Estas elecciones ya se han convertido en más violentas que las regionales de 2015 (cuando las Farc todavía no habían entregado sus armas). ¿Qué razones hay detrás de esta escalada de violencia electoral?

Estas elecciones ya son más violentas que las de hace cuatro años. Y eso que todavía no se celebran. Y eso que estamos en el llamado posacuerdo; después de que las Farc entregaran sus armas y dejaran de hacer control territorial en sus históricas zonas de influencia.

Son unas elecciones regionales que, a falta de mes y medio para que se celebren, llevan 116 hechos de violencia con 173 víctimas hasta la fecha: 20 homicidios, 17 atentados y 128 amenazas.

(El fin de semana, la violencia política cobró su última víctima: se trata de Bernardo Betancurt, candidato a la alcaldía de Tibú, Norte de Santander, por el Partido Conservador. El candidato habría sido abordado en la canoa que se movilizaba mientras hacía campaña en el corregimiento de La Gabarra y allí habría sido asesinado).

De seguir así, estas elecciones no solo se parecerán a cualquiera de las anteriores vividas durante la época anterior a la firma del Acuerdo de Paz; sino que posiblemente veamos un panorama mucho más terrible y violento, debido a la naturaleza del conflicto ahora que tiene tantos grupos en disputa.

¿Qué está pasando en las regiones para qué se hayan disparado los índices de violencia durante las campañas políticas?

Si bien no existe una única causa que explique la violencia electoral en todo el territorio nacional, si hay algunas razones que dan cuenta de esta escalada violenta. Todas ellas, supeditadas a las lógicas regionales propias de la larga historia del conflicto en nuestro país. Aquí se las explicamos:

Violencia ideológica

Esta fue (y sigue siendo) una de las características centrales –durante tantos años– en el conflicto armado en Colombia. Se trata del uso indiscriminado de ‘todas las formas de lucha’. Es decir, de la conjunción, en un país democrático, del uso de la violencia para promover o asentar ciertos intereses a uno u otro lado del espectro ideológico; junto con los mecanismos legales que dispone la democracia. Ese coctel fue el que en su momento sirvió de gasolina –para nombrar algunos casos concretos– dio pie para el exterminio de la UP: mientras los partidos políticos tradicionales a los que la UP les disputaba el poder competían con ellos en elecciones, paramilitares y agentes del Estado se encargaron de exterminar a sus miembros con asesinatos.

El sociólogo Alfredo Molano lo decía en una entrevista reciente con ¡Pacifista!: “aquí se usan los paramilitares y el ejército y se usan las vías democráticas, o sea las elecciones. Todas las formas de lucha. Y la guerrilla y la izquierda hacen lo mismo. La izquierda tiene, hoy día una guerrilla que está en el Congreso (las Farc) y una que está en el monte (el ELN). No son las mismas porque dividieron cobija, pero hay una electoral y una armada. Entonces eso de que la guerrilla ha usado la doble forma de lucha no ha sido exclusivo de la guerrilla. El Estado hace exactamente lo mismo. Y mientras el Estado lo haga, los otros lo hacen”.

Hoy en día, concluía Molano, están matando a la gente sistemáticamente: a los que han entregado armas, a los que reclaman tierras, a los que simplemente tienen votos y hay gente a la que no le gustan esos nuevos actores. “Eso es una forma de reprimir y también de actividad política. Actividad política cruel, asquerosa, sangrienta, pero actividad política”, finalizaba Molano.

Para evitar que esta práctica siguiera desangrando los liderazgos locales, el Acuerdo de paz dispuso de un mecanismo para frenar este oscuro coctel entre política y armas: el Pacto Político Nacional. Este pacto debía “ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política”. El pasado 26 de agosto los distintos partidos políticos firmaron, junto con el Gobierno nacional, un Pacto por la cultura política y la no violencia en campaña electoral. (Fue cuando se dio el apretón de manos entre Timochenko e Iván Duque). Sin embargo, este pacto entre las distintas fuerzas políticas no ha logrado frenar en las regiones la violencia que día a día sigue cobrando su cuota de muertos.

El costo de la democracia

Para el analista Ariel Ávila una de las razones por las que la violencia política se ha perpetuado tiene que ver con el costo de la democracia. Según Ávila, la democracia en el mundo y, sobre todo, en Colombia tiene un problema de cimientos y es muy costosa. “Cuando se compite en una democracia como la colombiana, se compite con plata, con violencia y con corrupción”, dice él. Y hasta que no resolvamos esta falla de origen, vamos a seguir viendo en las campañas recursos del narcotráfico, violencia política y uso ilegal de recursos públicos.

