cumplido en su totalidad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las víctimas “han presentado más de 2.500 propuestas que implican un ajuste a la Ley 1448”. Para que el Estado cuente con un enfoque diferencial efectivo, es necesario que reconozca las particularidades de todos los casos. En 2017, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo atendió a 33.821 mujeres víctimas del conflicto, de las cuales el 68% necesitaba reparación integral enfocada en desplazamiento.
Según el senador Iván Cepeda, “es esencial una reforma en la Ley de Víctimas que permita, como primera medida, una reparación integral. La reforma también es necesaria para articularla al Acuerdo de Paz de La Habana”. No obstante, la idea de una reforma sigue en el papel y no hay ambiente en el congreso para sacarla adelante. Para Vladimir Rodríguez, coordinador del proyecto de víctimas del Centro de Memoria Histórica, “se necesita una reforma estructural de la Ley, principalmente en el tema fiscal, pues tal como se creó, la Ley terminaría de implementarse en 2021. Se necesita una prórroga y recursos para los años posteriores”.
Articular el Acuerdo de Paz con la Ley de Víctimas también sería útil para avanzar en la restitución de tierras. Según la Contraloría, por falta de coordinación existen 522 procesos de reparación colectiva que no se han solucionado. La Unidad de Restitución de Tierras, además, tiene cerca de 30.000 reclamaciones por la restitución de predios en 832 municipios. También serviría, dice Mercedes Ruiz, víctima de desaparición forzada, “para que el Estado reconozca a todas las víctimas por igual. Pareciera que hoy tiene víctimas de estrato 1, 2 y 3, restándole importancia a las que tienen personas desaparecidas”.
Por lo pronto, las víctimas esperan que el congreso reviva el proyecto de circunscripciones especiales antes de junio. Con el Día Nacional de Víctimas como coyuntura, el presidente del congreso, Efraín Cepeda, presentó el proyecto de las circunscripciones especiales. Para despejar las dudas del uribisimo sobre la posibilidad de que esas curules queden en manos del partido Farc, el proyecto de ley estableció que las únicas personas que podrán participar en las elecciones para estas curules deben estar inscritas en el Registro Único Nacional de Víctimas.
Si el congreso lo aprueba – y esto implica que el Centro Democrático avale el proyecto – el presidente convocaría unas elecciones atípicas este año para que, por primera vez en la historia, veamos a las víctimas con curules fijas en el congreso.