Pero ¿cómo se expresa esto en la violencia electoral?

La respuesta es que los altos niveles de incertidumbre electoral llevan a que los candidatos recurran a la violencia y busquen financiación de grupos ilegales para sostener el ritmo económico de una campaña. “Esto lo que significa es que en nuestro país ocurre lo contrario de lo que sostiene la teoría gringa sobre las democracias, en donde el mayor número de candidatos y los niveles altos de competencia se traducen en una mejoría de la democracia” dice el analista de la Fundación Pares.

Si las campañas son caras –en un contexto de polarización– los políticos pueden preferir la descalificación del oponente; descalificación que se puede traducir, a su vez, en amenazas o intimidaciones.

Según Gonzalo Sánchez, quien fuera durante siete años director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) “las ilegalidades se volvieron rentables y el Estado no está en capacidad de neutralizarlas. Romper los círculos de repetición es muy difícil”.

La Fundación Pares publicó un informe sobre violencia política a mitad de año y, de los casos de violencia reportados y analizados hasta entonces, no se tenía todavía claro quiénes eran los responsables de los crímenes. La violencia política sale barata en términos de impunidad. Quienes están detrás de los crímenes, quienes dan la orden, se sienten protegidos por los altos índices de impunidad.

Finalmente, Sánchez aseguraba en su momento que la violencia política no es algo necesariamente irracional: “¿Qué es más rentable? ¿Amenazar al enemigo?, ¿aceptarle plata a un narco?, ¿confiar en el Estado?”.

Sur del país (y vacío de poder tras desarme de las Farc)

Muchos analistas, entre ellos organizaciones  dedicadas al estudio el conflicto armado en Colombia y la defensa por los Derechos Humanos (incluidas la ONU y la OEA), advirtieron que había un gran riesgo que podría traer el posacuerdo a los territorios que dominaba la exguerrilla de las Farc: que el Estado no copara esos territorios y otros grupos armados aprovecharan la ausencia de las Farc y el Estado para establecer dominios criminales y violentos. 

Pues, efectivamente, eso ha ocurrido en muchos de los territorios que por su ubicación geográfica o sus “rentas” ilegales han sido atractivos para los grupos armados. El caso más representativo ha sido el del Cauca. Un territorio históricamente dominado por las Farc, que este año ha vivido épocas de violencia que recuerda sus peores años. 

Durante los años inmediatamente anteriores al Acuerdo de paz (2012, 2013 y 2014) las Farc tenían una presencia promedio de 242 municipios en todo el país, y se estima que controlaba o tenía influencia sobre 61 millones de hectáreas en total, según los investigadores Carlos Duarte y Dayver Betancourt. 

De todos estos municipios, como explican los investigadores, las zonas de control se ubicaban fundamentalmente en todo en el sur del país, y la cordillera oriental de los Andes. El motivo responde a la estrategia militar implementada por las Farc, que consistía según los investigadores en: “crear nuevos frentes de guerra sobre el eje de la cordillera oriental, consolidando una retaguardia nacional en torno al Bloque Sur, y así dividir el país en dos para consolidar la insurrección en dirección norte.” 

Esto evidenciaba el control de la exguerrilla por los territorios que van desde Cauca, Putumayo y Caquetá hasta territorios ubicados sobre la cordillera oriental como Meta, Casanare y Arauca. Sumándole a estos los territorios del sur, incluido el Pacífico y el Amazonas. Todos ellos hoy vulnerables y afectados por la violencia que se escala desde hace más de un año. 

El viernes, en el Putumayo se reportó, según la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la matanza de 3 campesinos en Puerto Guzmán. Hechos que corresponderían, según información de la organización y algunos pobladores, a la incursión de aproximadamente 100 hombres que se autodenominan “las guerrillas de Sinaloa”. De la misma forma violenta este grupo dedicado al narcotráfico ha estado copando los territorios del Pacífico -antes ocupados por las Farc, como Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca-en los cuales han masacrado decenas de líderes sociales, guardias indígenas y defensores de DDHH. (Departamentos que igualmente registran hoy índices críticos de violencia electoral, como ocurre con el Valle, en donde han asesinado a cinco candidatos por las elecciones de octubre y han atentado contra otros cuatro).  

La violencia generalizada que afecta la zona sur del país, pone hoy en riesgo el normal transcurso de las elecciones y del proselitismo político de los líderes políticos. Una fuente reservada, que habló con ¡Pacifista!, contó cómo en los municipios del Cauca las disidencias de las Farc han presionado a los candidatos exigiéndoles sumas altas de dinero (30, 40 o 50 millones de pesos), los han intimidado en reuniones con sus comandantes e, incluso, han atentado contra sus vidas, como ocurrió con Karina en Suárez.

Bajo cauca y Norte de Santander (otros grupos criminales copan los territorios)

Otro territorio de disputa es el Norte del Santander, que ha vivido “múltiples guerras” desde el inicio del Proceso de Paz. Una de ellas, la cruenta guerra que ha enfrentado desde hace dos años al ELN y al EPL en un intento por apoderarse de los territorios dejados por las Farc. Eso ha devenido en más de 800 desplazados en el Catatumbo por los enfrentamientos. También, en asesinatos selectivos que tiene la zona como una de las más violentas contra líderes sociales y, entre los cuales se reportó el asesinato en Tibú de un candidato a la alcaldía que había sido avalado por el Partido Conservador. 

En esos territorios, principalmente al norte de Norte de Santander, se han dado fuertes enfrentamientos que incluso hasta hoy se han mantenido en algunas zonas, como el Catatumbo. Aunque, en territorios históricamente afectados como la Gabarra en Tibú, donde asesinaron Bernardo Betancurt, el candidato del partido Conservador, muchos pobladores sienten que las cosas han estado tranquilas los últimos meses. 

Otro territorio que ha vivido esta disputa en un nivel muy violento de confrontación es Antioquia, específicamente en la zona del Bajo Cauca, del Norte y el Nordeste antioqueño, así como en Uraba. Lo más crítico, se ha visto desde principios de este año en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá. Ariel Ávila, subdirector de Pares, ha denominado como una “especie de guerra civil” entre cientos de hombres del Clan del Golfo que luchan por mantener el control frente al grupo de los Caparrapos y que hoy disputan en alianza con ELN y otras pandillas de narcotraficantes sobrantes como los Rastrojos. 

La situación de violencia tiene en medio siempre a los pobladores que intentan llevar una vida normal en medio de tanta muerte y abandono. Numerosas alertas tempranas ha publicado la Defensoría del Pueblo en las cuales ha advertido a los ministerios de Defensa e Interior, sobre la crítica situación que viven los habitantes de estas zonas. Sin embargo, ha sido muy bajo el nivel de control que tiene el Gobierno sobre estas guerras. 

Clanes políticos con miedo a nuevos liderazgos 

La Fundación Pares ha denunciado, en medio de esta disputa que se vive en Antioquia y sus límites con Córdoba, la presunta vinculación de algunas de las campañas políticas con estos grupos de narcoparamilitares que han buscado cooptar las instituciones del Estado para facilitar su empresa del narcotráfico. Asimismo, en casi todos los departamentos del país como son los del centro, por ejemplo Tolima; los del norte, como Santander, Magdalena y La Guajira, así como casi todos en el Pacífico. 

Entre algunos de ellos, y a propósito de estos conflictos en el Bajo Cauca, se encuentran José Nadin Arabia, candidato quien se inscribió con firmas por la Alcaldía de Caucasia, en el Bajo Cauca, quien está siendo investigado por presunto relacionamiento con paramilitares como Macaco. Y que ha llamado la atención de organizaciones como Pares, pues esas vinculaciones tendrían relación con varios de los crímenes que han buscado mitigar y silenciar tanto los liderazgos alternativos en la región. Al señor Nadin la Fiscalía lo investiga en este momento por peculado, prevaricato y concierto para delinquir. Y la Fundación Pares señala que dentro de estos procesos se encuentra uno por su posible vinculación con el asesinato de un periodista y activista político en Caucasia en el 2015.

Aunque ¡Pacifista! ha contado que la violencia electoral en el país es generalizada y responde a dinámicas propias de cada región (incluso de cada municipio), más que a la persecución contra un espectro ideológico específico en todo el país; podríamos decir que, es cierto que en muchos casos, como ha señalado la Misión de Observación Electoral (MOE), las candidaturas que compiten contra clanes políticos hegemónicos en algunas regiones han sufrido más fuertemente actos victimizantes como amenazas y atentados. Eso podría explicar que los candidatos víctimas, en algunos casos, representan candidaturas alternativas o nuevas en el mapa político de las regiones. Por ejemplo, el caso de La Guajira, en donde se han amenazado todos los candidatos de la oposición y de la coalición de Gobierno, que amenazan a los políticos tradicionales.